Carlos Arturo Romero Arreola
Expediente 44/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/04/2023
Partes del expediente
- Carlos Arturo Romero Arreola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe de la autoridad responsable sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo, las partes no realizaron manifestaciones al respecto y ya trascurrió el plazo otorgado para tal efecto, como se advierte de la certificación de cuenta; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Así, por sentencia dictada el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 32 a 40), para los efectos siguientes: ".a) Realice las gestiones necesarias para instruir al actuario de su adscripción para que de inmediato proceda al emplazamiento de la parte demandada." En atención a ello, la responsable informó y remitió copias certificadas de las razones actuariales del veinticuatro y veinticinco de enero del presente año, constancias con las que acreditó haber emplazado a la parte demandada en el juicio laboral de origen, los cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos; se advierte que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, pues se cumplieron los efectos de la sentencia de amparo en sus términos, sin excesos ni defectos. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas. DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se declara que el presente expediente carece de relevancia documental; por tanto, en acatamiento del artículo 18, fracción I, inciso b), del invocado acuerdo general, así como el diverso 7.1.1, ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de depuración, al haberse concedido la protección constitucional. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual exhibe un constancia con la que refiere dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto. VISTA CON CUMPLIMIENTO En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias recibidas y las que obran en autos con la finalidad de cumplir el fallo protector, para que dentro del término de tres días hábiles, manifiesten lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; por tanto, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Por lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le practique la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: "a) Realice las gestiones necesarias para instruir al actuario de su adscripción para que de inmediato proceda al emplazamiento de la parte demandada." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con los artículos 192 y 258 de la ley de amparo. En el entendido, que en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 44/2023-II-A; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito recibido el doce de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, recibido en este Juzgado el veinticinco siguiente, Carlos Arturo Romero Arreola, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Seguido el trámite correspondiente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse actos omisivos que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama: La omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 796/2022, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado (foja 19), lo cual constituye una confesión expresa. La certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias exhibidas por las autoridades responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa en el numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia; además, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Estudio de fondo. Tanto las consideraciones en que se sustenta del acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con la clave 2a./J. 58/2010, en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa manifestó en su demanda que se transgrede lo previsto en el artículo 17 constitucional en concatenación con el diverso 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ya que la autoridad responsable ha sido omisa en emplazar a la demandada en el juicio laboral 796/2022. Analizado tal planteamiento, lo procedente es conceder la protección constitucional en el presente juicio de amparo indirecto; al resultar parcialmente fundados sus conceptos de violación y principalmente en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el presente asunto en materia laboral, quien promueve el amparo es la parte trabajadora. En ese orden de ideas, previamente conviene destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]". De la transcripción anterior se advierte que el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, que en su acepción más amplia implica la prerrogativa de los particulares a una administración de justicia con la característica de prontitud a favor de los gobernados, a través de los principios siguientes: Justicia pronta: se traducen en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establecen las leyes. Justicia completa: consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le aseguren la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial: significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita: estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el tema de acceso a la justicia, postulado que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se garantiza a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental a los fines siguientes: 1) lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable; 2) que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan; 3) que las condiciones o presupuestos procesales que establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución; y, 4) tomar en cuenta entre otras circunstancias la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J.113/2001 publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, septiembre de 2001, materia constitucional de rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Por tanto, todo gobernado tiene derecho a que una autoridad judicial le administre justicia dentro del término de ley. Ahora, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México en el numeral 229, prevé lo siguiente: "Artículo 229. El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda.". De la transcripción anterior en lo que interesa se obtiene que el tribunal o la Sala en caso de que no exista alguna prevención que subsanar por el parte promovente, en el término de tres días la tendrá por ratificada, luego admitida la demanda se correrá traslado para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, y que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo. Por ende, los tribunales laborales están obligados a emitir sus acuerdos dentro del plazo establecido por la ley. Las anteriores consideraciones, aplicadas al caso, sirven de base para establecer que debe concederse el amparo, porque se vulneró el derecho fundamental de acceso a la justicia en agravio de la parte quejosa, porque a la fecha de presentación de la demanda de amparo (doce de enero de dos mil veintitrés), que dio origen al presente sumario, había transcurrido en exceso el plazo señalado por la ley laboral para emplazar a la demandada dentro del expediente laboral, porque desde el uno de septiembre de dos mil veintidós (foja 20), que se ordenó el emplazamiento no se ha diligenciado, ni se ha expuesto la imposibilidad legal y jurídica para tal efecto. De donde se concluye que si hay una paralización del procedimiento que violenta los derechos fundamentales de la quejosa al prolongarse indebidamente y retardar dicho emplazamiento. En efecto, es inconcuso que la autoridad responsable ha excedido el término previsto en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, en cuanto a que no se ha pronunciado al respecto. Por tanto, resulta indiscutible que el comportamiento asumido por la autoridad a quien se le reclama, resulta violatorio del derecho humano de quien accede al amparo, porque al no realizarse el emplazamiento a juicio de la parte demandada, incidió en la esfera jurídica de la parte quejosa de manera irreparable, en consecuencia la trasgresión en estudio no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. Sin que sea óbice que la irregularidad de emitir el acuerdo correspondiente, en su caso, a las cargas de trabajo excesivas que imperan en esa junta, porque de acuerdo con nuestro sistema constitucional, la función jurisdiccional en materia laboral tiene su origen en la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, estableciendo que compete a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la aplicación de las leyes del trabajo, fundamentalmente, conocer de los juicios por diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, a través de la función jurisdiccional que les corresponde llevar a cabo, mediante la realización de los actos procesales necesarios que culminan con el pronunciamiento del laudo que dirime en definitiva la controversia planteada, con la concurrencia de otros funcionarios, entre los que se encuentran los auxiliares, que dependen jerárquicamente de aquellos órganos colegiados. De ahí que se impone a los tribunales estatales la obligación de tomar las medidas necesarias para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez, así como ordenar que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso. Con base en las anteriores consideraciones, es que procede conceder la protección constitucional a la parte quejosa. Efectos de la concesión del amparo. Los efectos del amparo serán que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (autoridad responsable) actúe en el sentido de respetar el derecho de impartición de justicia pronta y expedita violado, ajustando su actuación al espectro de protección siguiente: a) Realice las gestiones necesarias para instruir al actuario de su adscripción para que de inmediato proceda al emplazamiento de la parte demandada. En el entendido que la sentencia de amparo quedara cumplida si se logra el emplazamiento de los demandados o si se manifiesta la imposibilidad legal y no atribuible a la responsable para lograr dicho emplazamiento. Apoya a lo anterior la tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Arturo Romero Arreola, respecto del acto reclamado y autoridad responsable indicada en la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Laura Gabriela Serrano de la Cruz, secretaria que autoriza y da fe.
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