CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ REYES y otros
Expediente 435/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ REYES y otros
Actuaciones
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: el auto y/o resolución que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por ***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Tetela del Volcán, Morelos y otras autoridades. Del representante común. En el mismo orden, y toda vez que los quejosos no señalaron representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional tiene con el carácter de representante común a *************************************, lo anterior, sin perjuicio de que pueda ser sustituido por los quejosos. Registro de la demanda. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 435/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridad responsable. Presidente Municipal de Tetela del Volcán, Morelos. Síndica Municipal del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos. Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos. Regidor de Educación, Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos. Regidora de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos. Secretario Municipal de Tetela del Volcán, Morelos. Tesorera Municipal de Tetela del Volcán, Morelos. Contralora Municipal de Tetela del Volcán, Morelos. Director de Seguridad Pública del Municipio de Tetela del Volcán Morelos. Dalia Esmeralda González Pérez, Asesora de la Sindica Municipal. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda se advierte que los quejosos reclaman la sesión extraordinaria de cabildo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en el que entre otras cosas se dio de baja a los impetrantes de garantías, de los puestos que ostentaban dentro del Ayuntamiento del municipio de Tetela del Volcán, Morelos. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos precedentes, estableció que por "motivo manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que el "motivo indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Lo anterior es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, lo procedente es desechar la demanda de amparo intentada, por cuanto al acto señalado, acorde con las consideraciones que a continuación se vierten. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la sesión extraordinaria de cabildo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en el que entre otras cosas se dio de baja a los impetrantes de garantías, de los puestos que ostentaban dentro del Ayuntamiento del municipio de Tetela del Volcán, Morelos. En ese sentido, el acto de que se duelen los promoventes, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación, como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, entre el Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos y los quejosos; relación que difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado. Por lo que, en el presente, las autoridades responsables, no actúan con potestad de imperio en el acto que reclama la parte solicitante de amparo, puesto que, no puede considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que actúan en representación de quien, a su vez, resulta ser el patrón del quejoso, a saber, el propio Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos; de ahí que, el reclamo debiera hacerse en una instancia ordinaria. Luego, es evidente que entre la parte trabajadora y dicho ente municipal, subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existente, por ende, nos encontramos ante "una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno- gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional. Ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conforme al artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues, como se dijo, entre ellos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes. Esto es así, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Criterio que se afirma como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VIII, página 223, diciembre de 1991, del rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO DERIVA DE UNA AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS." Asimismo, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En ese mismo orden de ideas, no obstante que los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5°, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues, lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales y, por tanto, podrá hacerlos valer en la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, página 12, del tenor siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. NO PUEDEN SER OBJETO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, QUE SE HA INSTITUIDO PARA COMBATIR LOS DE LAS AUTORIDADES QUE SE ESTIMEN VIOLATORIOS DE LA CONSTITUCIÓN." Apoya la presente determinación, por identidad de razón, en la tesis PC.III.L. J/5 L (10a), visible en la página 1224, del libro 11, del mes de Octubre de dos mil catorce, tomo dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Sin que lo anterior, implique el desconocimiento el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 929, Libro X, julio de dos mil doce, Tomo 2, materia común, correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.". Toda vez que la propia Segunda Sala, mediante resolución de dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró el rubro de la misma, señalando que lo que se pretendió reflejar de manera concreta y abstracta en la citada tesis, fue que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo por el cual se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de la autoridad para efectos del juicio de amparo. De la referida solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, se aclaró la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a las diez horas con diecisiete minutos en el Semanario Judicial de la Federación, para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Por tanto, el caso que nos ocupa, no encuadra en la hipótesis de aplicación de la referida jurisprudencia, ya que ésta sólo es aplicable en aquellos casos en los que se reclame el acuerdo por el cual se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas. Además, debe decirse que sería ocioso dar trámite a una demanda de amparo, de la cual resulta evidente su sobreseimiento, con el único fin de plasmar el mismo razonamiento en la sentencia definitiva, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios, pues es claro que los actos que impugna carecen de las características de un acto de autoridad que haga procedente el análisis de su constitucionalidad o inconstitucionalidad a través del presente juicio de amparo. Máxime que de estimar lo contrario, traería como consecuencia proveer sobre la suspensión del acto reclamado, y, en caso de concederse la misma, se puede dar el supuesto de paralizar los efectos y consecuencias del acto reclamado hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, quedando ésta sujeta a las obligaciones, así como a las medidas de apremio que le impone la ley de la materia, en caso de desacato, siendo que, en la especie, el acto reclamado analizado en este apartado no lo es para efectos del amparo. Conclusión. En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto el domicilio o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificarán por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizado facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con facultades amplias al profesionista Antonio Gómez Hernández, en razón de que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "A- SE DESECHA DEMANDA NO SON ACTOS DE AUTORIDAD", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V- QUEDA FIRME AUTO DE DESECHAMIENTO DE DEMANDA para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: el auto y/o resolución que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Delegado de Programas para el Desarrollo en Morelos, mediante el cual refiere que no cuenta con ningún comprobante de vacunación correspondiente al menor quejoso interviniente en el presente juicio de amparo. Al respecto, se tiene por colmado el requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito el trece de marzo de la presente anualidad, por lo que se deja sin efectos la medida de apremio con que se le conminó. En ese sentido, resulta importante indicar que de autos se aprecia que mediante autos de veintiuno de febrero y uno de marzo, ambos de la presente anualidad, se requirió a la parte quejosa para que por conducto de sus representantes, o su asesor jurídico, informaran a este este juzgado, si tal infante asistió o no, a la hora y fecha indicada para que fuera inoculado, y en caso afirmativo, exhibieran "con efectos devolutivos", el comprobante de vacunación correspondiente; y en caso, de ya contar con el esquema completo de vacunación (dos dosis), lo hicieran del conocimiento de este órgano jurisdiccional, o bien, informaran la imposibilidad que le asistió para tal efecto. Sin que a la data, se tenga conocimiento de tales circunstancias, no obstante de que se encuentra debidamente notificados de dichos requerimientos. Se requiere a la parte quejosa. Atento a lo anterior, requiérase por ultima ocasión a los representantes de la parte quejosa ***, así como a su asesor jurídico, para que dentro del término de tres días siguientes al en que tengan conocimiento de la presente determinación, informen a este Juzgado de Distrito si el menor de iniciales *** ya cuenta con el esquema completo de vacunación (dos dosis) del biológico Pfizer-BioNtech, contra el virus SARS-COV-2, debiendo exhibir el original "con efecto devolutivo", del comprobante de vacunación correspondiente, o en su defecto, copia simple. En ese sentido, se precisa que en caso de no haber sido inoculada, se le requiere para que en dicho plazo informe a este juzgado si existe alguna imposibilidad que le asista a dicho infante a efecto de que se constituya ante la autoridad responsable a fin de recibir la citada vacunación. Apercibimiento a la parte quejosa En el entendido que de no hacer manifestación alguna, se les tendrá por desinteresados y este juzgado previa vista que se le otorgue, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo fue guardado en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el nombre: "SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA EXHIBA COMPROBANTES DE VACUNACIÓN." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, así como al asesor jurídico.
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