Carlos Arturo Perales Moreno

Expediente 2232/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2232/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Arturo Perales Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta; agréguense a los autos sin mayor trámite la intervención ministerial 489/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano judicial, en virtud de que se presentaron con posterioridad a la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se programó y se celebró a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Lucero de León Guevara, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 2232/2023-II, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con asiento en esta ciudad, que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, y el dieciséis de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; no se tuvo a persona alguna con el carácter de tercero interesado; se dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama actos negativos de una autoridad circunscrita a la jurisdicción de este juzgado, y cuya demanda se presentó en esta localidad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que el acto materia de estudio consiste en: Autoridad responsable Acto reclamado Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. La omisión de acordar la promoción presentada el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral 753/5/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia. Las causas de improcedencia son de orden público, por lo que deben ser analizadas previamente al estudio de fondo del asunto, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del último párrafo del numeral 62 de la Ley de Amparo. En el caso, quien esto resuelve no advierte de oficio alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, así como tampoco fue invocada una por las partes; por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo. Se procede al examen de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 164618), bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los conceptos de violación son fundados por las razones que a continuación se expresan. En el caso, se trata de una conducta omisiva, que se traduce en no acordar la promoción exhibida por la parte aquí quejosa el cuarto de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral 753/5/2018, del índice de la prenombrada autoridad responsable; en tal virtud, los derechos contemplados en dichos numerales no son aplicables en la especie y, por consiguiente, el punto de inconformidad que formuló el accionante resulta inexacto. Por tal motivo, el examen de los conceptos de violación se efectuará sólo a la luz de lo que dispone el citado artículo 17 Constitucional, que no obstante que no se aduce vulnerado, y sólo señala los diversos 14 y 16, su análisis se realiza en suplencia del error en la cita de dichos preceptos, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Federal, segundo párrafo, establece: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" Por su parte, los diversos numerales 685 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. ..." "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en las que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." De los preceptos antes citados, se desprende que, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 17 constitucional, las autoridades encargadas de impartir justicia tienen la obligación, al emitir sus determinaciones, en ceñirse a los plazos y términos previstos en la ley, sin excepción alguna. Por su parte, de los diversos numerales 685 y 838 de la Ley Federal del trabajo se señalan los términos a los que deben sujetarse las actuaciones de las juntas de conciliación y arbitraje en los procedimientos laborales; así, en lo que interesa, establecen que las Juntas dictarán sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. En la especie, la parte quejosa presentó escrito ante la junta responsable el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, sin que a la fecha dicha autoridad haya acordado lo correspondiente al referido escrito. En ese orden de ideas, de los preceptos legales antes transcritos, se colige que es claro que la Junta responsable se encuentra obligada a acordar sobre la promoción de la quejosa, pues como lo dispone el citado artículo 838 de la ley laboral, la contestación a los escritos presentados por las partes en el procedimiento laboral deben producirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquella en la que se hayan recibido, lo que, como se asentó, en la especie no acontece, máxime que al rendir su informe justificado la responsable de mérito deja en evidencia la violación de que es objeto la parte quejosa. Dicho lo anterior, es claro que la junta laboral en comento incurre en exceso de demora en acordar lo conducente a la promoción a que se ha venido haciendo referencia, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo [trece de octubre de dos mil veintitrés], ha transcurrido un tiempo considerable sin que la promoción haya sido acordada, lo que conduce al conocimiento de que existe un notable retardo por parte de la junta responsable en proveer lo procedente en derecho respecto del ocurso presentado por la parte quejosa dentro del juicio natural. Sin que el hecho de que la Junta responsable haya expresado en su informe justificado los motivos por los que no ha emitido el acuerdo correspondiente al ocurso de referencia, implique una justificación a la violación de la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. Pues debe decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para acordar el ocurso cuya omisión se reclama. Así, el hecho de que la junta responsable en su informe justificado refiera que cuenta con una carga excesiva de trabajo, ello no justifica que incumpla con su responsabilidad de administrar justicia en los plazos y términos que fije la Ley del Trabajo, además de que a quien esto resuelve no corresponde conocer de tales hechos, sino que, en todo caso, debe manifestarlo ante las instancias correspondientes a fin de que estas tomen las medidas pertinentes para atender el reclamo de los ciudadanos que ocurren en demanda de justicia laboral ante las juntas, para que se realicen los estudios respectivos que solucionen los problemas de exceso de trabajo y falta de recursos humanos que en un momento dado pueda aducir. Apoya lo considerado, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, donde aparecen como datos de publicación, la página 1283, del Tomo XXII, relativo a Septiembre de 2005, Novena Época, registro 177266, Materia Laboral, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En las relatadas circunstancias y con la finalidad de evitar que el procedimiento natural se continúe retardando injustificadamente, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Carlos Arturo Perales Moreno, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, el amparo que se concede es para el efecto que la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Emita, con libertad de jurisdicción, el acuerdo correspondiente a la promoción presentada el cuatro de septiembre dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 753/5/2018, de su estadística. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se:R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos señalados en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Lucero de León Guevara, Secretaria que autoriza y da fe.WAFA

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el informe previo rendido (por duplicado) por la autoridad responsable Encargado de la Policía Ministerial del Estado y Policía Estatal Investigadora, con sede en Río Bravo, Tamaulipas. Lo anterior, se ordena agregar a los autos sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de dieciocho de septiembre del presente año, se llevó a cabo la audiencia interlocutoria, y se emitió la resolución correspondiente. Notifíquese. ...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 13,278 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano