Carlos Arturo Martínez Suárez

Expediente 556/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
556/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Carlos Arturo Martínez Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el uno de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Carlos Arturo Martínez Suárez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 556/2022-10, promovido por *********, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 123, apartado b, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el ocho de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el doce siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho del mismo mes, ********* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 El auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio contencioso administrativo 562/21-26-01-5. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 556/2022-10; se ordenó requerir a la autoridad responsable rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO. El veintiuno de abril de dos mil veintidós, se emplazó a juicio al Delegado Estatal de Tabasco, del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por Conducto del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, de la Subdelegación de Prestaciones, tercero interesado, por medio de oficio. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio contencioso administrativo 562/21-26-01-5, del índice de la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable en el informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió del precitado expediente, en donde obra la resolución de mérito. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, del siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Al respecto, esta juzgadora considera que se actualiza una causa de improcedencia en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV de la Ley de Amparo. Efectivamente, el primero de los numerales citados prevé en la fracción XXIII: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Por su parte, el ordinal 107 dispone en la fracción IV: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.... Sobre el particular, el numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye lo siguiente en su fracción III: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Máximo Tribunal del País refirió que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, en dos de sus fracciones precisa el alcance de la expresión actos de imposible reparación. Estableció que, la primera de ellas -fracción III- está dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En tanto que la segunda -fracción V-, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones, afirmó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Con base en ello, consideró que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que, adujo, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Asimismo, al resolver la contradicción de tesis 343/2018, el Máximo Tribunal del país sostuvo que, los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Por ello, estableció que esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio, refirió que los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, por considerar que están relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: El que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; o, Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien, El archivo del expediente. En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que: El veinte de agosto de dos mil veintiuno (fojas 57 a 74 del tomo de pruebas), dictó sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo 562/21-26-01-5 de su índice, en el que se determinó lo siguiente: . Por lo anteriormente expuesto, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de CONDENAR a la autoridad demandada a que una vez que la presente sentencia quede firme, proceda a restituir los derechos, de los que fue privada la parte actora; esto es, reintegre las cantidades que correspondan por las deducciones realizadas por los conceptos de compatibilidad, en la liquidación de pago previa incorporación a nómina desde que le fue otorgada su pensión por jubilación número 1801867, así como las que siguió realizando hasta la fecha; debiendo realizar los incrementos que correspondan; asimismo, deberá continuar pagándole íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, absteniéndose de aplicar con respecto a ellas, lo establecido en la norma declarada como violatoria de la garantía de seguridad social y del principio de seguridad social, por los criterios jurisprudenciales citados en este fallo. [.] Sin embargo, es de precisar que cuando el Instituto omite dar cumplimiento a la normativa aplicable que un pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, el mencionado Instituto quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción ll, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia de la ley por parte de esa dependencia conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente.. El doce de enero de dos mil veintidós (foja 79 del tomo de pruebas) se declaró firme la precitada determinación. Mediante oficio de ocho de marzo de dos mil veintidós (fojas 101 a 103 del tomo de pruebas), la dependencia demandada emitió la resolución relativa en cumplimiento de la aludida sentencia. En proveído de quince de marzo de dos mil veintidós (foja 108 del tomo de pruebas), se dio vista a la parte actora con la resolución precitada. Por escrito de quince de marzo de dos mil veintidós (fojas 112 a 115 del tomo de pruebas), la parte actora desahogó la aludida vista. En auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós (foja 126 del tomo de pruebas), la autoridad responsable acordó el escrito de mérito en los términos siguientes: En ese contexto, se puede advertir que el auto reclamado fue dictado en la fase de ejecución de sentencia, sin embargo no se trata del último acto judicial de ejecución, ya que por virtud del mismo no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo emitido en el juicio natural; tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien, ordena el archivo del expediente. Tampoco puede considerarse como acto de imposible reparación porque, depende de que llegue o no a trascender en la resolución que dicte la autoridad responsable en relación a si está o no cumplida la sentencia de que se trata, en donde realizará el análisis correspondiente. Por las anteriores consideraciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, de la Ley de Amparo; por ende, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, en términos del numeral 63 fracción V, del referido ordenamiento jurídico. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercero interesada, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *********, en contra del acto reclamado y autoridad precisada en el resultando primero; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    mes 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del juicio contencioso administrativo 562/2021 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de la constancia remitida por la autoridad responsable, manéjense ésta por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en representación del Delegado Estatal de dicho Instituto, con residencia en esta ciudad, con el cual se apersona al presente juicio de amparo en su carácter de tercero interesado. Asimismo, téngasele realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto; sin perjuicio de hacer nueva relación de los mismos en la audiencia constitucional respectiva, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. De igual manera, señalando como domicilio, para oír y recibir notificaciones el que menciona en la comunicación de cuenta, el cual conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, inciso b), y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, deberán realizarse por oficio y en el domicilio oficial de la misma, sin que sea óbice que tenga el carácter de tercero interesado en el presente sumario, ya que así lo indican expresamente los aludidos numerales. Finalmente, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que éstos no cuentan con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese.

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