Carlos Arturo Hernández Guerrero

Expediente 557/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
557/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
06/07/2016

Partes del expediente

  • Carlos Arturo Hernández Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que ha causado estado dicho proveído... Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo...

  2. Principal

    Visto el estado de autos... se tiene por no presentada la demanda de amparo...

  3. Principal

    Vista la demanda de cuenta, promovida por Carlos Arturo Hernández Guerrero, contra acto(s) de(l) Jefe de Gobierno de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 557/2016. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juzgado debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que el quejoso esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al promovente del amparo para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, subsane las deficiencias en que incurrió, pues la demanda es ambigua, por ende, oscura a efecto de integrar correctamente la litis. En efecto, los términos en que está redactada la demanda no permiten establecer los actos reclamados por el quejoso ni las autoridades a las que se los atribuyó. Así se considera, porque en el capítulo relativo se señalaron como actos reclamados los siguientes: ".el impedimento por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para el desarrollo de mis actividades laborales, así como los actos de discriminación por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México sobre mi persona y mis actividades laborales.". Sin embargo, del capítulo inherente a los antecedentes, que el quejoso relató bajo protesta de decir verdad, se aprecia que también se duele de que se le ha negado la información de su situación jurídica derivada de la detención de que fue objeto el cinco de mayo del año en curso ante autoridades ministeriales. Situación que no destacó como acto reclamado. Asimismo, de dichos antecedentes no se aprecia algún hecho o motivo por los cuales atribuyó el carácter de autoridad responsable al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, es decir, no se advierte algún dato a partir del cual pudiera inferirse que dicha autoridad le impidió laborar y lo discriminó. En ese sentido, a efecto de que el quejoso subsane tales deficiencias, deberá realizar lo siguiente: 1. Manifieste, si es su voluntad señalar como acto reclamado la negativa de información inherente a su situación jurídica con motivo de la detención ministerial de que fue objeto, así como la autoridad a la que se lo atribuye, que en cuyo caso sería la autoridad que conoce de la averiguación previa correspondiente; y 2. Precise los hechos o motivos por los que considera que el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México tiene la calidad de autoridad responsable y, en su caso, señale el acto específico que le atribuye. Es importante destacar que la causa de pedir y, en su caso, la suplencia de la queja, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo, como es la indicación del acto reclamado, así como autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". De ahí la importancia que el peticionario del amparo subsane tales aspectos, ya que al requerir a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, es necesario que se pronuncien respecto del acto o actos que se les reclaman, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio, en términos del artículo 117 de la ley reglamentaria, lo que no acontecería si dicho acto no es claro y preciso. En el entendido de que la prevención formulada, únicamente podrá desahogarla el quejoso, no así sus autorizados, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse, aunado a que la fijación de la litis, esto es, precisión de los actos reclamados y señalización de autoridades responsables, así como la formulación de conceptos de violación, en atención a la materia del presente juicio, sólo corresponde a quien afirma ser titular de un derecho que le ha sido violado, acorde con el principio de agravio personal y directo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Asimismo, es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia emitida por la Sala en cita, publicada en la página 68 del semanario de referencia y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Junio de 2011, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA". Asimismo, deberá exhibir las copias de la demanda y desahogo de prevención que sean necesarias para la sustanciación del juicio, esto es, una para cada autoridad que señale como responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos más para aperturar el incidente que solicita. No es obstáculo para prevenir al quejoso, lo que dispone el artículo 110 de la ley de la materia, en específico en su segundo párrafo, porque a criterio de este juzgado dicho numeral debe interpretarse no de manera aislada, sino de forma integral y sistemática con el diverso 20 de la misma legislación, como se hace enseguida. El precepto primeramente citado, establece: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio". De la lectura de este artículo, este órgano jurisdiccional considera lo siguiente: 1. Establece las formas en que puede presentarse la demanda de amparo, bajo dos supuestos, a saber: a) Por escrito; y b) Por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. 2. Determina que cuando se presente en forma escrita, la parte quejosa debe exhibir las copias a que se refiere el primer párrafo. 3. Dispone la expedición oficiosa de tales copias en los casos indicados en el segundo párrafo, que es el que da lugar a la interpretación que se realiza. Así, este órgano de control constitucional estima, que cuando la demanda se presente en forma escrita, la parte quejosa está obligada a exhibir las copias respectivas, como lo establece claramente -sin que tenga duda alguna al respecto-, el primer párrafo en consulta. Por otra parte, también considera que cuando la demanda se presente por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, el órgano jurisdiccional de amparo expedirá oficiosamente las copias correspondientes, en los siguientes supuestos: a) En asuntos del orden penal; b) En asuntos del orden laboral, tratándose de trabajadores; c) Cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; d) Cuando se puedan afectar los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros; y e) Cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Luego, en el primer supuesto indicado, que es el que interesa, esto es, "en asuntos del orden penal", la disposición en consulta debe interpretarse -a criterio de este juzgado-, en estricta vinculación con el anunciado artículo 20, que dispone: "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". Con base en lo expuesto, la interpretación conjunta de los numerales de que se trata, lleva a este órgano de control constitucional a considerar que, en asuntos del orden penal, la expedición oficiosa de copias resulta exclusiva para los supuestos a que alude este último precepto, con independencia de la forma de presentación de la demanda, lo que se justifica dada la trascendencia de la afectación en la esfera jurídica del quejoso y la urgencia que el caso amerita. A criterio de este juzgado, considerar lo contrario podría llevar a innumerables abusos por parte de los gobernados demandantes de amparo que no se encuentren en los supuestos del artículo último en cita, pues cuando en un "asunto del orden penal" se reclamen, verbigracia, el no ejercicio de la acción penal, la determinación de reserva, la negativa a expedir copias en una averiguación previa o proceso, la violación al derecho de petición, e incluso con mayor ejemplificación de los abusos mencionados el supuesto de la orden de aprehensión reclamada de múltiples autoridades, en que ha habido situaciones que superan las quinientas, entre otros muy variados casos, ya que en tales hipótesis bastaría que la parte quejosa presentara únicamente el original de la demanda, sin copia alguna, para que se tuviera que ordenar su expedición oficiosa, cuando no existe justificación para ello. Lo anterior se estima así, porque en primer lugar, si bien es cierto que la redacción del segundo párrafo del artículo 110 que se comenta no establece excepción alguna en cuanto al tema de que se trata, esto es, la expedición oficiosa de copias al disponer de manera genérica "lo mismo que en asuntos del orden penal", no menos cierto resulta que tampoco establece que esa expedición de copias deba hacerse en todo caso, de ahí la interpretación que se realiza. Apercibido que de no hacerlo así, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, como se solicita, todas las notificaciones deberán de realizarse por lista de acuerdos que se pública en este juzgado, en virtud que se señaló para tal efecto los estrados, así como autorizadas en los términos que se precisan a las personas mencionadas...

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