Carlos Arturo Fernandez Poch
Expediente 2588/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 50 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2588/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 12/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carlos Arturo Fernandez Poch
- Tribunal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
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MESA VI. De conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la autoridad responsable, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, sirva dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo...
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MESA VI.- de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, remita copia certificada: De las constancias de notificación efectuadas a las partes del proveído de veintiocho de abril de dos mil dieciséis dictado en el juicio laboral 69-2006 de su índice. De igual modo, una vez fenezca el término otorgado a la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco y al Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco; remita copia certificada del cumplimiento que hubiera realizado o en su defecto del acuerdo recaído al incumplimiento del mismo y en su caso imponga las medidas de apremio que considere para que se acate su mandamiento, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo
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MESA VI.- SE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO, Y SE LE APERCIBE CON MULTA
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MESA VI.- Villahermosa, Tabasco, catorce de abril de dos mil dieciséis. Visto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Carlos Arturo Fernández Poch, mediante el cual solicita se inicie el procedimiento de inejecución de sentencia correspondiente; atento a lo anterior, se provee lo siguiente: Ahora bien, cabe mencionar que la sentencia de amparo, se concedió para el efecto siguiente: "[.] a) Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en acatamiento a los razonamientos vertidos en esta ejecutoria, requiera al cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, por conducto del Síndico de Hacienda, como representante legal del mismo, el pago inmediato de la cantidad de $2,265,016.00 (dos millones doscientos sesenta y cinco mil dieciséis pesos 00/100 M.N.) decretado en la resolución incidental de cuatro de febrero de dos mil quince, en el expediente laboral 069/2006. b) En caso de que el Ayuntamiento demandado no haga pago inmediatamente de la cantidad de $2,265,016.00 (dos millones doscientos sesenta y cinco mil dieciséis pesos 00/100 M.N.) a la parte quejosa, por concepto de pago de laudo, justificando con documentos idóneos, haber ejercido la totalidad de la cantidad de $666,723,614.00 (seiscientos sesenta y seis millones, setecientos veintitrés mil seiscientos catorce pesos 00/100), presupuestado para el ejercicio fiscal 2015, deberá ordenarle que se liquide el adeudo con las recaudaciones propias del mencionado Ayuntamiento, lo que implica que realice las gestiones pertinentes a fin de efectuar el pago a través de esa partida. En el entendido que, el Tribunal responsable deberá requerir a las demandadas que le exhiban sus informes técnicos financieros del presupuesto de dos mil quince y de la recaudaciones propias, correspondiente a los meses de enero a abril del año en curso, y de manera mensual las subsecuentes (hasta el pago del laudo), con los que demostrarán la suficiencia o insuficiencia para sufragar el pago de la condena determinada, a efecto de que demuestren la aplicación de tales ingresos. c) Ahora, para el caso de que los recursos propios del Ayuntamiento también sean insuficientes para realizar el pago del laudo al quejoso CARLOS ARTURO FERNANDEZ POCH de conformidad con lo establecido por los numerales 29 y 65, fracción III de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco requiera al Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Huimanguillo, Tabasco para convoque a sesión extraordinaria al Cabildo -máxima autoridad de dicho ente público-, para que realicen la modificación y ampliación de la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, en el que expresamente se establezca el pago del laudo que asciende a la cantidad de $2,265,016.00 (dos millones doscientos sesenta y cinco mil dieciséis pesos 00/100 M.N.) decretado en la resolución incidental de cuatro de febrero de dos mil quince, en el expediente laboral 069/2006 a favor de la parte quejosa CARLOS ARTURO FERNÁNDEZ POCH. Ahora bien, se le instruye al Tribunal responsable que además de hacer uso del medio de apremio (multa) que establece el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, proceda en términos del artículo 112, último párrafo de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y de conformidad con el artículo 57 de la Ley de la Responsabilidades de los Servidores Públicos, a denunciar ante el Congreso del Estado o la Contraloría Municipal de Huimanguillo, Tabasco, según sea el caso, la apertura del procedimiento administrativo de responsabilidad y subsecuente sanción contra el servidor público que dentro de sus facultades le corresponda realizar la citada gestión para efectuar el pago inmediato del laudo en favor del quejoso CARLOS ARTURO FERNANDEZ POCH, y sin motivo legal se abstenga de hacer los actos inherentes a sus funciones..". Del efecto amparador transcrito se desprende que la ejecutoria de mérito se concedió entre otras cosas, para que la responsable requiera al cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, por conducto del Síndico de Hacienda, como representante legal del mismo, el pago inmediato de la cantidad de $2,265,016.00 (dos millones doscientos sesenta y cinco mil dieciséis pesos 00/100 M.N.) decretado en la resolución incidental de cuatro de febrero de dos mil quince, en el expediente laboral 069/2006; en caso de que no haga pago inmediato por haber ejercido en su totalidad el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2015 tras haberlo acreditado, deberá liquidar el adeudo con las recaudaciones propias del ayuntamiento, requerir a las demandadas que le exhiban sus informes técnicos financieros del presupuesto de dos mil quince y de la recaudaciones propias, correspondiente a los meses de enero a abril del año en curso, y de manera mensual las subsecuentes (hasta el pago del laudo), para el caso de que los recursos propios del Ayuntamiento también sean insuficientes requiera al Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Huimanguillo, Tabasco para convoque a sesión extraordinaria al Cabildo -máxima autoridad de dicho ente público-, para que realicen la modificación y ampliación de la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, en el que expresamente se establezca el pago del laudo que asciende a la cantidad de $2,265,016.00 (dos millones doscientos sesenta y cinco mil dieciséis pesos 00/100 M.N.) decretado en la resolución incidental de cuatro de febrero de dos mil quince, en el expediente laboral 069/2006 a favor de la parte quejosa CARLOS ARTURO FERNÁNDEZ POCH. En esas condiciones, dígase al promovente que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, pues de las últimas constancias remitidas mediante oficio TCYA/AMP/1833/2016 recepcionadas el ocho de abril del presente año en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, está desarrollando el proceso de ejecución de sentencia acorde a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Asimismo, se desprende que mediante oficio 2338-VI derivado del proveído de once de abril del año en curso, se le requirió que remitiera copia certificada del cumplimiento que hubieran realizado la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, el Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco y la Contraloría Interna del citado Ayuntamiento; o en su defecto del acuerdo recaído al incumplimiento del mismo y en su caso imponga las medidas de apremio que considere para que se acate su mandamiento, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; oficio recepcionado en doce de abril del año que transcurre, según constancia de notificación que obra en el presente sumario constitucional, por lo que con fundamento en el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, dicha notificación surtió efectos el mismo día, iniciando el computo de los tres días hábiles para cumplir con la solicitud de cumplimiento, el diez de marzo del presente año, el cual fenecerá el dieciocho de los corrientes; resultando inconcuso que la autoridad laboral se encuentra dentro del plazo concedido y no puede concluirse que se actualice un retraso en su cumplimiento, con motivo de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 58/2014 (10a.) Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 11, registro: 2007914, de título y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Ahora bien, respecto de lo solicitado por el directo quejoso respecto de que se requiera al Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, vinculada al cumplimiento del fallo amparador; dígasele el citado Ayuntamiento no le reviste el carácter de autoridad ejecutora, pues como se advierte de la revisión de los autos, éste fungió dentro del juicio laboral 69/2006 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, como parte demandada en su carácter de patrón, pues precisamente el actor Carlos Arturo Fernández Poch le demandó entre otras prestaciones, la reinstalación y el pago de salarios caídos por el empleo que desempeñaba para la entidad pública demandada. De manera que, no se advierte que dicho ente público en su carácter de patrón, sea una autoridad que tenga intervención en la ejecución del laudo, sino que el cumplimiento que debe darle a la condena impuesta en el laudo es en su carácter de patrón en su función de derecho privado y por ende, no puede hablarse que tenga injerencia en la ejecución del laudo del que se reclama la omisión de su ejecución. Esto, pues en todo momento el Ayuntamiento en cita actúa en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, aún en la etapa de ejecución de laudo. Lo anterior, ya que en términos del artículo 130 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, corresponde únicamente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, debe emitir o dictar las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. En consecuencia, no puede concluirse que el Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco al haber participado en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, le corresponda el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y por ello no se puede vincular como autoridad como lo solicita el promovente en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo toda vez que tal como se advierte de autos, se ha requerido a la autoridad responsable que realice los procedimientos administrativos establecidos por la Ley para el debido cumplimiento de la ejecutoria en el presente juicio, pues es a ésta en el ámbito de su competencia a quien le corresponde dar cumplimiento. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007066, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." De igual modo, la jurisprudencia I.4o.(I Región) J/1 (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con número de registro 2004155, localizable en la página 1511, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, que dice: "AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La autoridad que en el juicio laboral en el que figuró como parte, en todo momento actúa en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues cuando el Estado, en su calidad de patrón, se niega a acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio correspondiente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado confiere al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 227, de rubro: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.", por lo que dicha omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo."
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