Carlos Arturo Andaluz Ortega

Expediente 446/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
446/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Carlos Arturo Andaluz Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 446/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por la autoridad responsable. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las referidas documentales. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria da cuenta con los alegatos formulados por el representante especial del menor con las iniciales R.Z.A.N.; asimismo, hace constar que las demás partes no formularon alegatos. Con relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. de Amparo, se tienen por formulados los alegatos referidos y por Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Carlos Arturo Andaluz Ortega por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales R.Z.A.N., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, la registró en el libro de gobierno con el número 446/2021 y en proveído de dos de junio de dos mil veintiuno la admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó al Delgado del Instituto de la Defensoría Pública, designara a un asesor jurídico para que fungiera como representante especial de la menor; y, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a Alejandro León Cortés, aceptando el cargo de representante especial de la menor R.Z.A.N. Tercero. Audiencia constitucional e incompetencia. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional; en sentencia de quince de octubre del mismo año, este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto y ordenó remitirlo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Cuarto. No se acepta competencia. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito; órgano colegiado que lo registró como amparo directo civil 619/2021; en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós determinó por mayoría de votos, que era incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por Carlos Arturo Andaluz Ortega, por propio derecho y como representante de su menor hija de iniciales R.Z.A.N. y ordenó devolverla a esta órgano de control constitucional. Quinto. Reasume competencia. En proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, este juzgado de distrito reasumió la competencia para conocer del presente asunto y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, el acto reclamado por el quejoso al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, es: El proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 756/2017, relativo al juicio especial oral familiar que sobre convivencia familiar promovieron Carlos Arturo Andaluz Ortega, Arturo Andaluz Domínguez y Margarita Ortega González frente a Selene Núñez Alejandre. En dicho auto el juez determinó que no había lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación en contra del diverso de cuatro de mayo del año en curso, toda vez que no se ajustaba a los supuestos del artículo 1092 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ya que no se trataba de una resolución que pusiera fin al procedimiento, en virtud de que ese había concluido mediante convenio. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe la citada autoridad, consistente en copias certificadas del expediente 756/2017 [un tomo]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierten el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna de ellas; lo procedente es realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de iniciar el estudio de los conceptos de violación se estima necesario precisar que el acto reclamado deriva del expediente 756/2017, relativo al juicio especial oral familiar que sobre convivencia familiar promovieron Carlos Arturo Andaluz Ortega, Arturo Andaluz Domínguez y Margarita Ortega González, frente a Selene Núñez Alejandre; y, entre las constancias que lo integran son de relevancia para resolverte este juicio de amparo las siguientes: Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, Carlos Arturo Andaluz Ortega, Arturo Andaluz Domínguez y Margarita Ortega González, en la vía especial oral familiar, promovieron demanda sobre convivencia familiar frente a Selene Núñez Alejandre [fojas 1-13 del tomo de pruebas]. En escrito presentado el dos de febrero de dos mil dieciocho, las partes del juicio de origen presentaron convenio y solicitaron se elevara el juicio a categoría de cosa juzgada [fojas 66 a la 71 del tomo de pruebas]. En proveído de tres de julio de dos mil dieciocho, y al considerar que el expediente de origen de encontraba concluido dado el convenio celebrado por las partes, se ordenó hacer la devolución de los documentos dentro del plazo de tres días; y se determinó que una vez transcurrido éste, se debería remitir el expediente al archivo [foja 75 del tomo de pruebas]. Mediante escrito de fecha de recepción ilegible, Carlos Arturo Andaluz Ortega, por propio derecho, presentó demanda sobre modificación de convenio efectuado con Selene Núñez Alejandre [fojas 129 a la 147 del tomo de pruebas]. Con relación al mismo, en auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Morelia, requirió al ocursante para que aclarara su escrito bajo los parámetros siguientes: "[.] Ajuste su petición en términos de lo dispuesto por el numeral 804 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ello atendiendo a que de sus pretensiones y de la narrativa de sus hechos se advierte meridianamente, sobre cuestiones de cumplimiento del convenio celebrado entre los contendientes dentro del expediente especial oral familiar número 756/20217; y, por otro lado, circunstancias de hechos y derecho, respecto a hechos novedosos que requieren ser diligenciados en un juicio novedoso independiente al cumplimiento o modificación del aludido consenso de voluntades [.]" [foja 177 del tomo de pruebas]. En acatamiento a lo anterior, por escrito presentado en la OPAT el veintiséis de abril del año en curso, Carlos Arturo Andaluz Ortega, manifestó: "[.] Por otro lado, manifiesto que las pretensiones que ejercito contra la persona con quien se dirige la acción son claras y las mismas tienen por objeto que se modifique mediante sentencia definitiva el acuerdo de voluntades que con anterioridad y por este mismo juzgado fue aprobado, manifestando además que tengo el interés legítimo para accionar, dado que si bien es cierto en el pacto volitivo que se pretende modificar en el mismo se incumple con una de sus cláusulas y que lo es referente a la convivencia a la que tiene derecho mi descendiente y el suscrito para con ella. Sin embargo, es de manifestar que mi pretensión no es exigir un cumplimiento de convenio de voluntades¸ por lo que solamente anexo y menciono en mi escrito inicial a modo de antecedente dicho convenio y el incumplimiento que hay en el mismo, derivado del expediente 756/2021, es decir, lo que se solicita ante este órgano jurisdiccional es que mediante resolución judicial que dicte en el juicio, se modifique la cláusula donde versa lo concerniente a la guarda y custodia de mi menor hija de nombre Renata Zoe Andaluz Núñez, específicamente en la cláusula marcada como "sexta" en dicho convenio de voluntades, para que ahora sea el suscrito quien tenga la custodia de mi menor hija, basando mi acción específicamente en el artículo 435 de la legislación familiar el cual me da el interés jurídico para constituirme a ejercitar la acción traída a juicio" [fojas 179 y 180 del tomo de pruebas]. Al respecto el juez responsable, en auto de cuatro de mayo del año en curso, determinó que no había lugar a admitir a trámite la demanda que, en la vía especial oral familiar sobre modificación de convenio promovió Carlos Arturo Andaluz Ortega, bajo el argumento de que su pretensión no era propiamente la modificación del convenio celebrado entre las partes del expediente 756/2017, sino establecer una nueva o diferente situación jurídica, en torno la custodia de su menor hija; por lo que no debía tramitarse dentro de aquél al tratarse de un asunto concluido, sino que debía hacerse a través de la presentación de una nueva demanda ante la oficialía de partes y turno correspondiente [fojas 181 a 183 del tomo de pruebas]. Inconforme con tal determinación, mediante escrito presentado el doce de mayo del año en curso, Carlos Arturo Andaluz Ortega, interpuso recurso de apelación [fojas 184 y 185 del tomo de pruebas]. A dicha promoción, recayó el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de origen y que es del tenor siguiente: "[.] Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo del dos mil veintiuno. Visto el escrito presentado por Carlos Arturo Andaluz Ortega, parte actora, en términos del cual, dígasele que no ha lugar a tenerlo por interponiendo recurso de apelación en contra del proveído de fecha cuatro de mayo, toda vez que el mismo no se ajusta a los supuestos normativos del ordinal 1092 del Código Familiar del Estado, esto es, virtud a que no se trata de una resolución que ponga fin al procedimiento, puesto que el mismo concluyó con la aprobación del convenio que establecieron las partes, para dar fin al procedimiento, el cual fue elevado a sentencia ejecutoriada como cosa juzgada en la audiencia preliminar respectiva, desahogada el dos de febrero de dos mil dieciocho; luego entonces, en modo alguno la citada resolución pone fin al procedimiento, pues se reitera éste culminó con la aprobación del acuerdo de voluntades confeccionado por las partes". Frente a dicha determinación, el quejoso en su único concepto de violación adujo que el acto reclamado viola en su perjuicio lo previsto en los artículos 1087 y 1092 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, específicamente el derecho del acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, así como el 25 de la Convención Americana sobre Derechos del hombre. Lo anterior, al estimar que dichos preceptos determinan que los autos que pongan fin al procedimiento, serán apelables por lo que el auto que desechó la demanda hecha valer en la vía de juicio especial oral familiar, sobre modificación de convenio puede ser combatido mediante la apelación contrario a lo sostenido por la responsable, ya que después de un desechamiento las partes no se encuentran en posibilidad de continuar con la controversia planteada. Dichos motivos de inconformidad son infundados. Previo a establecer las razones por las que este juzgador estima carentes de razón los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resulta conveniente invocar los artículos 1087, 1088, 1092 y 1095 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, que a la letra expresa: "Artículo 1087. En los procedimientos del orden familiar sólo será admisible el recurso de apelación". "Artículo 1088. La apelación es el recurso que tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique las resoluciones dictadas en la primera instancia, y en su caso, analice las violaciones procesales sostenidas, decretando la reposición del procedimiento, si así procediere. En todos los procedimientos relacionados con derechos de menores, adultos mayores y personas con discapacidad, se suplirá la deficiencia de la queja". "Artículo 1092. Sólo la sentencia definitiva, los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento son apelables, con las excepciones previstas en este Código. Para la sentencia definitiva, se admitirá en efecto devolutivo; para los autos y sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento, será admisible en ambos efectos. La impugnación contra las demás resoluciones que se pronuncien durante el procedimiento, se hará valer como agravio simultáneamente con los que se expresen contra la sentencia definitiva". "Artículo 1095. Para que proceda la apelación contra autos o interlocutorias que no sean de las determinadas en el artículo 1092, se requiere disposición expresa de este Código. En estos casos, de admitirse en ambos efectos, se remitirán los autos originales a la superioridad y de ser necesario el medio óptico; y cuando lo fuese en el devolutivo, se enviará a la alzada testimonio integrado con las constancias señaladas por el juez y las partes dentro del término de tres días". De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se advierte -en lo de interés- que el Código Familiar establece que en los procedimientos del orden familiar sólo será admisible el recurso de apelación; que dicho medio de impugnación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar las resoluciones dictadas en la primera instancia, y en su caso, analizar las violaciones procesales sostenidas; que sólo la sentencia definitiva, los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento son apelables; el recurso de apelación se admitirá en efecto devolutivo para la sentencia definitiva; en ambos efectos para los autos y sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento; y, la impugnación contra las demás resoluciones que se pronuncien durante el procedimiento, se hará valer como agravio simultáneamente con los que se expresen contra la sentencia definitiva. Que también pueden ser apelables los autos o interlocutorias que no pongan fin al juicio cuando así se encuentre previsto en el Código de la Materia [artículos 1075 -interlocutoria de liquidación de sentencia-, 1176 -la sentencia que decida la oposición del curador- y 1142 -resolución que deniegue la ejecución de la sentencia- de tal ordenamiento]. En ese contexto son infundados los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso, ya que impugnó vía apelación el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el cual no debe considerarse como de los que ponen fin al procedimiento, pues si bien la responsable determinó que no había lugar a admitir la demanda que, en la vía especial oral familiar sobre modificación de convenio, promovió Carlos Arturo Andaluz Ortega frente a Selene Núñez Alejandre, ello de manera alguna implica que dicho auto haya puesto fin al procedimiento, pues éste terminó -como lo adujo la responsable- con la aprobación del convenio celebrado entre las partes para dar fin al procedimiento, el cual fue elevado a sentencia ejecutoriada como cosa juzgada en la audiencia preliminar de dos de febrero de dos mil dieciocho. Máxime, el aquí quejoso, al contestar la prevención efectuada por el juez responsable en auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, aclaró que su pretensión no era exigir un cumplimiento al convenio efectuado en el expediente de origen, sino modificar la cláusula donde versa lo concerniente a la guarda y custodia de su menor hija [sexta] para ahora ser él quien tenga su custodia. Asimismo, tal determinación tampoco se encuentra dentro de las excepciones a que hace referencia el artículo 1095 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, esto es, no consiste en la interlocutoria de liquidación de sentencia, ni en la sentencia que decide sobre la oposición del curador ni en la resolución que deniegue la ejecución de la sentencia- de tal ordenamiento. De ahí que haya sido legal que el juez responsable determinara que no había lugar a tener a Carlos Arturo Andaluz Ortega por interpuesto el recurso de apelación en contra del auto de cuatro de mayo del año en curso, al no tratarse de una resolución que pone fin al procedimiento ya que éste se encontraba concluido. Interpretación de las normas y de las cuestiones fácticas que en el mismo sentido fue realizada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito al resolver el amparo directo civil 619/2021, lo que de algún modo vincula a quien resuelve. En las relatadas condiciones, procede negar el amparo promovido por el quejoso. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Arturo Andaluz Ortega por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales R.Z.A.N., por su propio derecho, en contra del acto y autoridad precisadas en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio mediante el cual el secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remite los autos originales del juicio en que se actúa y un tomo de pruebas, asimismo, copia certificada de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, por la que dicho órgano se declaró incompetente para conocer del asunto en que se actúa, en los términos que expuso en la ejecutoria en cita. Acúsese recibo. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Ahora bien, en la referida ejecutoria el citado Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por Carlos Arturo Andaluz Ortega, por derecho propio y como representante de su menor hija de iniciales R.Z.A.N., contra el auto pronunciado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio oral especial familiar número 756/2017. SEGUNDO. Devuélvase la demanda de amparo y sus anexos al Juez Séptimo de Distrito en el Estado." Por lo anterior, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado reasume la competencia para conocer el presente asunto por lo que se ordena se fije hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional respectiva, asimismo, se ordena dejar sin efectos el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en donde se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con veinte minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista, personalmente a las partes, mediante oficio a las autoridades correspondientes y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite la secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo del que deriva este cuaderno e informa que aceptó el conocimiento del asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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