Carlos Arnaldo García Sánchez
Expediente 1373/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1373/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Carlos Arnaldo García Sánchez
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por recibida la demanda de amparo que promueve CARLOS ARNALDO GARCÍA SÁNCHEZ, contra actos de BANAMEX SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por considerarlos conculcatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1373/2016-III-EM, y fórmese el expediente de amparo. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral del escrito de demanda, es dable concluir que la parte quejosa reclama, en esencia, "El acto arbitrario, ilegal y violatorio de derechos al congelar e inmovilizar mis fondos económicos existentes en la cuenta número 107142, con número de cliente 69048013 que obtuve como usuario en esa Institución Bancaria, y de la que soy titular, dado que de facto no permiten que disponga de mi dinero ahí depositado". Actuación contra la cual, a criterio del suscrito, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 1º y 5 de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar la causa de inejercibilidad del juicio de garantías, que se estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista los precitados artículos, mismos que estatuyen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "ARTICULO 5º.- Son partes en el juicio de amparo: I.-. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III.-." De conformidad con los numerales transcritos, se establece que el juicio de garantías sólo procede contra actos de autoridad. La promovente del amparo se duele esencialmente de El acto arbitrario, ilegal y violatorio de derechos al congelar e inmovilizar mis fondos económicos existentes en la cuenta número 107142, con número de cliente 69048013 que obtuve como usuario en esa Institución Bancaria, y de la que soy titular, dado que de facto no permiten que disponga de mi dinero ahí depositado". Pues bien, la autoridad a la que se atribuye el acto que aquí se impugna, de acuerdo con los argumentos que enseguida se expondrán, no se considera autoridad responsable para efectos del amparo y, por ello, dicho acto no es susceptible de impugnarse mediante el juicio de garantías. Es así en virtud de que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Citase la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, del Tomo XIV, Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Si bien es cierto, el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, ya que en la especie no se surte tal hipótesis, pues como se aprecia, la relación jurídica entre la Institución Bancaria y los particulares solicitantes del servicio, no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación entre aquellos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de que se trata, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Sin que obste para lo determinado el contenido de la tesis del rubro "INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO ACTÚAN COMO AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA" que cita; en virtud de que tal criterio, contrario a lo que refiere el quejoso, sólo opera cuando el embargo o inmovilización de cuentas bancarias derive de un procedimiento administrativo de ejecución, circunstancia que de acuerdo al contenido del escrito de demanda no se actualiza en el presente. Se tienen como autorizados de la parte quejosa, en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Cisneros Padilla, Jesús Pineda Villanueva y Guillermo Michel Guerrero, debido a que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco; en cambio, a los demás profesionistas, con las limitantes de dicho numeral, por no contar con el registro en mención. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicada supletoriamente a la ley de Amparo en vigor, téngase como domicilio procesal el que precisa en su escrito de demanda. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia.
- Principal
Ténganse por recibidos los oficios de cuenta de las autoridades que los suscriben, mediante los cuales hacen del conocimiento de este órgano jurisdiccional, los resultados obtenidos en torno al domicilio del tercero interesado Rodolfo Luna Pérez. Asimismo, agréguese para que obre como corresponda, el oficio signado por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Colima, en virtud de que éste órgano jurisdiccional no cuenta con los datos requeridos relativos al día, mes y año de nacimiento, CURP, RFC y/o Número de Seguridad Social del tercero interesado. Al efecto, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se reciba la totalidad de los informes solicitados en auto de diecinueve de agosto del presente año.
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