Carlos Arnaldo Becerril Silva

Expediente 545/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
545/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Carlos Arnaldo Becerril Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Por cuanto al tomo de prueba que se formó por separado, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado, devuélvase a la autoridad responsable, quien lo remitió con su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 545/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el treinta de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia oficial en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Carlos Arnaldo Becerril Silva, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La resolución y/o acuerdo de fecha 14 de Mayo del año 2019, emitido por la Autoridad responsable y en que deja sin efectos el ordenamiento para emplazar a SIGUE CORPORATION, GUILLERMO TOMAS DE LA VIÑA, ALFREDO DE LA VIÑA, ADOLFO DE LA VIÑA Y MIGUEL ANGEL JIMENEZ OROZCO, quienes tienen su domicilio en 13291 Ralston Ave. Sylmar, en el Condado de los Ángeles California 91342 en los Estados Unidos de Norteamérica tal como estaba ordenado en el auto de radicación de fecha 30 de Junio del año 2016, en el juicio laboral número 726/2016." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se registró la demanda en el libro de gobierno respectivo con el número 545/2019 y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un auto emitido dentro de un juicio laboral que se considera de imposible reparación, que se tramita ante una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. De las constancias que allegó al sumario la autoridad responsable se obtiene que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de mayo del año en curso (foja 233 del tomo I de pruebas); en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del diecisiete de mayo al seis de junio siguientes, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo así como uno y dos de junio por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el treinta de mayo pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso, como actor en el juicio laboral 726/2016, reclama de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, el acuerdo de catorce de mayo de dos mil diecinueve, por virtud del cual regularizó el auto de radicación de treinta de junio de dos mil dieciséis y tuvo por no admitida la demanda en vía de procedimiento especial únicamente respecto de Sigue Corporation y/o Guillermo Tomás de la Viña y/o Alfredo de la Viña y/o Adolfo de la Viña y/o Miguel Ángel Jiménez Orozco, quienes tienen su domicilio ubicado en 1329 Ralston Ave. Sylmar en el Condado de los Ángeles California 91324, en Estados Unidos de Norte América. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, ya que al rendir su informe justificado por conducto de su Presidenta, se limitó a negar la violación de las garantías alegada por el quejoso, de lo que se sigue que en realidad dicha negativa se encuentra encaminada a justificar la constitucionalidad del acto que se le reprocha no así desvirtuar su existencia; certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las diversas constancias que integran el juicio laboral número 726/2016 que adjuntó (tomo I de pruebas), las cuales, al ser documentales públicas hacen prueba plena de la existencia del proceder combatido, de acuerdo con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgado de oficio advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso ordinal 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la legislación en cita, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Ahora bien, para estar en aptitud de dilucidar en torno a la actualización o no de dicha hipótesis de improcedencia, debe tenerse presente que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Esa ley no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, por ello la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se tratara; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, con la Ley de Amparo vigente, el artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio es de imposible reparación. De esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. En torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Lo que no sucede en el caso, pues el acuerdo de catorce de mayo de dos mil diecinueve, por virtud del cual la junta responsable regularizó el auto de radicación dictado el treinta de junio de dos mil dieciséis en el expediente laboral 726/2016 y en consecuencia tuvo por no admitida la demanda en vía de procedimiento especial únicamente respecto de los codemandados Sigue Corporation y/o Guillermo Tomás de la Viña y/o Alfredo de la Viña y/o Adolfo de la Viña y/o Miguel Ángel Jiménez Orozco, con domicilio ubicado en 1329 Ralston Ave. Sylmar en el Condado de los Ángeles California 91324, en Estados Unidos de Norte América, por considerar que se advertía que en dicho juicio se reclamaban diversas prestaciones derivadas del convenio celebrado con fecha trece de abril de dos mil dieciséis, únicamente entre el actor, aquí quejoso y la persona moral Operadora Latinoamericana de Servicios y Recursos Humanos, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el diverso juicio radicado ante ese órgano laboral bajo el número 152/2006, así como del diverso expediente 400/2003, convenio en el que en uso de la palabra el actor Carlos Arnaldo Becerril Silva, manifestó que no se reservaba acción ni derecho alguno que ejercitar en contra de algún otro demandado, máxime que en el juicio de origen (726/2016) la aludida persona moral Operadora Latinoamericana de Servicios y Recursos Humanos, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ya había sido emplazada, reconociendo además que el actor, aquí quejoso le prestó sus servicios; no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, que pueden ser reparados con la obtención de un fallo favorable a los intereses del promovente del amparo; sin embargo, de serle adverso, estará en aptitud de plantear la cuestión que ahora controvierte en el juicio de amparo directo, en términos de la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo que guarda analogía con la hipótesis de su diversa fracción I, la cual consigna como violación procesal cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley. Esta consideración tiene apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 117/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 159, tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que las violaciones se cometan en las resoluciones motivo de impugnación, o se hubieran cometido durante el procedimiento correspondiente, a condición, en este último caso, de que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. También puede inferirse, en contraposición a esa regla general de procedencia del amparo uniinstancial, que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actualizándose ésta cuando el acto reclamado produzca violación a algún derecho sustantivo del quejoso. De lo anterior se concluye que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es evidente que resulta impugnable en términos de lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo." De igual forma es aplicable la tesis V.1o.C.T.81 L del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, consultable a página 1704, Tomo XXV, Febrero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE UN DEMANDADO. LA OMISIÓN O NEGATIVA DE LA JUNTA DE PROVEER LO RELATIVO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE LA MATERIA RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 63/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 309, de rubro: "TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO.", determinó que la negativa de las Juntas de llamar a juicio a un tercero interesado constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, cuya trascendencia específica se contrae a cuestiones meramente intraprocesales. Bajo tal premisa, es claro que también la omisión o la negativa de la Junta de proveer el emplazamiento a juicio de uno de los demandados señalados por el actor en su demanda, actualiza una violación a las leyes del procedimiento laboral que afecta las defensas del quejoso, no obstante que el artículo 159 de la Ley de Amparo no la contemple específicamente como violación procesal susceptible de impugnarse en amparo directo, ya que dicho precepto contiene un catálogo meramente ilustrativo, pero en su última fracción se refiere a violaciones análogas a las enunciadas en las anteriores." Así como la tesis de jurisprudencia número VI.2o. J/49 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 426, tomo VI, segunda parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA (ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO). Si en el curso del procedimiento se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva (o laudo o resolución según sea el caso) y se impugne a través del juicio constitucional en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. El propio legislador pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos." En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por último, se precisa que al connotarse el acto reclamado como intraprocesal deviene improcedente el juicio de amparo, lo que torna imposible suplir la deficiencia de la queja deficiente aun advirtiéndose que quien pide el amparo es precisamente el trabajador, pues la institución de suplencia de la queja sólo opera una vez que el juicio de amparo resulta procedente, pero de ninguna forma tiene el alcance de pasar por alto el análisis de dicha circunstancia. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 675, Tomo XIII, Junio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto indican: "SUPLENCIA DE LA QUEJA, ALCANCES DE LA. La facultad de suplir la queja deficiente que consagra el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, sólo puede ser ejercida por el órgano de control constitucional en tratándose de los conceptos de violación o agravios en los recursos, pues su finalidad consiste en la concesión del amparo por consideraciones oficiosas que se formulen en la sentencia del juicio constitucional; de suerte que su ejercicio presupone necesariamente la procedencia del juicio de garantías de que se trate, es decir, en un amparo afectado por cualquier causa de improcedencia no se puede desplegar la mencionada facultad, pues ésta sólo debe desempeñarse en cuanto a la cuestión constitucional planteada, la que nunca puede abordarse en un juicio de garantías improcedente." Por lo expuesto y fundado y con apoyo demás en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 545/2019, promovido por Carlos Arnaldo Becerril Silva, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; a tres de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veinte de junio anterior, se tuvo por recibido el informe justificado de la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, téngasele por formuladas las manifestaciones que realiza, y con ello dese cuenta en la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase copia de la sentencia de este juicio, una vez que ésta sea dictada. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

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