Carlos Armando Rodríguez Cadena
Expediente 893/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Carlos Armando Rodríguez Cadena
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de veintiuno de diciembre de dos mil quince, por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, por medio del cual, el quejoso Carlos Armando Rodríguez Cadena, desahoga el requerimiento que se le hizo en proveído de dieciséis de diciembre de del año en curso, y al respecto exhibe cinco copias del escrito del primer escrito de aclaración Ahora bien, en principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: Reclamo el estado de indefensión del que soy objeto por la autoridad responsable ya que no se me permitió comparecer de forma directa en diligencia de fecha 23 de Noviembre del 2015. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento (como lo es el juicio laboral promovido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad) el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Así pues, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Entonces, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Asimismo, nuestro Máximo Tribunal Constitucional estimó que de igual manera procedía el juicio de amparo indirecto, contra actos derivados durante procedimiento judicial, cuando afectaran en grado predominante o superior a las partes. Así, la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos cometidos durante el procedimiento judicial, únicamente se actualiza cuando la violación afecta de manera material algún derecho sustantivo o fundamental, sin que actualmente conforme al criterio federal transcrito, para establecer la procedencia del amparo, pueda acudirse a la diversa opinión relativa a la violación procesal exorbitante a las partes, pues ello fue abandonado. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), de igual forma tampoco implica una violación procesal en grado exorbitante o superior a la parte quejosa; pues las consecuencias del acto que reclama no revisten el carácter de imposible reparación. En efecto, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, toda vez que, la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el veintitrés de noviembre del año en curso, en los autos del juicio laboral promovido por David Armando Mesta Valenzuela contra el aquí quejoso, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues tienen efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse con la celebración de dicha audiencia, puede quedar subsanada con posterioridad, si el laudo que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses de la parte quejosa, ello es así, pues la parte quejosa se encuentra en aptitud de ofrecer pruebas, realizar alegatos, es decir, se encuentra en aptitud de proseguir con toda la secuela procesal del juicio laboral de origen. Dicho en otras palabras, los hechos expuestos por el promovente en la demanda de amparo, denotan que la causa de inconformidad no surge a raíz de negarle, de plano, intervenir en la diligencia de veintitrés de noviembre de dos mil quince, lo cual, de ser así, podría implicar un acto de denegación de justicia, prohibido por el artículo 17 constitucional, por tanto, violatorio de un derecho sustantivo. Sin embargo ello no acontece en el caso concreto, pues el propio recurrente afirmó que se le tuvo por presente en la multirreferida diligencia, en la cual, la junta omitió darle el uso de la voz, aspecto que, aún en caso de que sea incorrecto solamente produciría una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En síntesis, se concluye que lo que se pretendió combatir mediante la demanda de amparo que se desechó es el estado de indefensión en que se le dejó al no darle el uso de la voz en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el veintitrés de noviembre del año en curso. Puntualizado lo anterior, no queda más que concluir que resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada por Carlos Armando Rodríguez Cadena, ya que el acto reclamado no es de imposible reparación. En conclusión, la ejecución irreparable debe presentarse en forma tal, que la violación no pueda ser remediada con el dictado de un laudo favorable; por lo anterior, el amparo indirecto es improcedente en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso ordinal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Máxime que, es claro que el demandado Carlos Armando Rodríguez Cadena, tuvo pleno conocimiento de la existencia del juicio instaurado en su contra, tan es así que acudió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, con lo cual se estima que no existe violación a los derechos humanos de aquéllos al debido proceso, a la tutela judicial o al acceso a la justicia (previstos esencialmente en el artículo 17 constitucional), dado que fueron debidamente notificados de la hora, día y lugar de la celebración de la audiencia en mención. Pero de no ser así, esta última podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, y 172, fracción V, ambos preceptos de la Ley de Amparo en vigor. Ciertamente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo, se consideran violaciones procesales, las determinaciones de los juicios tramitados ante tribunales del trabajo, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. Luego, los actos reclamados, corresponden a actos dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tienen una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso numeral 104, fracción V, de la Ley de Amparo; y en cambio de acuerdo con lo dispuesto por el precepto 172, fracción V de la mencionada ley, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal; habida cuenta que a la parte quejosa le reviste el carácter de parte demandada en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, quien lógicamente se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo.
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