Carlos Armando Reyna Díaz del Castillo
Expediente 486/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Nora Patricia Cervantes Mendoza
- Carlos Armando Reyna Díaz del Castillo
- Juez Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, de la certificación de cuenta de la certificación de cuenta, se advierte que únicamente Ana Paola Abreu Bastar, desahogó la vista ordenada en auto de dos de febrero de la presente anualidad, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en lo manifestado por la parte quejosa, así como con los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente previamente precisar lo siguiente: Por resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal únicamente a Carlos Javier Reyna Cervantes (498/2020-9), contra el acto que reclamó a la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco. En el caso, destaca que el fallo protector se otorgó, para que la responsable realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución impugnada, únicamente en lo que aquí interesa (considerando décimo, en relación con el punto resolutivo quinto) y con plenitud de jurisdicción, emita otra, que podrá ser en el mismo sentido, pero en estricto apego a los derechos de fundamentación y motivación contenidas en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, deberá tomar en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y demás circunstancias que permitan individualizar la sanción.." En proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia; y por ello, se requirió a la responsable, para que en el plazo de tres días diera cumplimiento al fallo protector. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por la Juez del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la resolución interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 733/2017 y su acumulado 289/2018, de su índice, con la que adujo dar cumplimiento al fallo protector. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con la cual estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere desahogando únicamente la citada vista Ana Paola Abreu Bastar, sin que las demás partes se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello. En las relatadas condiciones, el suscrito juzgador federal estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución impugnada, respecto al considerando decimo, en relación con el punto resolutivo quinto y con plenitud de jurisdicción emitió otra, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y demás circunstancias que permitieron individualizar la sanción, determinando reducir la medida de apremio impuesta a Carlos Javier Reyna Cervantes, a 25 (veinticinco) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $2,015.00 (dos mil quince pesos 00/100 M.N); lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo al citado quejoso. No impide arribar a la conclusión que precede, las manifestaciones formuladas por Ana Paola Abreu Bastar en su escrito de cuenta, en el sentido de manifestar su inconformidad contra el cumplimiento dado por la autoridad responsable, ya que aduce que la resolución emitida el veintisiete de enero del año en curso, con la cual da cumplimiento al fallo protector la citada responsable no se encuentra ajustada a derecho, toda vez que señala que solo cumple en parte con los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. Además la promovente manifiesta que dicha interlocutoria le causa agravio, en virtud que le fue impuesta una multa de $800.00 (ochocientos pesos), la cual le resulta injusta y excesiva con motivo de la situación económica que se vive actualmente, agregando que dicha resolución no se encuentra fundada ni motivada. De igual forma, la ocursante en su escrito de cuenta realiza diversas argumentaciones y aclaraciones, en torno a la nueva resolución la cual considera no se encuentra ajustada a derecho, pues en ella se resolvieron diversos recursos de reconsideración, mismos que indica no fueron resueltos de manera adecuada. Sin embargo, los citados agravios que aduce la promovente le causa la nueva resolución emitida en cumplimiento al fallo, no fueron motivo de la concesión otorgada en el presente asunto, ya que únicamente se conminó a la responsable a dejar insubsistente la resolución impugnada y con plenitud de jurisdicción, emitiera otra, que podría ser en el mismo sentido, pero tomando en consideración la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y demás circunstancias que le permitieran individualizar la sanción, respecto de la multa impuesta a Carlos Javier Reyna Cervantes. Es por ello, que contrario a lo que manifiesta la promovente, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, ya que su actuar fue conforme a lo indicado en la concesión otorgada en autos; pues como ya se expuso en párrafos que anteceden, la responsable de mérito dejó insubsistente la resolución impugnada y con plenitud de jurisdicción emitió otra, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y demás circunstancias que le permitieron individualizar la sanción impuesta a Carlos Javier Reyna Cervantes, lo cual, como ya se indicó constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Por otro lado, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Por otra parte, toda vez que en los expedientes 487/2020-7, 498/2020-9, 500/2020-2, acumulados al presente juicio de amparo, se solicitaron la suspensión de los actos reclamados, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de sus archivos. Finalmente, devuélvanse las copias certificadas de: Tres tomos en copia certificada del expediente 733/2017, del índice del Juzgado responsable. Cuadernillo de incidente de reclamación. Cuadernillo de incidente de reducción de pensión alimenticia. Cuadernillo de incidente de impugnación de la documental pública "informe de trabajo social". Cuadernillo de incidente de modificación al régimen de convivencia provisional. Las cuales obran por cuerdas separadas constantes de treinta y cinco tomos correspondientes a cada uno de los juicios de amparo 486/2020-6 y sus acumulados 487/2020-7, 498/2020-9, 500/2020-2 y 501/2020-3, los cuales remitió el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito, con sede en esta ciudad, como anexos a su informe justificado. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Juez del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada al expediente 733/2017 y su acumulado 289/2018, con la que se advierte da cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a sus derechos convengan y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN CUMPLMIMIENTO AL CITATORIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA CARLOS JAVIER REYNA CERVANTES EL ACUERDO DE DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Juez del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada al expediente 733/2017 y su acumulado 289/2018, con la que se advierte da cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a sus derechos convengan y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación de cuenta, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio promovido por Carlos Javier Reyna Cervantes y Ana Paola Abreu Bastar (487/2020-7 y 500/2020-2) contra los actos reclamados a la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en su segundo punto resolutivo se NEGÓ a Carlos Armando Reyna Díaz del Castillo, Nora Patricia Cervantes Mendoza, Carlos Javier Reyna Cervantes y Ana Paola Abreu Bastar (486/2020-6, 498/2020-9, 500/2020-2 y 501/2020-3) contra los actos reclamados a la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco y en el tercer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Carlos Javier Reyna Cervantes (498/2020-9), contra el acto que reclamó a la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.]Deje insubsistente la resolución impugnada, únicamente en lo que aquí interesa (considerando décimo, en relación con el punto resolutivo quinto) y con plenitud de jurisdicción, emita otra, que podrá ser en el mismo sentido, pero en estricto apego a los derechos de fundamentación y motivación contenidas en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, deberá tomar en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y demás circunstancias que permitan individualizar la sanción. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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