Carlos Armando Ramírez de la Torre

Expediente 1465/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 1 actuación registrada, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1465/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Carlos Armando Ramírez de la Torre

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO.- Por este medio, se le notifica a la parte quejosa, el auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, que en síntesis indica lo siguiente: Zapopan, Jalisco, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. I. Estado de autos 2. Reanudación de procedimiento. Asimismo, mediante circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó que se regresa al esquema de trabajo establecido en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCov-2. Por lo que en esta fecha se reanudan los plazos en el presente asunto. II. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito que signa el quejoso *****, mediante el cual cumple la prevención realizada en proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, al atender los puntos que le fueron solicitados. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que la presente demanda es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia1 disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. El motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Por no ser acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ahora, del análisis de la demanda permite al suscrito advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la ley de la materia, se deba desechar de plano la demanda de garantías. Del análisis integral de la demanda de amparo, se tiene que lo reclamado a la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guadalajara (Sistema DIF Guadalajara); Jefatura de recursos humanos y Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia del Sistema Integral de la Familia del municipio de Guadalajara-, es el despido injustificado de sus labores como empleado de dicho organismo y como consecuencia de ello la baja del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actos contra los cuales, a criterio del suscrito, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, y 5º fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la conducta atribuida a la responsable, no es impugnable en la vía constitucional, en virtud de la calidad de la promovente por ser trabajador del Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guadalajara (Sistema DIF Guadalajara). A fin de evidenciar la causa de inejercitabilidad del juicio de garantías, se considera pertinente citar los artículos 1 °, fracción I, 5° fracción II y 61 de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la exégesis de los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. Luego, para determinar qué se entiende por autoridad para efectos del juicio de amparo, tenemos que en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se desprende de la Jurisprudencia 2a./J. 164/201 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De tal suerte, que aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no será procedente el juicio de amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de funciones que tengan encomendadas por alguna norma general. Luego entonces, de lo que reclama el quejoso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guadalajara, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se estima que las cuestiones relativas al despido injustificado de sus labores como empleado de dicho organismo y como consecuencia de ello la baja del Instituto Mexicano del Seguro Social. En vista de lo anterior, es dable afirmar que el acto constituido derivado de la relación laboral que tiene la quejosa con el Organismo Público DIF, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por estar inmersos en la esfera del desarrollo de la relación de coordinación -empleado y patrón-, no así, en un plano de supra a subordinación con un particular gobierno-gobernado. Es decir, desde ese modelo de coordinación que caracteriza las relaciones laborales, las autoridades no actúan en un esquema de supra a subordinación. En ese sentido, si la parte quejosa forma parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guadalajara, de manera que se ubicó como un trabajador activo dentro de dicho organismo estatal, en un plano de coordinación, por lo que, los conflictos que se susciten entre los trabajadores que formen parte de los Servicios de Salud de los Organismos Descentralizados, deberán ser dirimidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y no a los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SISTEMA MUNICIPAL DIF" Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis 2a. CXCV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 725, con el rubro: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y SUS TRABAJADORES.", que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo y, en esa virtud, las relaciones laborales de los organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales; por tanto, las relaciones laborales entre los organismos descentralizados estatales y sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, y la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los citados organismos y sus trabajadores corresponde a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y no a los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje. En ese tenor, se concluye que si conforme al artículo 32 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, el Sistema Municipal DIF es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, ubicado en la administración pública paraestatal, los conflictos laborales que surjan entre el citado organismo municipal y sus trabajadores compete resolverlos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado" 3 . De manera que, el quejoso tiene expedito sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales correspondientes. Máxime que el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó en su ocurso de cuenta que promovió juicio laboral para lograr la restitución de sus derechos laborales, específicamente su reinstalación y acceso a derechos de seguridad social, el cual se registró con el número 283/2020-E, del índice de la Onceava Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. 3 Registro digital: 170956, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tesis: VI.T. J/9, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Noviembre de 2007, página 629. De manera que, ello corrobora que tales actos, no pueden ser objeto de examen constitucional, pues ello no es propio del juicio de amparo, dado que, como se dijo, es una relación trabajador-patrón que debe dirimirse en una vía ordinaria. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, registro: 2011343, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación". Y, por contenido jurídico, la tesis del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1096, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, registro: 2018679, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A ENTES QUE EN REALIDAD TIENEN EL CARÁCTER DE PATRÓN, AUNQUE SE PLANTEE LA INCONSTITUCIONALIDAD O APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). Uno de los requisitos indispensables para la procedencia del juicio de amparo es que se señalen a entes o funcionarios de los organismos públicos que actúen con las características de unilateralidad y coercitividad, de manera que si en el amparo indirecto se especifican a ciertos funcionarios como autoridades responsables, pero se deduce que en realidad tienen el carácter de patrón, es decir, que están vinculados con el quejoso por una relación de trabajo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y no es impedimento para considerarlo así, el hecho de que se reclame la inconstitucionalidad o aplicación de los Lineamientos de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en atención a que son dos situaciones íntimamente relacionadas (autoridad responsable y acto reclamado), por lo que, al no ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, no se actualiza el supuesto de admisión de la demanda, aun cuando se precise que se reclama la inconstitucionalidad de una ley u ordenamiento jurídico". En conclusión, queda demostrado que si pudiese analizarse el acto en relación a la autoridad que aceptó el acto, éste conllevaría a la actualización de la causa de 10/09/21 improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el acto reclamado no puede considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos, sino que tiene su origen en la relación laboral que el quejoso sostuvo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guadalajara, en su carácter de patrón equiparado. Es aplicable, por las razones que la integran la tesis V.2o.46 A, en la página ochocientos dieciséis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO NO ACTÚA COMO PERSONA REVESTIDA DE IMPERIO FRENTE AL PARTICULAR. En las controversias surgidas entre el asegurado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de prestaciones otorgadas por la ley que regula a este organismo público descentralizado, la actuación de éste no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, dado que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que la referida ley otorga, podrán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que si el citado artículo le da el carácter de particular al Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que puede ser demandado como tal ante la autoridad del trabajo, luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetársele al juicio de garantías, reclamándole actos que, en todo caso, podrían ser demandados ante otra instancia, como lo es el otorgamiento de una pensión o la falta de acuerdo al respecto" Lo anterior, sin perjuicio de que en contra de los actos impugnados proceda algún recurso o medio de defensa que las leyes ordinarias prevean; pero, como se señaló en párrafos que anteceden, el juicio de amparo resulta improcedente para atacar los actos de referencia. Resulta importante acotar que las anteriores consideraciones no implican una denegación de justicia en perjuicio de la parte quejosa; pues, se itera, atento al hecho de que los actos que reclama derivan de una relación laboral, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía correspondiente. Sin que lo anterior, implique que se desatienda la jurisprudencia de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE. 4; dado que, en el caso, se estima que la causa de inviabilidad es de manera patente, puesto que se insiste, la relación entre la parte quejosa y las "autoridades responsables" deriva de una relación laboral que sostuvo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guadalajara, en su carácter de patrón equiparado, por lo que se tiene la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Pues en el caso, se tiene claramente demostrado que el acto reclamado, se originó con motivo de la relación laboral del quejoso y el Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guadalajara. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, y 5º fracción II, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, procede desechar con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal.

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