Carlos Armando Espinoza Pablos
Expediente 581/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Armando Espinoza Pablos
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a tres de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la comunicación del Secretario Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, mediante la cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada; asimismo, acusa de recibo. Atento a lo anterior, dado que en este asunto no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte QUEJOSA. Culiacán, Sinaloa, veinticinco de septiembre de dos mil veinte. I. Quejoso. Carlos Armando Espinoza Pablos. II. Formación del expediente. Recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Armando Espinoza Pablos, contra actos del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil con sede en Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 581/2020; asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, aperturese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Acto reclamado. La privación de la propiedad y posesión respecto del inmueble ubicado en el poblado de Chimpilishuiste municipio de Angostura, Sinaloa, cuyo predio tiene superficie de tres mil setecientos cuarenta metros cuadrados, así como el embargo judicial en el juicio ejecutivo mercantil 628/2002 del índice del Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México y la omisión de no levantar o cancelar el mismo. Asimismo, reclama privación de la propiedad y posesión del inmueble aludido derivado de procedimientos administrativas, así como los embargos recaídos en los mismos sobre ese predio y la omisión de no levantarlos o cancelarlos. IV. Incompetencia. Respecto de los actos reclamados, este órgano jurisdiccional estima que carecer de competencia legal en razón de territorio para conocer de la demanda en estudio, ya que aun cuando autoridades con sede en esta ciudad tuvieron participación en su realización, su ejecución se llevó acabo en el poblado de Chimpilishuiste municipio de Angostura, lugar donde se encuentra ubicado el inmueble que en esta oportunidad procesal defiende el quejoso, cuya jurisdicción está a cargo de los Juzgados de Distrito de esta entidad federativa, con residencia en Los Mochis, pues es en aquélla ciudad donde el acto reclamado surtió sus efectos y consecuencias, donde se materializó los embargos reclamados; para evidenciarlo, conviene citar el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la interpretación del numeral trascrito, se desprenden tres reglas generales respecto de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo que se promuevan ante su potestad, a saber: Cuando el acto reclamado requiere ejecución material, será competente para conocer del asunto, el juez en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado dicho acto. Tratándose de actos que puedan tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, Si el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, se colige que el punto toral para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, en el caso en que el acto reclamado sea de naturaleza positiva, es decir, implique un hacer de la autoridad responsable, o bien que surta sus efectos en un distrito judicial determinado; esto es, ante un acto positivo que tiene por efecto producir alguna alteración al mundo fáctico, es el lugar donde tenga verificativo su ejecución o sus consecuencias. Relacionado con lo anterior, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dispone: XII. DECIMOSEGUNDO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Culiacán y Navolato. Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa. Establecido lo anterior, como la parte quejosa reclama en esencia, la orden de privación de la propiedad y desposesión en su perjuicio del bien inmueble conformado por una superficie de tres mil setecientos cuarenta metros cuadrados situado en el poblado de Chimpilishuiste municipio de Angostura, Sinaloa, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, ya que la ejecución material de lo reclamado tuvo su realización en la citada población, la cual pertenece a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito de esta entidad federativa, con residencia en Los Mochis, pues es en esa jurisdicción donde se localiza el inmueble que la parte quejosa defiende. Por tanto, se estima que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada en contra del acto reclamado, por lo que resulta aplicable la regla contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que estatuye que el juez competente para conocer de la demanda de garantías es aquel en que tenga ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J. 25/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 145, Libro XI, agosto de 2012, Tomo I Décima Época, de cuyo rubro y texto los siguientes: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional declara que legalmente carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y remítase la demanda y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, para el debido turno. Solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo y como autorizadas en los términos que se indican a las personas que menciona.Notifíquese personalmente.
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