Carlos Armando Escalante Alcantar
Expediente 505/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carlos Armando Escalante Alcantar
Actuaciones
- Principal
Causa estado auto que desechó de plano la demanda y se ordena archivo...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO CARLOS ARMANDO ESCALANTE ALCANTAR, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, que en lo conducente dice: "Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por Carlos Armando Escalante Alcantar, por propio derecho, por el cual promueve juicio de amparo, contra actos de la Presidenta Municipal de la Ciudad de Guaymas, Sonora, y otras autoridades. Registro y formación de expediente En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 505/2020 y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento Este órgano de control constitucional, advierte que en el caso, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleva a desechar la demanda de amparo propuesta, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, en relación con el 61, fracción XXIII, 1º y 5° fracción I, todos de la Ley de Amparo, como se verá enseguida: De la interpretación armónica y sistemática de los artículos en comento, se desprende que el juicio de derechos fundamentales resulta procedente cuando el acto reclamado se trate de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos o las garantías otorgadas por la Constitución Federal o los tratados internacionales, con la condición de que dicha violación debe ser real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo debe existir un perjuicio a la parte quejosa y éste debe ser actual e inminente. En el caso que nos ocupa, el promovente del juicio, reclama: "A) El procedimiento administrativo inexacto e ilegal aplicado al suscrito, para removerme de mi cargo como agente de la Policía del Municipio de Guaymas, así como la orden de revocar dicho cargo, llevado a cabo en uso de sus atribuciones de los Servidores Públicos de las Instituciones de Seguridad Publica, como lo es los Agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Guaymas Sonora, Corporación a la que pertenece al quejoso. B) El supuesto acuerdo de la Comisión de Honor Justicia y Promoción del Municipio de Guaymas Sonora, para cesar al suscrito, de los efectos de Cargo como Agente de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Guaymas Sonora. C) La falta de aplicación de la normatividad, reglamento, y ley estatal de seguridad pública del estado de sonora, en los procedimientos llevados a cabo por la Comisión de Honor Justicia y Promoción del Municipio de Guaymas Sonora, en contra del suscrito, para separarlo del cargo como elemento de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Guaymas Sonora. D) La inexacta aplicación del artículo 174 de la Ley Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en el supuesto procedimiento administrativo llevado a cabo en contra del suscrito para separarlo, removerlo, cesarlo, del cargo como elemento de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Guaymas Sonora. E) Todos los actos encaminados de manera directa e inminente a separarme de mis labores como Agente de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Guaymas, Sonora, bajo el pretexto de que el suscrito no desvirtué mi culpabilidad durante el supuesto procedimiento administrativo llevado a cabo en contra del de la voz para separarlo, removerlo, cesarlo, del cargo como elemento de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Guaymas Sonora. F) De la propia autoridad ordenadora reclamo, las órdenes subsecuentes, que con el carácter de inminente ha de girar al C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL y al DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA, para que cesen los efectos de mi nombramiento de la corporación y se me separe del cargo como integrante de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Guaymas Sonora, así como también el cese de los pagos de salario y demás prestaciones que devengo. G) La inexacta aplicación del Artículo 174 de la Ley de Seguridad Púbica para el Estado de Sonora, en lo concerniente a lo señalado en dicho artículo, en donde se estipula que es facultad y obligatoriedad del Presidente de la COMISION DE HONOR, JUSTICIA Y PROMOCION DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA, hacer la notificación personal al presunto infractor o procesado, debiendo de hacerse dicha notificación de sujeción a procedimiento administrativo, por dicho presidente y no por terceras personas ajenas y no integrantes de la misma comisión de honor en comento, que en la especie no ha ocurrido dicha notificación personal. H) La inexacta aplicación del Artículo 174 de la Ley de Seguridad Púbica para el Estado de Sonora, en lo concerniente a lo señalado en dicho artículo, que estipula que la audiencia que señala el mismo, deberá de celebrarse en un término no mayor a veinte días naturales posteriores al inicio de procedimiento y en el caso que nos ocupa, a la autoridad responsable le prescribiría dicho termino, derivado de la fecha que señalo para la audiencia respectiva. I) La inexacta aplicación del Artículo 174 de la Ley de Seguridad Púbica para el Estado de Sonora y la flagrante violación a mis garantías de legalidad y audiencia, en lo concerniente a lo señalado en dicho artículo, que estipula que al quejoso LE ASISTE EL DERECHO DE OFRECER EN EL DESAHOGO DE DICHA AUDIENCIA QUE MARCA EL ARTÍCULO QUE VENGO SEÑALANDO, PRUEBAS Y FORMULAR ALEGATOS POR SÍ O ASISTIDO DE.SU DEFENSOR, cuando la autoridad responsable, omite y viola mis garantías de legalidad y audiencia, al no dárseme la oportunidad de formular una debida defensa y hacer el ofrecimiento de pruebas correspondientes y estar en condiciones de impugnar y objetar las pruebas y constancias que obran en el procedimiento respectivo. J) La violación a mis más elementales garantías de legalidad y defensa, al violarse en mi perjuicio, lo establecido y estipulado en los artículos 106 y 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, toda vez que se me pretende separar y cesar de mi cargo como agente de la policía municipal de esta ciudad de Guaymas, Sonora, argumentando que la suscrita no desvirtué mi culpabilidad en el supuesto procedimiento administrativo llevado a cabo por la comisión de honor en comento, sin demostrárseme dichos acontecimientos, ni acreditar que las autoridades señaladas como responsables, cumplen con lo establecido con los artículos señalados con antelación. K) La inexacta aplicación del artículo 161 de la Ley Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en el supuesto procedimiento administrativo llevado a cabo en contra del suscrito para separarlo, removerlo, cesarlo, del cargo como elemento de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Guaymas Sonora. L) El supuesto procedimiento administrativo llevado a cabo por la comisión de honor, justicia y promoción del municipio de Guaymas, del cual manifestando bajo protesta de decir verdad nunca me ha sido notificado, para efecto de enterarme de su contenido y estar en condiciones de efectuar una defensa apropiada. M) La nula existencia de la Comisión de honor, justicia y promoción del municipio de Guaymas, toda vez que nunca se me hizo del conocimiento bajo protesta de decir verdad, de las constancias de conformación de la misma, por consiguiente cualquier acto, audiencia u protocolización, de la misma seria nula y carecería de valor. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS RECLAMO: A) Que en cumplimiento a las órdenes que se reclaman a la Autoridad Responsable ordenadoras, se me impida seguir prestando mis funciones como Agente de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Guaymas Sonora, en los términos en que lo vengo haciendo y. B) Que en cumplimiento a las órdenes que se reclaman a la Autoridad Responsable ordenadoras, se me obligue al quejoso a trabajar sin las herramientas propias del servicio, como son arma corta y larga que el suscrito tiene asignada, equipo táctico como son chaleco blindado, lámpara, radio portátil, unidad radio patrulla etc., servicio establecido sin las herramientas anteriormente señaladas, y en general que se me obligue a trabajar sin las medidas de seguridad y garantía, toda vez que el trabajo que desempeña la suscrita es considerado y clasificado por la ley en la materia, como de alto riesgo. C).- Que como consecuencia de lo anterior, se me deje de cubrir los salarios, servicios médicos del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISTESSSON) y demás prestaciones a las que tengo derecho por ley." De lo anterior, se puede advertir con claridad que se actualiza la causa de improcedencia señalada, puesto que no se trata de actos que impliquen una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya que éste fue muy claro al manifestar que de forma verbal se le hizo saber la determinación del cese del cargo que ostenta como elemento de seguridad pública. Es claro pues, que el acto que reclama el promovente, constituye únicamente una expectativa, porque no existe declarativa alguna por parte de las autoridades responsables en el sentido de que se pretenda llevar a cabo la suspensión de su cargo y mucho menos que se haya instaurado algún procedimiento con tal finalidad, por lo que su manifestación, relativa al antecedente con el que pretende accionar la vía constitucional, resulta insuficiente. En efecto, del artículo 5º de la Ley de Amparo se desprende que para ejercer la acción constitucional debe existir un agravio actual, por referirse a una situación que causa perjuicio al peticionario; así, la procedencia del juicio de amparo exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo señalado. Empero, en el caso, la referencia del quejoso constituye una confesión expresa en cuanto a que, por lo menos hasta la presentación de su demanda, no existe un acto concreto que impacte en su esfera de derechos, que haga suponer que las autoridades que señala como responsables pretendan separarlo o cesarlo del cargo, como pudiera, por ejemplo, que exista un procedimiento instaurado en su contra en el que se ordene la separación o cese que aduce y debido a ello deje de percibir ingresos. En esas condiciones, cabe decir que lo que reclama la promovente no es un acto actual ni inminente, que pueda producir afectación a su esfera jurídica y que haga procedente el juicio de amparo; por tanto, se actualiza la referida causa de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." También la tesis: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Es así, pues en el caso no se tiene la certeza clara y fundada de que efectivamente se van a realizar, en la medida de que el quejoso ni siquiera conoce el juicio dentro del cual se emitieron tales actos, lo que inclusive conlleva la posibilidad que aún no se haya dado tramite a la separación o cese que aduce en su contra; lo que desde luego no constituyen datos fehacientes y objetivos que generen la plena convicción de que va a emitirse alguna determinación en el sentido que precisa la parte impetrante, menos aún ejecutarse. Lo que ciertamente trae como consecuencia la improcedencia de su demanda por lo que a dichos actos reclamados concierne, ya que la finalidad de promover un juicio de amparo es la obtención de la protección de la Justicia Federal a efecto de restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación (mera probabilidad), como se aprecia que sucede en la especie. Estimar lo contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." En las condiciones apuntadas, al actualizarse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, específicamente la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 113 de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en bulevard Ignacio Soto No. 119, Entre Román Yocupicio y Juan José Ríos de la Colonia Periodista de esta Ciudad. Asimismo, se tiene a Miguel Ángel Castañeda Rosas, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del precepto legal citado, a Carlos Miguel Castañeda Jiménez y Alan Daniel Valdez Orozco, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional registrada ante el referido Sistema Computarizado. Habilitación de días y horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso..."
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