Carlos Armando Díaz Molina
Expediente 407/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/04/2019
Partes del expediente
- Carlos Armando Díaz Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL DIEZ DE ABRIL ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE DICTO LO SIGUIENTE: ".Ensenada, Baja California, nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran formulado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que por sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho , se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Carlos Armando Díaz Molina, para los efectos siguientes: "Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de pagar el impuesto para la Educación Media Superior; asimismo, para que se le devuelva la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de los preceptos que fueron declarados inconstitucionales y que se consignaron en el recibo **, con número de folio **, de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Baja California. Sentencia de amparo que causó ejecutoria en treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; por lo que, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la Tesorera Municipal de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad; sin embargo, el once de febrero del año en curso, se dejó sin efectos el requerimiento formulado a la autoridad en cita y se vinculó al cumplimiento al Secretario de Planeación y Finanzas del estado, con residencia en Mexicali, Baja California. En cumplimiento a ello, la autoridad de referencia, mediante oficio de diecinueve de febrero del año en curso, registrado con folio 1499 , informó que desincorporó de la esfera jurídica a la parte quejosa la obligación contenida en el artículo 8 de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2018 y los artículos 152, 153 y 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. Asimismo, mediante oficio recibido en siete de marzo del año en curso, remitió copia certificada del cheque número **, de veintiséis de febrero del año en curso, a favor de la quejosa, valioso por la cantidad de ** por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales, realizadas a la parte quejosa. Posterior a ello, la autoridad responsable mediante oficio registrado con folio 2841, recibido en este juzgado el veintiocho de marzo del año en curso, remitió copia certificada de la constancia de entrega a la parte quejosa del cheque de referencia. Probanzas a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. En las relatadas condiciones, quien resuelve determina que la autoridad, han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez que, el efecto de la ejecutoria de amparo fue para que se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de pagar el impuesto para la Educación Media Superior; asimismo, para que se le devolviera la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de los preceptos que fueron declarados inconstitucionales; y, en el caso el Secretario de Planeación y Finanzas del estado de Baja California, informó que desincorporó de la esfera jurídica a la parte quejosa de la obligación contenida en el artículo 8 de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2018 y los artículos 152, 153 y 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California y expidió a favor del aquí quejoso el cheque número **, de veintiséis de febrero del año en curso, valioso por la cantidad de **), por concepto de la restitución del pago de las contribuciones declaradas inconstitucionales; con lo cual, se dio cumplimiento cabal al fallo protector. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General 1/2009. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "DEPURABLE" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Gírese oficio con transcripción de este proveído a las autoridades para su conocimiento."
- Principal
Vista; la certificación secretarial, se advierte que mediante proveído de ocho de marzo del año en curso, se requirió a la parte quejosa a efecto de que en lo personal o por conducto de un apoderado legal, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, acudiera a las oficinas de la Dirección de Egresos del estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a recoger el cheque 0167520, expedido a su favor, por la cantidad de $670.99 (seiscientos setenta pesos con noventa y nueve centavos) e informara a este órgano de control constitucional si recibió el referido cheque. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de referencia, informa que ya recibió el aludido título de crédito. En consecuencia, requiérase a Ricardo Iván Quintana Guillins, en su carácter de Recaudador de Rentas del estado de Ensenada, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles, informe si efectivamente la parte quejosa compareció dentro del plazo aludido, a recibir el cheque en comento, apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; agréguese a los autos el oficio que remite el Gobernador del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto del Subecretario Jurídico, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en veintidós de febrero del año en curso y en su carácter de superior jerárquico de la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, manifiesta que acata en sus términos lo ordenado e informa las gestiones realizadas a efecto de que dicha autoridad de cumplimiento a la sentencia de mérito; lo anterior, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Recaudador de Rentas del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al oficio 413/2019 del índice de este Juzgado, girado al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, informa que se emitió el cheque número 0167520, de veintiséis de febrero del año en curso, a favor de la parte quejosa, por el monto de $670.99 (seiscientos setenta pesos con noventa y nueve centavos), cantidad que corresponde a la restitución del pago de las contribuciones realizadas por la parte quejosa, por las que se le otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, se tiene a la autoridad oficiante informando las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo protector. Ahora, toda vez que la autoridad de referencia, informa que el título de crédito de que se trata, se encuentra a disposición de la parte quejosa para su cobro, en las instalaciones de la Dirección de Egresos del estado de Baja California, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Baja California; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa, a efecto de que en lo personal o por conducto de un apoderado legal, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito, que acudió a las oficinas de la citada Dirección de Egresos del estado de Baja California, ubicada en el primer piso, dentro del edificio del Ejecutivo Estatal, del Centro de Gobierno del estado, con domicilio en carretera Ensenada-La Paz, número 6500, ex Ejido Chapultepec, en esta ciudad, a efecto de que reciba el aludido cheque en cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto; o bien, manifieste el impedimento legal que hubiese tenido para ello; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se le impondrá como medio de apremio una multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 4,552 expedientes
- Carlos Antonio Gastelum Inzunza404/2018
- Carlos Antonio Gastelum Inzunza435/2020
- Carlos Antonio Medina Sanchez1404/2014
- Carlos Antonio Pérez Estrada455/2021
- Carlos Antonio Vega Soto144/2016
- Carlos Armando Castañeda Acuña1021/2014
- Carlos Armando Ortega Burgueño31/2022
- Carlos Armando Ortega Burgueño115/2022
- Carlos Armando Ortega Burgueño466/2021
- Carlos Armando Ortega Burgueño53/2022
- Carlos Arturo Mora583/2017
- Carlos Arturo Mora503/2017