Carlos Ariel Méndez Franco

Expediente 285/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
285/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Carlos Ariel Méndez Franco

Actuaciones

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que en proveído de seis de marzo de dos mil veinte y por resolución de diecisiete del mismo mes y año, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en este juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada de este proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 285/2020-III, promovido por Carlos Ariel Méndez Franco, contra el acto que reclama del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 16 y 25, párrafos primero y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Carlos Ariel Méndez Franco y ante este juzgado al día siguiente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Congreso, Gobernador, Secretaría General del Gobierno, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretario de Seguridad Pública, Director de Transporte, todos del Estado de Yucatán, del Ayuntamiento de Mérida, del Presidente y Titular de la Unidad de Administrativa de Tránsito y Vialidad, todos del Municipio de Mérida, Yucatán. Segundo. Prevención de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se radicó por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el que se formuló prevención a la parte quejosa, para que especificara la denominación de una autoridad señalada como responsable, sin que haya cumplido con lo requerido. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de seis de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, los actos siguientes: - La aprobación y promulgación del decreto 155/2019 que reformó la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, específicamente el artículo 56 E Bis, que establece el pago de un derecho fiscal por concepto del otorgamiento de permiso para la realización de maniobras de carga y descarga, así como para transitar en las vialidades del estado de vehículos de carga y, el decreto 158/2019 que reforma la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, particularmente el artículo 28, que reglamentan que los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte de carga que transiten en las vías del Estado, requieren de una autorización de las autoridades competentes, ambos decretos publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; así como la aplicación de dichos preceptos, por la exigencia de pago por las cantidades fijadas en los incisos a), b), c), d) y e), de las fracciones I, V y VI del referido artículo 56 E Bis. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Secretario General del Gobierno (promulgación), Secretario de Administración y Finanzas, Titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial y Directora de Transporte de dicho instituto (en su denominación correcta), todos del Estado, así como el Ayuntamiento de Mérida y el Presidente y Director de la Policía, ambos Municipales (este último en su denominación correcta) (ejecución, esto es, la aplicación de las normas), negaron los actos que se les atribuyen, sin que exista prueba en contrario, por lo que se consideran inexistentes. Sin que se soslaye que el permiso que el quejoso exhibió con su demanda fue expedido por el Director de la Policía Municipal; sin embargo, de su lectura se desprende que no guarda relación con las normas generales reclamadas, por lo que debe prevalecer la negativa expresada por dicha autoridad. Además, el pago del derecho correspondiente se hizo ante la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal; no obstante, el quejoso no la señaló como responsable, a pesar de contar con los documentos de los que pudo advertir su participación, de modo que tampoco procedía prevenirla para ampliar su demanda. Por otra parte, no obstante que el Secretario de Seguridad Pública del Estado manifestó que eran ciertos los actos reclamados, debe precisarse que lo hizo en el entendido que a esa dependencia le corresponde aplicar las normas jurídicas reclamadas, expedir los permisos y cobrar los derechos a los que tales dispositivos hacen referencia; sin embargo, del juicio se advierte que no las ha aplicado al quejoso; por consiguiente, se considera inexistente el acto de ejecución que se le atribuyó. En esas condiciones, sobre el particular, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Actos existentes. Al rendir su informe justificado, el Gobernador Constitucional y el Congreso del Estado de Yucatán, manifestaron que son ciertos los actos que les atribuye la parte quejosa, específicamente en lo que respecta a la aprobación y promulgación y expedición de los decretos que reformaron las normas reclamadas, artículo 56 E Bis, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán y el artículo 28 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, respectivamente, por lo que se tienen por existentes. Además, debe atenderse al principio de derecho de que las normas generales no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Se invoca al respecto, por identidad de razón, la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con número de registro 209107, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." También sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191452, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." Quinto. Causal de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa respecto de los actos que el quejoso reclama, ya que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito, estudia en primer término si se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, las autoridades responsables Gobernador, y Congreso, ambos del Estado de Yucatán, argumentaron en sus respectivos informes justificados, que en el juicio se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no acreditó encontrarse entre los supuestos de las normas reclamadas, por lo que no se afecta su interés jurídico para reclamar su inconstitucionalidad. Es fundada la causal invocada por las autoridades responsables antes referidas. Efectivamente, la parte quejosa carece de interés jurídico para acudir a esta instancia judicial, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;(.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" De dichos dispositivos se desprende que la instancia constitucional resulta inviable respecto de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del numeral 5 de la propia ley, así como de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Así, es pertinente destacar que los numerales 17, fracción I, 61, fracción XII y 107, fracción I de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si una ley es o no "autoaplicativa", no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza "heteroaplicativa", se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo al plazo genérico dispuesto en el citado precepto 17 de la ley en consulta. En conclusión, una norma es "heteroaplicativa" cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su entrada en vigor, porque dicha vigencia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio del gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione su aplicación. Ahora bien, se dice actualizada la causal de improcedencia antes invocada, pues aun cuando de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa se duele de las normas generales reclamadas en tanto normas de aplicación incondicional (autoaplicativas), habida cuenta que, a su parecer, está dirigida al sector del transporte de carga que circula en las vialidades del Estado, además de ser la actividad económica a la que se dedica de manera exclusiva desde su constitución, razón por la que presentó su demanda de amparo dentro de los treinta días de que entró en vigor la norma impugnada, sin que la hubiera reclamado con motivo de haber cubierto la cuota prevista para el otorgamiento del permiso; sin embargo, en contraposición a lo pretendido, este Juzgador considera que lo que ocurre en la especie es que los actos reclamados consisten en normas jurídicas heteroaplicativas que no le han sido aplicadas a la quejosa, esto es, sin que exista un acto concreto de aplicación. En efecto, los artículos 56-E de la Ley General de Hacienda del Estado y 28 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, disponen: "Artículo 56 E BIS.- Por el otorgamiento del permiso para la realización de maniobras y el tránsito de vehículos con capacidad de carga en las vialidades del estado, se causarán derechos conforme a lo siguiente: (REFORMADA [N. DE E. CON SUS INCISOS], D.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I.- Por cada maniobra de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, de vehículos con capacidad de carga: a) De 3 a 5 toneladas 7.00 UMA b) De 5.1 a 10 toneladas 9.00 UMA c) De 10.1 a 15 toneladas 12.00 UMA d) De 15.1 a 20 toneladas 15.00 UMA e) De más de 20 toneladas 20.00 UMA . (ADICIONADA [N. DE E. CON SUS INCISOS], D.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) V.- Por el permiso anual de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, para vehículos del servicio particular, con capacidad de carga: a) De 3 a 5 toneladas 34.00 UMA b) De 5.1 a 10 toneladas 57.00 UMA c) De 10.1 a 15 toneladas 115.00 UMA d) De 15.1 a 20 toneladas 138.00 UMA e) De más de 20 toneladas 230.00 UMA (ADICIONADA [N. DE E. CON SUS INCISOS], D.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) VI.- Por el permiso anual de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, para vehículos del servicio público, con capacidad de carga: a) De 3 a 5 toneladas 57.00 UMA b) De 5.1 a 10 toneladas 115.00 UMA c) De 10.1 a 15 toneladas 172.00 UMA d) De 15.1 a 20 toneladas 230.00 UMA e) De más de 20 toneladas 345.00 UMA Ley de Transporte del Estado de Yucatán "ARTÍCULO 28. Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte de carga podrán transitar por las vías del Estado, siempre y cuando no excedan el peso, las medidas y las demás características que determine el Reglamento de esta Ley. Cuando la capacidad de un vehículo destinado a la prestación del servicio de transporte de carga sea de tres toneladas de peso o más, dicho vehículo, para su tránsito por las vías del Estado y el desarrollo de las maniobras de carga y descarga correspondientes, requerirá de la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública o del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, según corresponda, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. La autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá ser otorgada por maniobra o de manera anual, según sea el caso, previo pago del derecho correspondiente, en términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán." Como puede observarse, la norma reclamada establece los derechos que se deben cubrir para obtener el permiso para la realización de maniobras y el tránsito de vehículos con capacidad de carga en las vialidades del Estado, ya sea por maniobra o de manera anual. Permisos o autorizaciones que según el diverso numeral 28 de la Ley de Transporte, solo pueden ser expedidos, por la Secretaría de Seguridad Pública o el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado. En ese sentido, cabe indicar que ambas autoridades refirieron que no han aplicado las normas combatidas en relación con la quejosa. Por tanto, no basta referir dedicarse al servicio de transporte de carga, sino que se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión o en caso de ya contar con ello, volver a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio. Además, nuestro alto Tribunal, ha determinado que las disposiciones de observancia general que establecen o modifican el marco jurídico que regula una actividad sujeta a una concesión, permiso o autorización, en cuanto establecen los requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de actos de esa naturaleza, tienen el carácter de heteroaplicativas, y por tanto, para reclamarlas válidamente en el juicio de amparo se requiere que el quejoso demuestre un acto concreto de aplicación. Así puede concluirse al traer a colación la jurisprudencia 2a./J. 73/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236 del Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la cual se dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de invidualización condicionada las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio." De ahí que es dable concluir que en el presente caso, se actualiza en específico la segunda parte del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio cuando se reclamen normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por tal motivo, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese sentido, es de señalarse que ante el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por el quejoso, atento al contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, localizada en la página 49 del Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, registro 239006, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Carlos Ariel Méndez Franco, respecto de los actos reclamados al Congreso del Estado y otras autoridades, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con el Secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy (treinta de noviembre de dos mil veinte) en que lo permitieron las labores del juzgado.

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