Carlos Araujo Bueno

Expediente 696/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
696/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Araujo Bueno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta que antecede y dado que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por ende, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por consiguiente, archívese el presente expediente como asunto concluido, hágase la anotación en el libro respectivo y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en sus artículos 1, 3, fracción VII, 6 fracción I, 8, fracciones I y II, 15 y 18, fracción I, inciso b), que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto regular la valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Artículo 3. Glosario. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) VII. Asuntos concluidos: Los expedientes relativos a un proceso jurisdiccional en los cuales, en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable, se ha dictado su última resolución, bien sea por acuerdo que haya causado estado o porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna; o porque requiriéndola, existe proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución; Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: I. Realizar la valoración de su archivo judicial y coordinar la destrucción, depuración y transferencia, en términos de lo dispuesto en este Acuerdo; (.) Artículo 8. Criterios del resguardo de expedientes. Para efectos de resguardo documental, el archivo judicial tiene la siguiente clasificación: I. Expedientes de Trámite: Son los expedientes desde su apertura y hasta por tres años posteriores a haberse acordado su archivo como asunto concluido; II. Expediente en el Archivo de Concentración: Son aquellos expedientes que transferidos del archivo de trámite, quedan en resguardo en los depósitos del Consejo de la Judicatura Federal. Los expedientes valorados como de relevancia documental serán resguardados hasta que se cumplan setenta años con posterioridad de haberse acordado su archivo como asunto concluido. Los expedientes valorados como conservables o depurables serán resguardados hasta que se cumplan diez años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido; y (.) Artículo 9. Resguardo de Archivo de Trámite. Los archivos de trámite serán resguardados en el órgano jurisdiccional. Cumplida la temporalidad de tres años contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, los expedientes que sean objeto de transferencia, serán remitidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Artículo 10. Resguardo de Archivo de Concentración. El archivo de concentración se resguardará en los depósitos documentales dependientes de la Dirección de Archivo y Documentación. Los expedientes valorados como de relevancia documental serán resguardados hasta que se cumplan setenta años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido. Los expedientes valorados como conservables y depurables serán resguardados hasta que se cumplan diez años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido. El acceso a los expedientes que se encuentren resguardados en el archivo de concentración será restringido, en acatamiento a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al Archivo de Trámite, que se lleva en este órgano jurisdiccional. Esto, en virtud de que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del referido Acuerdo General, por ende, el presente asunto no es de relevancia documental; por lo que, una vez que cuente con más de tres años de haberse ordenado el archivo a que hace referencia el acuerdo en mención y transcurrido el plazo de noventa días, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración. Luego, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados partir del presente auto y depurado el expediente en los términos ordenados por el penúltimo párrafo del artículo 18, del mencionado Acuerdo, remítase al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal, para que lo resguarde en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta remitido por el Gerente de la Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa los actos realizados para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida a Carlos Araujo Bueno; lo anterior, toda vez que el diecinueve de enero del año en curso, se tuvo por cumplida la misma.

  3. Principal

    Acorde a lo narrado, este Juzgado Federal estima que en el presente caso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, está cumplida la ejecutoria de amparo

  4. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, nueve de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la Delegado del Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual informa los actos que realizó con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto informa que el veintinueve de octubre del año en curso, remitió memorándum BOO.0906.01.1245, al Gerente del Registro Público de Derechos del Agua, con sede en la Ciudad de México, en el que le informa que la solicitud ingresada por el quejoso Carlos Araujo Bueno, respecto del expediente administrativo CHI-L-5371-27-12-18, obtuvo resolución positiva por parte de esa autoridad, por lo que una vez realizada la debida inscripción, llevó a cabo la notificación a la parte quejosa; asimismo, para acreditar lo anterior, remite las constancias necesarias para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo de la Ley de Amparo vigente, dese vista de lo anterior a la parte quejosa, para que, en el plazo de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, exprese lo que a sus intereses convenga. En el entendido de que, transcurrido dicho plazo, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia dictada en este juicio de Amparo, está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para cumplirse.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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