Carlos Apolonio Hernández Torres

Expediente 1819/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1819/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Carlos Apolonio Hernández Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de marzo de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente asunto, de las que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del proveído emitida por este Juzgado Federal el nueve de febrero de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, nueve de febrero de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente asunto, de las que se advierte que el quejoso ******************; reclama medularmente del Gerente General de la Caja de Prevención de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, el acto consistente en: "La omisión de dar contestación a mi petición ingresada por Oficialía de Partes de la Responsable el día CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO ..." En esa tesitura, la autoridad responsable mediante el oficio número CJN/JUDC/1-11/2022 de siete de enero de dos mil veintidós, por el cual remitió su informe justificado a este órgano Jurisdiccional, manifestó lo siguiente: ********* Asimismo, remitió el oficio GPBS/01/00029/2022 de seis de enero del año en curso, suscrito por el Gerente de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, por el que dio respuesta a su petición de mérito en el siguiente sentido: "Derivado de lo anterior, la Jefatura de la Unidad Departamental de Pensiones y Jubilaciones dependiente de la Gerencia de Prestaciones y Bienestar Social, procedió al análisis de lo solicitado, por lo anterior hago de su conocimiento, que se están realizando las gestiones correspondientes para la elaboración del cálculo pertinente, a efecto de que sea enviado al área correspondiente de ésta Entidad y una vez que se emita el acuerdo que a derecho corresponda debidamente fundado y motivado, se estará en posibilidades de ser notificado; por lo anterior, se da por atendida su solicitud." Oficio que tiene el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público investido de fe pública y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones; la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firma y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documento público se le confiere eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202, del Código Procesal invocado. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en proveído de doce de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que, en el plazo de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación del acuerdo de referencia, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la autoridad consistente en la "Gerencia de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México", así como a la respuesta dada por ella. El acuerdo en comento fue notificado a la parte quejosa el trece de enero de dos mil veintidós, por lo que el plazo que le fue otorgado feneció el cuatro de los actuales, sin que a la fecha en que se proveé se haya recibido manifestación o promoción alguna a efecto de atender la vista referida. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara precluído su derecho para hacerlo. Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, es claro que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma Ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo trece de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable no había dado contestación a la petición solicitada por el directo quejoso y fue hasta el seis de enero del año en curso, que le dio respuesta, resulta evidente que en el caso cesaron los efectos de la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, aunado al hecho que la quejosa no realizó manifestación alguna respecto a la respuesta proporcionada. Lo anterior, pues no obstante que la autoridad responsable no adjuntó la constancia de notificación de la respuesta dada al quejoso, se adviértete que esta fue dirigida al domicilio que este proporcionó en el presente asunto para oír y recibir notificaciones, lo que se traduce que en el presente asunto hayan cesado los efectos de la omisión reclamada, despareciendo así la finalidad de este juicio constitucional pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. Lo que no afecta derecho alguno de la quejosa, en virtud de que en la determinación que se emitiera, conllevaría a estimar que el presente juicio es improcedente por la cesación de los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para el día diez de los actuales, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte de amparo, pues en el caso en estudio se dio vista a la parte quejosa con la respuesta dada a su petición, sin que se pronunciara al respecto, de lo cual surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, doce de enero de dos mil veintidós. Informe Justificado. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad que ahí se indica, en representación del Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado, señala domicilio y designa delegados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. De igual manera, de conformidad con el numeral 9° de la Ley antes invocada, se tienen por designados como Delegados a las personas que menciona y por señalado como su domicilio procesal el que indica, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre y cuando corresponda al de su domicilio oficial. Vista a la parte quejosa. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa, señaló como acto reclamado: "La omisión de dar contestación a mi petición ingresada por Oficialía de Partes de la Responsable el día CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO ." Así, en el informe justificado la autoridad responsable, negó el acto reclamado, señalando lo siguiente: "Contrario al argumento que afirma Carlos Apolonio Hernández Torres la Gerencia de Prestaciones y Bienestar Social de esta Entidad, fue quien atendió la solicitud de fecha 30 de abril de 2021, derivado de dicha petición se emitió el oficio número GPBS/01/00029/2022 de fecha 6 de enero de 2022, solicitando atentamente a ese H. Juzgado, se sirva notificar a la parte quejosa el acto administrativo que se exhibe . . toda vez que no existe el acto que reclama de la Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México (CAPREPOL), en virtud de que no existe contumacia por parte de la autoridad señalada como responsable . Motivo por el cual, con fundamento en los artículos 17, 108, fracciones II y III, 110 y 111 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de QUINCE DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: 1. Manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la autoridad consistente en la "Gerencia de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México", así como a la respuesta dada por ella en el oficio GPBS/01/00029/2022. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.136/2011 (9ª), sustentada por la Primera Sala, de la Décima Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, visible a página 801, con el rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Y la diversa P./J.15/2003, del Pleno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 12, cuto rubro y texto señala: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Asimismo, deberá exhibir dos copias del escrito con el cual desahogue el presente requerimiento, para correr traslado a las autoridades responsables, sin que sea necesario adjuntar otra para la Agente del Ministerio Público Federal adscrito, porque esta será notificada electrónicamente. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2001, de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible a página 79, con el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En caso de que la quejosa no realice alguna manifestación al respecto o no desahogue el requerimiento de mérito en los términos y formalidades descritas, se continuará con el procedimiento únicamente por lo que hace a la autoridad y acto expresamente señalados en autos. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el veinticuatro de los actuales y en su lugar se fijan las doce horas con cincuenta minutos del diez de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por *****************, por propio derecho; contra actos del Gerente General de la Caja de Prevención de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1819/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión. No se tramita el incidente de suspensión, toda vez que la quejosa no lo solicitó y el acto reclamado no es alguno de los previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las trece horas con diez minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, refiriéndose al número de oficio en el que se le comunique la presente determinación. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no remitir su informe justificado en los términos precisados, se le impondrá multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Además, deberá: a) Manifestar si es cierto o no el acto reclamado, en el entendido que la aceptación de su existencia no implica la admisión de su inconstitucionalidad. b) Informar a este juzgado de Distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señale a qué órgano correspondió conocerlo. c) Hacer saber a este órgano jurisdiccional sobre la cesación de efectos de los actos reclamados o la existencia de alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento del presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aún durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. d) En caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercíbase a la autoridad responsable que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados en la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos a), b), c) y d), se le impondrá multa a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, con base en el artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Obligación de las partes sobre la actualización de alguna causa de improcedencia. Hágase del conocimiento de las partes que, en términos informar de inmediato a este órgano de control constitucional si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63 de la referida ley, debiendo exhibir las constancias que la acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este juzgado le impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 251, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Apercibimiento relativo a la denominación de autoridades Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto, previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del juicio, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. Intervención del Fiscal adscrito. Dese al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a este Juzgado la intervención que le confiere el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese tenor, atendiendo a la certificación de cuenta, se autoriza la consulta y la práctica de notificaciones que deban realizarse por oficio y aún las de carácter personal, vía electrónica, a la representante social de la adscripción, en virtud de que, conforme a la referida certificación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario "****************" que corresponde a *****************. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Por lo que hace a los números celulares y correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento de los mismos, para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la documental que anexó a su escrito de demanda, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Apercibimiento para las partes que intervendrán. Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Notifíquese; y electrónicamente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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