Carlos Aparicio Zúñiga

Expediente 1061/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1061/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos Aparicio Zúñiga

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de los presentes autos se advierte que transcurrió el plazo de cinco días otorgado al quejoso para desahogar la prevención, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos:[..] I. No presentada. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de agosto del año en curso, por lo que se tiene por no presentada su demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. I. Captura en SISE. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente de manera electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de Aguas en el Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1061/2023. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Cuestión previa. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que en el caso concreto la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: "IV.- ACTOS RECLAMADOS A).LA RESTRICCIÓN TOTAL EN EL SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN MI DOMICILIO, EFECTUADA EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2023". Asimismo, solicita la suspensión para los siguientes efectos: ".*****". Ahora bien, en relación a la urgencia a que hace referencia el solicitante de amparo, debe decirse que si bien el servicio relacionado con la vivienda, como lo es el suministro de agua potable para satisfacer las necesidades básicas puede ocasionarles un perjuicio y vulnerar los derechos humanos que garantizan su otorgamiento, no se trata de un asunto en el que se reclame la deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, ni mucho menos se alegan violaciones a derechos agrarios. V. No ha lugar tramitar la suspensión como de plano. Efectivamente, como no se trata de un caso urgente en términos de los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, es claro que no es factible tramitar la suspensión como de plano, pues en todo caso debe estarse a las reglas previstas para el incidente de suspensión. VI. Prevención. Ahora, con fundamento en el artículo 108 fracción I y 114, fracciones I, III, V de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que en dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, cumpla con los siguientes requerimientos: Primero. Aclare el nombre de la parte quejosa, esto, porque en el proemio de la demanda refiere que promueve demanda de amparo ****; de igual forma, al calce de la demanda si bien se estampa una firma, no se asentó el nombre de quien corresponde la misma. Consecuentemente, deberá aclarar si ****; y de ser el segundo supuesto tendrá la obligación de acreditar el carácter con el que promueve. Por tanto, dado que la personalidad de la persona promovente es un presupuesto procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, ya que de no estar plenamente satisfecho, redunda en una irregularidad que desde luego debe ser subsanada en términos del artículo 108, fracción I, y 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 48, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Segundo. Exhiba la totalidad de su escrito de demanda, en razón a que de una revisión de la demanda original, esta consta de siete hojas y dos anexos en copia simple; sin embargo de la revisión de las copias de traslado que se anexaron a la misma, se advierte que estas constan únicamente de cinco hojas, sin que se hayan anexado la antepenúltima y penúltima hojas de la demanda de amparo original, por lo que las copias de traslado se encuentran incompletas. Tercero. Exhiba copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención. Ello, a fin de correr traslado a las partes, en términos del artículo 110 de la ley de amparo. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la quejosa y no los autorizados ni siquiera en términos amplios de ésta, debido a que aquélla entraña expresiones inherentes a la litis del juicio de amparo, que sólo puede cumplir el quejoso. Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo I, Agosto de 2014, Décima Época, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, hágasele notar a la parte quejosa que el escrito aclaratorio está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió y que la Ley de Amparo, el cual prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. VII. Apercibimiento. Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa, en términos del artículo 114 de la ley de Amparo. **** Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    AVISO: DE CONFORMIDAD CON EL INCISO C, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, AL HABER SIDO OMISA EN COMPARECER A ESTE JUZGADO FEDERAL PARA NOTIFICARSE LA PARTE TERCERO INTERESADO, NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS POR DICHA PARTE. SE PROCEDE A NOTIFICAR LA DETERMINACIÓN DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES, POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. I. Recepción de testimonio. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio */2023, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del presente asunto, un tomo de pruebas, y el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión */2022 de su índice, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo del que deriva este recurso, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Acúsese recibo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado y efectúense las anotaciones en los libros de gobierno. II. Reposición de procedimiento. De la ejecutoria de mérito, se desprende que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, determinó reponer el procedimiento en el presente asunto en los siguientes términos: ".Por consiguiente, procede a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que el Juez de Distrito deje insubsistente la sentencia recurrida así como la audiencia constitucional, admita la prueba testimonial relatada, provea respecto de su desahogo, continúe con la secuela procesal y resuelva la litis constitucional." En tal virtud, en estricto acatamiento a la resolución emitida por la superioridad, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se repone el procedimiento en el presente juicio, para efecto de proveer lo conducente. Por lo expuesto, se deja insubsistente la audiencia constitucional de veintidós de junio de dos mil veintidós y la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictadas dentro del presente juicio de amparo; y en consecuencia se provee: III. Fecha de audiencia constitucional. Se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Se admite prueba testimonial. En acatamiento al motivo de la reposición del procedimiento, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la prueba testimonial ofertada por el tercero interesado *, al tenor del interrogatorio que exhibió, a cargo de los siguientes testigos: *** Sin que se considere necesario notificarles personalmente la presente determinación, en virtud de que refiere la parte oferente de la prueba que se compromete a presentarlos el día y hora señalados para la verificación de la audiencia constitucional. a). Vista a las partes con cuestionario. Por tanto, con el objeto de preparar dicho medio de convicción, córrase traslado a las demás partes con copia del cuestionario exhibido a los cuales se ceñirá su desahogo, para que dentro del plazo de tres días, amplíen el cuestionario y así puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia, en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo concedido, se les tendrá por conformes con el cuestionario inicial. En el entendido que el interrogatorio sobre el cual versan las pruebas propuestas no podrá ser ampliado por la parte tercero interesada al ser desahogadas, pues la formulación de las preguntas sólo debe hacerse al ofrecer la prueba, debido a que las demás partes tienen el derecho de ampliar el cuestionario dentro del plazo de tres días una vez que se le da vista con el cuestionario, lo que no se observaría de formular nuevas preguntas en el momento del desahogo. Las partes deberán identificarse debidamente ante la presencia judicial con identificación oficial vigente. Apercibidos que de no cumplir con el requerimiento que se les formula, se harán acreedores a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintitrés. En el entendido de que de no comparecer los testigos sin causa justificada en la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional aquí señalada, se declarará desierta en perjuicio de la oferente. Cobra aplicación, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 484 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE PRESENTACION DE LOS TESTIGOS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA SU DESAHOGO, FACULTA AL JUEZ DE DISTRITO PARA DECLARARLA DESIERTA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, se desprende en primer lugar que la información testimonial se desahoga en la audiencia constitucional, y en segundo lugar que el oferente debe aportar los elementos necesarios para ello, como lo es exhibir el interrogatorio respectivo al momento de anunciarla y presentar a los testigos al celebrarse la audiencia constitucional. El único caso de excepción en términos del artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, es cuando éste al anunciar la prueba manifiesta su imposibilidad para lograr su comparecencia, debiéndose señalar su domicilio respectivo, para que el juez de Distrito tenga la obligación de citarlos, con el apercibimiento correspondiente. Siendo así, la circunstancia de que no se hubiera prevenido al oferente para que presentara a sus testigos en la audiencia constitucional, ello no quiere decir que el a quo al declararla desierta actúe en forma rigorista, sino atento a lo previsto en el citado artículo 151 de la Ley de Amparo." Notifíquese; personalmente a las partes, y mediante oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, así como a las autoridades responsables.

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