Carlos Antonio Tellez Castillo

Expediente 1532/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1532/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Tellez Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial 25/2019; por tanto, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: PRIMERO. Sí se actualiza el conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Carlos Antonio Téllez Castillo, a quien se deben remitir los autos y copia autorizada de esta ejecutoria; asimismo, con testimonio de esta resolución hágase del conocimiento al Juez Décimo de Distrito en el Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, para los efectos legales conducentes. En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses a partir de este proveído.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, el cual quedó registrado como conflicto competencial laboral 25/2019. Asimismo, atento al requerimiento ahí formulado por el Tribunal oficiante, dígasele que este Juzgado Federal no aceptó la competencia legal para conocer del juicio de amparo 887/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, promovido por C******, por propio derecho, que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por los motivos y razones expuestos en auto de dieciocho de octubre del presente año.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, en el que obra inserto el auto de veinticuatro de octubre del presente año, del que se aprecia que dicho órgano jurisdiccional insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, que dio origen al juicio de amparo 1532/2019, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Asimismo, informa que ordenó remitir los autos del juicio de amparo 1532/2019 al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, que por turno corresponda, con residencia en esta ciudad, para que resuelva el conflicto competencial que sobre el particular se suscitó entre el Juzgado de Distrito oficiante y este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo de mérito, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 22023/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, en el que obra inserto el auto de quince de octubre del año en curso, del que se aprecia que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, remitiendo al efecto los autos originales del juicio de amparo 887/2019, por el motivo que ahí expone. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE con el número 1532/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, el suscrito Juzgador no comparte el criterio adoptado por el juzgado declinante y por ende no se acepta la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se precisan: La competencia es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio; así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando, hallándose éste dentro del ámbito de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. De este modo, la competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. En el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecen tres reglas fundamentales para determinar la competencia territorial de los jueces de distrito, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman: Cuando el acto requiera ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo recaerá en el juez que ejerza jurisdicción en el lugar (territorio) donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Del mismo modo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el juez competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esto es, resulta de capital importancia, a efecto de definir la competencia territorial de los jueces de distrito, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Si la tiene, el juez competente será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, ha comenzado ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, la competencia recae en el juez ante el que se presenta la demanda. De igual manera, si el acto reclamado no requiere de ejecución material, la competencia se surte en favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En relación con este último supuesto, véase la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Ahora bien, a los actos que tienen ejecutividad se les conoce, doctrinaria y jurisprudencialmente, como positivos. Estos actos se traducen en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o un no hacer, y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Se traducen, pues, en un hacer positivo de la autoridad. En cambio, cuando carecen de ejecución material se les conoce como negativos. Un acto es negativo cuando a través de él la autoridad se rehúsa expresamente a obrar en favor de la pretensión del gobernado. La negación se entiende como un no conceder o en decir que una cosa no es cierta. Esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niega lo que los gobernados les solicitan. También los hay negativos con efectos positivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, ha señalado la existencia de los actos negativos con efectos positivos partiendo del conocimiento de los actos negativos; asimismo, los ha definido como: "aquellos actos aparentemente negativos, pero con efectos positivos La limitación de estos actos estriba en los efectos que producen (que se identifican con los efectos producidos por los actos positivos) y que se traducen en actos efectivos de las autoridades que tienden a imponer obligaciones a los individuos. Se distinguen también los actos declarativos. Dichos actos solamente se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes. Pues bien, el quejoso en el apartado correspondiente a los actos reclamados, señaló: *** Como se ve, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la omisión de la autoridad responsable de aplicar y hacer efectivas las multas que impone a la demandada por su contumacia en cumplir con el laudo dictado en el expediente laboral 445/2006. De lo que se sigue que el acto reclamado en esta instancia constitucional es omisivo, el cual es atribuido a una autoridad que en efecto se encuentra dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, como lo es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, quien fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, esto último es insuficiente para decretar la incompetencia que el juzgador oficiante plantea. Es decir, en el caso particular dada la naturaleza del acto reclamado, este Juzgador Federal considera que carece de ejecución material, pues su dictado no conlleva una acción, una orden, una privación, una molestia o alguna otra situación que implique un hacer positivo por parte de alguna autoridad, sino que sus efectos son meramente omisivos, se reducen a poner de manifiesto una situación jurídica particular, esto es, que en caso de conceder el amparo la autoridad responsable provea lo conducente a efecto de aplicar y hacer efectivas las multas que impone a la demandada por su contumacia de cumplir con el laudo, dictado en el expediente laboral de origen, habida cuenta que las multas que deben materializarse su cobro es al Ayuntamiento de Acapulco que reside en la jurisdicción del Juzgado oficiante. Ello se explica en el sentido de que, si bien la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, lugar en donde en efecto este Juzgado Federal ejerce jurisdicción; sin embargo, se considera que ello no es motivo suficiente para determinar la competencia del suscrito juzgador para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, toda vez que el domicilio en el particular como se dijo no es determinante. Lo anterior es así, en virtud que el hecho que la autoridad responsable resida en el lugar en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal no es una regla que prevea el artículo 37 de la citada Ley, más bien es una regla para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio para conocer del juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Amparo, no así, para los Juzgados de Distrito (que conocen del amparo indirecto), por lo que en el caso particular se estima que debe ser el Juez Federal que previno el competente para conocer la demanda, por las razones apuntadas. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 141/2015 (10a., sustentada por la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, Décima Época, bajo el registro: 2010273, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, visible en la página 1681, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del artículo 34 de la Ley de Amparo se advierte la existencia de 2 reglas para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo directo: una general y otra especial. En efecto, en su párrafo segundo, establece que la competencia de dichos órganos jurisdiccionales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado (regla general), mientras que su párrafo último dispone que, en materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, el competente será el que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (regla especial. Así, cuando la sentencia o resolución recurrida dictada por un tribunal agrario no requiera de ejecución material, como por ejemplo, cuando en tal decisión se desechó un recurso, no se actualiza el supuesto normativo previsto en el párrafo último del mencionado numeral 34, sino el del segundo, en razón de que sólo se trata de una resolución de segunda instancia que produce consecuencias y efectos meramente declarativos; por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo directo contra esa decisión, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable. Asimismo, debe decirse que tampoco se comparte el hecho de que, como lo refiere, las partes se hayan sometido y aceptaron la jurisdicción de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad), pues dicho tribunal laboral -único- es un Órgano Colegiado encargado de resolver los conflictos que se susciten en materia laboral entre el Estado y sus trabajadores, en toda la entidad federativa, lo cual llevaría al extremo de que al residir en esta ciudad todas las secretarías del Ejecutivo, del poder legislativo y judicial del Estado, este último en su mayoría, todos los juicios de amparo los tendrían que conocer los Juzgados de Distrito que residen en esta ciudad. De igual forma, tampoco resulta aplicable al caso la jurisprudencia del rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. que se invoca para aceptar la competencia planteada, porque justamente atiende a las razones que este juzgador se apoya al tratarse de actos que tienen una ejecución material. Del mismo modo, la hipótesis dilucidada en el Conflicto Competencial 1/2019, resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, la litis dilucidada es diversa a la que se refiere en el caso particular, de ahí que no deba atenderse dicho precedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada; por ende, se ordena devolver al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, el juicio 887/2019, de su índice, promovido por ***, por propio derecho, que dio origen al presente asunto; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y demás constancias que se consideren necesarias. Sin que haya necesidad de ordenar notificación a la parte quejosa o a las autoridades responsables dado el sentido del presente proveído en virtud de que no se aceptó el conocimiento del asunto en que se actúa. Notifíquese.

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