Carlos Antonio Orozco González

Expediente 956/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
956/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Orozco González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA V. DEVOLUCIÓN DE PIEZA POSTAL. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2 agréguese al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, la guía postal devuelta por Correos de México, que contiene el oficio 3840/2021, dirigido a la autoridad responsable "Complejo Penitenciario Islas Marías", de la que se advierte la leyenda "Cambio de Domicilio". Atento a lo anterior, agréguense únicamente para que obre como correspondan, en razón de que por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario constitucional, y el doce de abril de dos mil veintiuno se ordenó su archivo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa V DEVOLUCIÓN DE PIEZA POSTAL. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, las guías postales devueltas por Correos de México, que contienen los oficios 18583/2020 y 1672/2021, dirigidos a la autoridad responsable "Complejo Penitenciario Islas Marías", de la que se advierte las leyendas "devuelto rehusado a recibir"". Atento a lo anterior, agréguense únicamente para que obren como correspondan, en razón de que por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario constitucional, y el doce de abril de dos mil veintiuno se ordenó su archivo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA V CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, contra el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado para los efectos legales conducentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa y se concedió la suspensión de plano (artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo en cita aplicado por analogía y apartado 7.4 del Manual para la Organización de archivos vigente). 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia), y a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario (a) encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese

  4. Principal

    MESA V Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del cual se advierte que por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio constitucional, sin que a la fecha se cuente con la notificación a la parte quejosa de dicha determinación en el domicilio procesal señalado para tal efecto. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito para que proceda a realizar la notificación del auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, de manera personal a la parte quejosa en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE AGREGA INFORME. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguense al expediente electrónico y físicamente a los autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan, únicamente para que obre como corresponda, el telegrama remitido por el Encargado del Proceso de Cierre del Desincorporado Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", mediante el cual informa que dicho centro de reclusión fue desincorporado del sistema penitenciario; lo anterior, en razón de que por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. AUTO DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. REANUDACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, así como la circular SECNO/10/2021, en la que se comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal para adoptar medidas especiales del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se acuerda: Por ende, se ordena la reanudación del presente juicio de amparo, sin que sea necesario señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en inteligencia de los razonamientos que se verterán en la presente reanudación. Sin que sea el caso de notificar personalmente a las partes la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, ya que atento a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 21/2020 y acuerdos de prórroga subsecuentes, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la suspensión de labores de este órgano jurisdiccional se originó por causa de fuerza mayor, a saber el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS COV-2, cuyos factores de riesgo aún subsisten y afectan las actividades diarias; por lo que aún impera la contingencia de salud en comento, lo que pondría en riesgo innecesario al personal adscrito a este órgano jurisdiccional; de ahí que se estima suficiente la publicación del presente proveído en las listas de acuerdos y electrónica de este juzgado para el conocimiento de las partes. Además, los acuerdos generales precitados se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, razón por la cual las partes estuvieron en aptitud de conocer -en primer lugar, la suspensión de los plazos y términos de los asuntos que se tramitan en el juzgado y -en segundo- la reanudación de los juicios y la reincorporación física y paulatina del personal. Amén de que la fecha de la audiencia constitucional se ha señalado con anticipación suficiente para que las partes tengan pleno conocimiento de la misma. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese contexto, el acto que se reclama a través del presente juicio de amparo es: La orden de traslado a diversa celda y/o penal, así como su ejecución. Así las cosas, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la letra dicen: "(.) Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. (.) Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.)" La Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. De igual forma, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Recientemente, nuestro Alto Tribunal, en el criterio que más adelante se invoca, ha establecido que respecto de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o la apelación en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate; lo que conduce a concluir que la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se erige dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. En consecuencia, al actualizarse, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, con relación al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado a diversa celda y/o penal, por no haberse agotado en su contra el principio de definitividad, procede sobreseer este juicio de amparo fuera de audiencia. La anterior determinación tiene sustento en las resoluciones pronunciadas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). AGREGA INFORME. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese sin mayor proveído, al expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, el oficio de cuenta suscrito por el Director General del Centro Federal y Readaptación Social Número Uno "Altiplano", a través del cual, rinde informe justificado; lo anterior, porque el cinco de enero del año en curso, se acordó similar promoción. RESERVAS. 1) INFORMES DE JUSTIFICADOS Y DE SUSPENSIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Del estado procesal que guarda el juicio de amparo, se advierte que mediante proveídos de veinticinco de enero y cuatro de febrero del año en curso, se reservó acordar lo conducente en torno a los informes justificados y de suspensión de cumplimiento a la suspensión de plano rendidos por las autoridades: Titular de Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y del Coordinador General de Centros Federales (ambas en su denominación correcta). Encargada de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social. 2. VISTA POR DENOMINACIÓN DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Asimismo, por autos de veintisiete de enero y doce de febrero del cursante, se reservó acordar lo conducente en torno al oficio suscrito por el Encargado del Proceso de Cierre del Recién Desincorporado Centro Federal de Readaptación Social No. 3 "Noreste", a través del que informó que el quince de diciembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial el acuerdo mediante el cual se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número 3 "Noreste" por lo que no está en posibilidad de rendir informe justificado; y, lo relativo a la pieza postal devuelta por correos de México, dirigida a la citada autoridad con la leyenda "Rehusado x desincorporado del Sistema Penitenciario". En esa tesitura, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes relativos al cumplimiento de la suspensión de plano. De igual forma, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que designan las autoridades y por autorizados para tal efecto a las personas que se mencionan, en los oficios que se atienden. Finalmente, respecto a los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas con antelación así como de la pieza postal devuelta, no se hace mayor pronunciamiento en virtud de lo acordado en el presente proveído. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes, así como la circular SECNO/10/2021, en la que se comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal para adoptar medidas especiales del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese

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