Carlos Antonio Núñez Moreno

Expediente 138/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
138/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Núñez Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, siete de julio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 138/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, siete de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data veintidós de mayo de dos mil veintitrés (fojas 21 a 26 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Fiscal Tercero Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data veintidós de mayo de dos mil veintitrés (fojas 21 a 26 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Fiscal Tercero Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa de las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días respecto del informe rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se da cuenta con la promoción recibida vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con registro 9810. El juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias, y en razón de que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Por otra parte, atento al escrito de cuenta, recibido en línea y signado de manera electrónica por José Hugo Martínez Cerezo, autorizado de la parte quejosa, que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente: En atención a su contenido, téngase al autorizado de la parte quejosa haciendo manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellos, en la presente audiencia constitucional, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las constancias que remitió el Fiscal Tercero Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas, con sede en Veracruz, Veracruz, como justificación de sus actos, y con ellas se ordenó formar un cuaderno de pruebas. El juez acuerda: se admiten y desahogan dichas probanzas por su propia y especial naturaleza, acorde a lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; al no existir pruebas pendientes de relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, en términos del numeral 124 del cuerpo legal antes citado, la secretaria da cuenta con las manifestaciones que el autorizado de la parte quejosa hizo en mediante escrito acordado en la presente audiencia, y hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior el juez acuerda: con fundamento en el numeral aludido téngase por reproducidas las manifestaciones del autorizado de la parte quejosa a título de alegatos, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se aprecia que las demás partes no formularon manifestaciones en esta vía, se declara cerrada la presente etapa. A continuación, el juez procede a dictar sentencia: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 138/2023 y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Carlos Antonio Núñez Moreno promovió demanda de amparo, contra actos del Fiscal Tercero Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas, con sede en Veracruz, Veracruz, los cuales más adelante se precisarán (fojas 02 a 07). SEGUNDO. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo aludida (fojas 08 a 11). Inconforme con esa decisión la parte quejosa hizo valer recurso de queja, por lo que mediante ejecutoria de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, declaró fundado dicho recurso, revocó el desechamiento de la demanda y, ordenó que, en caso de no existir diversa causa de improcedencia o motivo para prevenir dicha demanda, se admitiera a trámite (en línea). TERCERO. En acatamiento a la determinación de la Superioridad, por auto de cuatro de mayo del presente año, se admitió a trámite la demanda de mérito, donde se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó hora y fecha para celebrar audiencia, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede (fojas 27 a 30). Mediante diligencia de nueve de mato de la presente anualidad, se emplazó al juicio a la tercera interesada Nincy Ariana Montalvo Espinosa (foja 38). Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 42 y un tomo de pruebas) así como constancia de notificación del Fiscal Adscrito a este Juzgado (foja 36) y de la tercera interesada (foja 38) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que afecta el derecho a acceso a la justicia, así como debido proceso en perjuicio del gobernado, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no tiene ejecución material por lo que corresponde su resolución al juzgado que previno en su conocimiento. SEGUNDO. Fijación de acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: Las diligencias realizadas dentro de la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F3/3393/2022 del índice estadístico de la Fiscal responsable, a pesar de carecer de competencia legal. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no la existencia de dicho acto. TERCERO. Certeza de acto. El Fiscal Tercero Especializado en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas del DXVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado acepto la existencia de los actos reclamados (foja 42). Lo anterior se corrobora, con las constancias que remitió junto con su informe justificado (con las que se formó un cuaderno de pruebas) documentales a la que, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, se le confiere valor probatorio pleno al tratarse de documento público expedido por un servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. CUARTO. Improcedencia del juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, a criterio de este juzgador, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, de las copias certificadas de la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F3/3393/2022 del índice de la Fiscalía responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes: a).- El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la aquí tercera interesada Nincy Ariana Montalvo Espinosa, presentó denuncia ante la Fiscalía responsable en contra de su esposo Carlos Antonio Núñez Moreno, por los hechos cometidos en su agravio, por los hechos en apariencia de violencia familiar, radicándose en consecuencia la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F3/3393/2022 (fojas 1-4 del tomo de pruebas). b).- Después de diversa diligencias de investigación, mediante auto de veintinueve de mayo de la presente anualidad emitido en la carpeta de investigación de origen, el Fiscal responsable se declaró incompetente para continuar conociendo de la misma, por razón de territorio; y en consecuencia, remitió los autos a la Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas, para que, por su conducto, sea remitido al Fiscal General de Puebla a fin de que lo turne al Fiscal competente (foja 88 del tomo de pruebas). Hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable emitió un nuevo acto que incide en la omisión de acordar lo conducente en relaciona la solicitud que le formuló la parte quejosa, sustituyéndose la omisión por ese acuerdo. Lo anterior es así, pues se estima que la falta de competencia de que se duele el quejoso y que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (veintitrés de febrero de dos mil veintitres) ha quedado superada, por el auto de veintinueve de mayo del dos mil veintitrés, a través del que se declaró incompetente por razón de territorio. Esto es, mediante acuerdo de veintinueve de mayo del dos mil veintitrés, dentro de las actuaciones de la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F3/3393/2022, se destaca que el fiscal responsable se declaró incompetente para continuar conociendo de la misma (foja 88 del tomo de pruebas). Por tanto, la falta de competencia que se atribuye al fiscal responsable, para continuar conociendo de la carpeta de investigación de origen, quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado. De lo anterior, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento de dicha determinación al momento en que se le dio vista con el informe rendido por el fiscal responsable, así como de las constancias con que lo acompañó, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F3/3393/2022 (de entre las que destaca el acuerdo de veintinueve de mayo de la presente anualidad, donde la responsable se declaró incompetente, por razón de territorio, para continuar conociendo de dicha indagatoria) que lo fue precisamente mediante proveído de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, notificándosele por lista de acuerdos el uno de junio siguiente Luego, si la parte quejosa conoció del acuerdo en que se declaró incompetente el fiscal responsable para continuar conociendo de la carpeta de investigación de origen; por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la falta de competencia reclamada, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la afectación a la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado en los artículos 1º, 16, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Carlos Antonio Núñez Moreno, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de emplazamiento realizada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, y en atención a su contenido, téngase por emplazada al presente juicio de amparo a Nincy Ariana Montalvo Espinosa, tercera interesada en el presente asunto, y proporcionando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la diligencia. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta zona conurbada, cierto y exacto para tal efecto. AUTORIZADO Por otro lado, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Areli Turrent González, puesto que acredita la calidad de licenciada en derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. En otro orden de ideas, atento al oficio de cuenta, recibido en línea y signado de manera electrónica por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente: Como lo solicita, de conformidad con el invocado Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet, con el usuario CELF68, siempre y cuando se encuentre registrado ante el sistema implementado por el propio Consejo. Notifíquese en términos de ley.

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