Carlos Antonio Jimenez Borjas

Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
103/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Jimenez Borjas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 4-A. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. ANOTACIONES De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente principal, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del cuaderno en comento. DIGITALIZACIÓN Previo a su destrucción, en cumplimiento al cardinal 25 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria encargada del presente expediente, para que verifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa

  2. Principal

    MESA 4-A. Vista la demanda de amparo que promueve XXXXXXXXX, contra actos y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES "ORDENADORAS Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con domicilio conocido en la Ciudad de México. Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con domicilio conocido en la Ciudad de México. EJECUTORAS: Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 3, ubicado en carretera costera Tapachula-Huixtla en el kilómetro 12.5 en esta ciudad de Tapachula, Chiapas. Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad en el Estado de Chiapas, con domicilio en 4ª Poniente Norte número 610, barrio Colón, en esta ciudad capital. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS", ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas." ACTOS RECLAMADOS "De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, reclamo específicamente la ORDEN DE TRASLADO, del lugar donde se me decretó la detención judicial y se me tomó mi declaración preparatoria que es el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 3, con sede en esta Ciudad, y me quieren trasladar al Centro Penitenciario Federal del Centro de Readaptación Social número 15 "CPS", ubicado en el municipio de Villa Comatitlan, Chiapas. De las autoridades ejecutoras, reclamo el cumplimiento que le pretenden dar a dicha orden de traslado, así como la incomunicación y maltrato psicológico sufrido en mi persona." ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 103/2022, mesa 4-A. DESECHAMIENTO Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito en esencia, se aprecia que, es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De manera que una orden de traslado puede ser sujeta a revisión directamente ya sea por el juez de ejecución o de control mediante dicho mecanismo de defensa, el cual prevé la suspensión del hecho u acto que lo motive. Por tanto, la parte quejosa, previo acudir al amparo, debió y debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal la cual faculta incluso al Juez de Ejecución o Juez de Control para determinar si el acto que reclama es urgente o no. Lo que implica la posibilidad real de que un acto positivo (como sería la orden de traslado) sea suspendido por el juez que corresponda, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano, en términos del artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya medida que prevé tiene los mismos efectos que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos ni plazos que los que ésta consigna para conceder la suspensión provisional. Lo que permite establecer que se cumple con el requisito exigido por el precitado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para que el acto sea suspendido por el juez respectivo. De ahí que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo a reclamar una orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas debió agotar el citado mecanismo de control que regula la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que dicho acto es susceptible de impugnarse a través de aquél medio. De manera pues, que en el caso de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. De ahí que, si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión -no ejecutada-, atribuida a autoridades administrativas, sin que previamente hubiera agotado el citado medio de control, es que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad. De ahí que por lo expuesto es que en la especie se actualiza, como se dijo, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX; y, por tanto, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, ante su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que en la demanda de amparo se señale que reclama - entre otros- el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incomunicación y maltrato psicológico o que refiera que "teme que [si se le traslado] sea incomunicado o maltratado psicológicamente", puesto que dichas manifestaciones únicamente constituyen actos futuros de realización incierta, basada en un temor acerca de lo que pudiera ocurrir, empero, que no son actos inminentes, pues, de hecho, el traslado que reclama está sustentado su conocimiento por "información extrajudicial". DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en XXXXXX y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a XXXXXXXXX, en virtud que Si se encuentra inscrita su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    (CITATORIO PARA LA PARTE QUEJOSA). MESA 4-A. Vista la demanda de amparo que promueve XXXXXXXXX, contra actos y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES "ORDENADORAS Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con domicilio conocido en la Ciudad de México. Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con domicilio conocido en la Ciudad de México. EJECUTORAS: Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 3, ubicado en carretera costera Tapachula-Huixtla en el kilómetro 12.5 en esta ciudad de Tapachula, Chiapas. Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad en el Estado de Chiapas, con domicilio en 4ª Poniente Norte número 610, barrio Colón, en esta ciudad capital. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS", ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas." ACTOS RECLAMADOS "De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, reclamo específicamente la ORDEN DE TRASLADO, del lugar donde se me decretó la detención judicial y se me tomó mi declaración preparatoria que es el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 3, con sede en esta Ciudad, y me quieren trasladar al Centro Penitenciario Federal del Centro de Readaptación Social número 15 "CPS", ubicado en el municipio de Villa Comatitlan, Chiapas. De las autoridades ejecutoras, reclamo el cumplimiento que le pretenden dar a dicha orden de traslado, así como la incomunicación y maltrato psicológico sufrido en mi persona." ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 103/2022, mesa 4-A. DESECHAMIENTO Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito en esencia, se aprecia que, es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De manera que una orden de traslado puede ser sujeta a revisión directamente ya sea por el juez de ejecución o de control mediante dicho mecanismo de defensa, el cual prevé la suspensión del hecho u acto que lo motive. Por tanto, la parte quejosa, previo acudir al amparo, debió y debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal la cual faculta incluso al Juez de Ejecución o Juez de Control para determinar si el acto que reclama es urgente o no. Lo que implica la posibilidad real de que un acto positivo (como sería la orden de traslado) sea suspendido por el juez que corresponda, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano, en términos del artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya medida que prevé tiene los mismos efectos que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos ni plazos que los que ésta consigna para conceder la suspensión provisional. Lo que permite establecer que se cumple con el requisito exigido por el precitado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para que el acto sea suspendido por el juez respectivo. De ahí que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo a reclamar una orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas debió agotar el citado mecanismo de control que regula la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que dicho acto es susceptible de impugnarse a través de aquél medio. De manera pues, que en el caso de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. De ahí que, si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión -no ejecutada-, atribuida a autoridades administrativas, sin que previamente hubiera agotado el citado medio de control, es que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad. De ahí que por lo expuesto es que en la especie se actualiza, como se dijo, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX; y, por tanto, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, ante su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que en la demanda de amparo se señale que reclama - entre otros- el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incomunicación y maltrato psicológico o que refiera que "teme que [si se le traslado] sea incomunicado o maltratado psicológicamente", puesto que dichas manifestaciones únicamente constituyen actos futuros de realización incierta, basada en un temor acerca de lo que pudiera ocurrir, empero, que no son actos inminentes, pues, de hecho, el traslado que reclama está sustentado su conocimiento por "información extrajudicial". DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en XXXXXX y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a XXXXXXXXX, en virtud que Si se encuentra inscrita su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación

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