Carlos Antonio Guevara Ramón

Expediente 376/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
376/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Guevara Ramón

Actuaciones

  1. Principal

    Devuélvase documentales previo cotejo y razón que por su recibo se deje en autos.

  2. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, siete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Antonio Guevara Ramón, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 376/2018. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora, en el particular, se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en el inciso relativo, que procederá el juicio de amparo indirecto contra actos dentro del procedimiento que sean de imposible reparación. Por tanto, cuando los actos reclamados no sean de los considerados como de imposible reparación, el juicio de amparo será improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Cabe precisar que como actos de imposible reparación, se consideran aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, no se considerarán como tales cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales, pues no dañan a las partes ni siquiera en grado predominante o superior. Lo cual sucede por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del juicio. Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), con número de registro 205651, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Así, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste, el gobernado no los tenía y, si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara en favor del mismo agraviado podría tener como efecto su restitución, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado. En caso contrario, si la sentencia fuera contra el afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamarlas a través del juicio de amparo que correspondiera. Es aplicable la tesis I.13o.A.3 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1742 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII (marzo de 2001), con epígrafe: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo que se sigue, que si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente, ni en grado predominante o superior alguno adjetivo, se considera que los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? La resolución incidental de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho dictada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad en el expediente número 519/VI/2017, de su índice, mediante la cual declaró procedente el incidente de competencia por razón de materia planteado por la demandada y declinó la competencia para conocer y resolver sobre dicho procedimiento al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. De lo anterior, se observa que la resolución combatida es un acto que, por el momento, no afecta derechos sustantivos del quejoso al producir únicamente efectos intraprocesales, motivo por el cual no puede considerarse de irreparable ejecución. Pues cualquier afectación que éste pudiera resentir, dependerá de las actuaciones posteriores que se deben verificar en ese mismo procedimiento, como lo sería la aceptación de la competencia planteada a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Esto es así, en razón de que cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto y, no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto; pues mientras esto no ocurra, no puede decirse que el procedimiento de competencia por declinatoria, sea definitivo. Por lo que será únicamente hasta ese momento, que podrá apreciarse si se vulneraron las defensas del quejoso, causándole agravio y, de ser así, la misma podrá ser motivo de impugnación en el juicio de amparo indirecto correspondiente, en caso que el aquí promovente así lo considerara conveniente a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis sustentada por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, publicada en la página 5, Tomo I, Materia Común, Agosto de dos mil quince, con número de registro 2009721, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así como, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 267, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 216, Tomo V, Materia Laboral, del Apéndice dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO." De ahí que si el acto reclamado, por el momento, dada su naturaleza procesal, no genera una afectación real, actual e inmediata a derecho alguno del quejoso, se concluye que el mismo no constituye acto de imposible reparación y que, por tanto, el juicio de amparo indirecto que se insta resulta improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO. Consideraciones anteriores, que se ven robustecidas con el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en la sesión de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en relación con la queja 24/2018 de su índice. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Javier Camacho Acosta, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de este proveído a las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.

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