Carlos Antonio Flores Sierra
Expediente 372/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Antonio Flores Sierra
Actuaciones
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintiocho de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********** por derecho propio, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido; el cual es destruible en términos del artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que sin resolver el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por derecho propio, contra actos del Instituto de la Función Registral de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 372/2023-IV. En ese sentido, del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: -Del Instituto de la Función Registral del Estado de México con sede en Tlalnepantla, Estado de México; el aviso preventivo respecto al folio real 00008177; y, -Del Notario Público 104 de Naucalpan, Estado de México; la solicitud de la anotación preventiva derivado de la escritura de un bien inmueble, relacionado con el folio real 00008177. Al respecto, este juzgador federal estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII. Para demostrar lo anterior, en principio, es importante distinguir entre la titularidad de un interés jurídico o legítimo y la posibilidad de acreditarlo. La anterior distinción cobra relevancia en la medida en que existen casos en los que del análisis de la demanda y del acto reclamado, se advierte sin lugar a dudas que la parte quejosa carece de un interés jurídico o legítimo para la promoción del juicio de amparo; sin embargo, en otras ocasiones, de los elementos relatados en la demanda, pudiera desprenderse la titularidad de un interés jurídico o legítimo, en cuyo caso debe existir la posibilidad de demostrarlo durante la sustanciación del juicio de amparo. En este último caso, no es necesario que se acredite plenamente la titularidad del derecho o del interés legítimo desde la presentación de la demanda, ya que tal extremo se encuentra estrechamente vinculado con un aspecto que debe ser analizado y valorado en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo; por tanto, basta que al proveer sobre la demanda se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés jurídico o legítimo para admitirla a trámite y darle oportunidad de demostrar esa situación. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho del que es titular la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que señala: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Dicho principio es recogido en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: "5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Derivado de estas normas, tenemos que el juicio de amparo solamente procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Por lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa. En efecto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene la parte quejosa en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclame lesione de manera directa el derecho del que es titular. En ese contexto, en el acto reclamado respecto al Notario Público 104 de Naucalpan, Estado de México, solicitó al Instituto de la Función Registral del Estado de México con sede en Tlalnepantla, inscribiera la anotación del aviso preventivo respecto del folio real 00008177; bajo ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que el hecho de que ese notario Público haya solicitado dicho registro, y que dicha autoridad lo haya realizado, ello no afecta un derecho subjetivo de la parte quejosa y, por consecuencia, su esfera jurídica no se ha visto alterada, razón por la cual, carece de interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo los actos que reclama. Lo anterior es así, ya que las anotaciones preventivas, son actos declarativos que, propiamente, no producen consecuencias jurídicas, toda vez que su naturaleza no implica la modificación de derechos existentes. Ello, encuentra sustento en el artículo 8.2 del Código Civil del Estado de México, el cual establece que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico, pero no de su inscripción, cuya finalidad es dar publicidad y no constituir el derecho; asimismo, porque la anotación es el acto procedimental que en relación con el contenido de una inscripción, deja constancia en forma preventiva o provisional de una situación jurídica que limita, grava o afecta el derecho o bien que ampara aquella inscripción. Más aún, porque el numeral 8.25 del precitado ordenamiento legal, estatuye que el Registrador procederá a anotar, de inmediato el aviso preventivo, lo cual tendrá vigencia de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de presentación de la solicitud (de anotación). Empero, en el caso, la anotación del aviso preventivo, no afecta un derecho subjetivo de la parte quejosa y, por consecuencia, su esfera jurídica no se ha visto vulnerada; por tanto, carece de interés jurídico para impugnar el acto que reclamada a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con número de registro digital 232800, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y nueve, volumen 90, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, séptima época, con el rubro: "REGISTRO PUBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL". Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis con número de registro digital 215643, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página quinientos cuarenta y cinco, del tomo XII, agosto de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, con el rubro: "REGISTRO PUBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES EN EL". En tal virtud, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el correo electrónico que proporciona no está contemplado en la Ley de Amparo. Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona a fin de establecer contacto en caso de que se considere necesario durante la tramitación de este juicio. Finalmente, no pasa inadvertido por el suscrito que no señala autorizados a efecto de oír y recibir notificaciones. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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