Carlos Antonio Duque Chavez
Expediente 1328/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Antonio Duque Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN SIGUIENTE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devolución de anexo. Devuélvase a la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cuaderno de pruebas que remitió como justificación a su informe de ley. Archivo Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
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Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devolución de anexo. Devuélvase a la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cuaderno de pruebas que remitió como justificación a su informe de ley. Archivo Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México; en atención a su contenido, dígasele que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa y aceptó la competencia planteada, quedando registrado con el número 552/2021, de su índice, ordenando en consecuencia el archivo del presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido el siete de febrero de dos mil veintidós. Devolución al archivo. Finalmente, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, vuelvan los presentes autos al archivo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio al juzgado oficiante.
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Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto de la omisión reclamada se actualiza una causa de improcedencia. En ese tenor, a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda y constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: - La omisión de emitir las determinaciones respectivas a efecto de que la autoridad demandada de cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 1171/20-25- 01-8-OT de su índice. Cabe destacar que en relación con dicho acto reclamado, de los antecedentes que vierte el quejoso bajo protesta de decir verdad, y de los anexos que se allegaron al sumario, se advierte lo siguiente: a) Con fecha tres de agosto de dos mil veinte, presentó ante la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, demanda de nulidad en contra del Subdelegado de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Delegación Estatal San Luis Potosí, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reclamando la nulidad de la negativa ficta relativa a su escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. b) Dicha demanda fue admitida el siete de septiembre de dos mil veinte, y radicada bajo el número de expediente 1171/20-25-01-8-OT. c) Seguido el juicio por sus etapas legales, con fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva, a través de la cual se declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada, ordenando a la autoridad demandada emitir una nueva resolución en los términos precisados en la misma. d) Mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, se decretó que la sentencia definitiva quedó firme y causo ejecutoria el catorce de julio de dos mil veintiuno. e) Con fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, el autorizado del quejoso interpuso queja por omisión al cumplimiento de la sentencia ante la responsable. f) El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió la resolución respectiva, a través de la cual declaró fundada la queja, requiriendo a la autoridad demandada para que en el plazo de tres días hábiles diera cumplimiento a la sentencia de mérito. g) Siendo que los tres días otorgados en la resolución señalada en el inciso que antecede, transcurrieron sin que la misma diera cumplimiento a lo requerido, con fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, el quejoso solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento con que se conminó a la autoridad demandada en la aludida resolución h) Finalmente, con fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se agregó a los autos del expediente de origen el oficio 5019/2022, recibido en la oficialía de partes de esa Sala, el trece de octubre del año en curso, mediante el cual la autoridad demanda, exhibió el diverso comunicado 24.5.4.J/2580/2022, de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento a la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, con el cual se ordenó dar vista a la parte actora aquí quejosa. Precisado lo anterior, cabe señalar que a efecto de que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Debe decirse que las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que el quejoso pretende. Así, por las razones expuestas a continuación, la suscrita considera que en relación con el acto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." De conformidad con dicho dispositivo legal, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Debe destacarse que en torno a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El criterio a que se hace alusión por su contenido, es la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Ahora bien, en primer término, es menester precisar que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar de la autoridad responsable, la omisión de hacer efectivos los apercibimientos con que se conminó a la autoridad demandada Subdelegado de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Delegación Estatal San Luis Potosí, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dé cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 1171/20-25-01-8-OT. Por otro lado, de los anexos que se acompañaron al informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que la autoridad demandada compareció a informar y exhibir el oficio 24.5.4.J/2580/2022, datado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en San Luis Potosí, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto resulta inconcuso que se ha modificado el entorno del acto reclamado, consistente en la omisión de emitir las determinaciones respectivas a efecto de que la autoridad demandada de cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 1171/20-25- 01-8-OT de su índice. Lo anterior, pues en auto de diecinueve de octubre del presente año, emitido en el referido expediente administrativo de origen, se advierte se tuvo por recibido el oficio mediante el cual la autoridad demanda compareció a informar respecto al cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, con el cual se ordenó dar vista a la parte actora. Motivo por el cual, en el eventual caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues no obstante que se haga efectivo a la autoridad demandada en el juicio de origen, el apercibimiento con que se le conminó al no haber acreditado el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en dicho controvertido, lo cierto es que ya se encuentra surtiendo efectos la nueva determinación emitida el diecinueve de octubre de la anualidad en curso, a través de la cual la responsable tuvo a la autoridad demandada informando el cumplimiento del fallo definitivo dictado en el juicio de nulidad de origen. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.
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