Carlos Antonio Cruz Miranda

Expediente 2742/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2742/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Cruz Miranda
  • Representante Local del Instituto Nacional de Migración, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    ...se advierte que la autoridad responsable aún acredita que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de derechos fundamentales, promovido por Mayra Liliana Arredondo Tapia madre de la menor de iniciales A.E.B.A., a quien se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a efecto de que el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, residente en esta localidad, proveyera sobre la convivencia con el padre de ésta dentro del juicio de divorcio incausado 153/2015. Ahora bien, la sentencia de cinco de marzo de dos mil veinte, tuvo por efectos que la autoridad de lo Familiar aludida, dejara insubsistente la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve en la que se modificaron reglas de convivencia, y en su lugar se determinara de nueva cuenta sobre la convivencia supervisada entre el padre y la menor A.E.B.A., para lo cual debería fijarse acuerdos que la responsable estimara necesarios para estar en aptitud de establecer nuevas reglas al respecto (fojas 132 a 147). Sentencia que causó ejecutoria en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte, requiriendo su cumplimiento a la citada autoridad judicial (foja 154). Ante los requerimientos sobre el estado procesal del cumplimiento que nos ocupa, la autoridad responsable ha informado actos tendientes a ello, incluso remitió la propuesta de convivencia hecha por el padre de la menor (fojas 195, 203), sin embargo, la autoridad del conocimiento admite que no se ha pronunciado sobre las reglas de convivencia (foja 217). Sin embargo, el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con asiento en esta localidad, no ha dado cumplimiento a los diversos requerimientos formulados en autos, no obstante estar apercibido con multa, como se advierte en proveídos de diecisiete de enero (foja 226), catorce de febrero (foja 230) y treinta y uno de mayo (foja 235), todos de este año dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere bajo apercibimiento de multa de cien días de valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, al servidor público de nombre LUIS EDUARDO GALLEGOS CHIRINOS, en su carácter de encargado de despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, acredite el cumplimiento al fallo protector, esto es, ante la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia para escuchar a la menor, y tomando en cuenta la reanudación de actividades del (CECOFAM) Centro de Convivencia Familiar, u otra medida similar que estime conveniente, determine las reglas de convivencia con base en las propuestas que le hayan presentado las partes, en armonía con el interés superior de la menor A.E.B.A. ...Finalmente, la presente determinación hágase del conocimiento de la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de ser omisa en desahogar este proveído, se entenderá que ha quedado restituida en el goce de las garantías individuales Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, . Visto el estado de autos, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha determinación que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este expediente se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Por último, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor. Notifíquese. Así lo proveyó y firma , Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante , Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación secretarial asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Jorge Alfredo Salazar Arredondo y Brenda Rubí Zúñiga Alejandre hubieran recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez cumplidos tres años de haberse dictado este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Asimismo, se destaca que no obran glosados documentos originales importantes o de valor, y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, agréguese el informe justificado rendido por la Presidenta en Funciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sin que amerite mayor proveído, toda vez que el trece de septiembre del año en curso, se dictó la sentencia constitucional respectiva, que en este propio auto queda firme.

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