Carlos Antonio Colosia Solano
Expediente 11/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Antonio Colosia Solano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, signado por la autoridad que antecede y, en atención a su contenido, téngasele comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por el quejoso, en el presente asunto, mismo que se radicó bajo el toca 28/2021 del índice del tribunal de su adscripción
- Principal
"...agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito electrónico signado por el quejoso Carlos Antonio Colosia Solano y evidencia criptográfica que acompaña, en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo presentada por el aludido impetrante; por consiguiente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, para los efectos de la tramitación del mencionado recurso, remítanse dentro del término de veinticuatro horas el original y copia del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en Boca del Río, Veracruz, conjuntamente con las copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación en relación con la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Sin que sea el caso notificar a quienes intervienen en este juicio, ya que la demanda de amparo que dio origen a este asunto se desechó, por lo que no se ordenó su emplazamiento.
- Principal
EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 11/2021. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Antonio Colosia Solano, por propio derecho, se desprende que reclama lo siguiente: Del ciudadano Gabriel Vázquez Benítez, en su calidad de Inspector de Parquímetros de Orizaba, Veracruz, así como de la Coordinación de Parquímetros del H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz reclamo la emisión de la Boleta de Infracción con numero ID: 759311, Folio 39, de fecha tres enero de dos mil veintiuno, misma que infracciona al propietario del vehículo marca Audi, con placas XYZ710A, por la violación al artículo 14 del Reglamento de Parquímetros de Orizaba, Veracruz. De la Tesorería Municipal de Orizaba, Veracruz, se reclama el pago de la infracción con numero de ID: 759311, Folio 39, de fecha tres de enero de dos mil veintiuno, misma que infracciona al propietario del vehículo marca Audi, con placas XYZ710A, por la violación al artículo 14 del Reglamento de Parquímetros de Orizaba, Veracruz, por la cantidad de $261.00 (doscientos sesenta y un pesos M.N.), misma que fue efectuada mediante la Empresa Comercializadora Rápido, S.A de C.V, 7/24, bajo el Ticket de cobro 6709, de fecha tres de enero de dos mil veintiuno. Acto reclamado, respecto del cual se estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Al respecto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. La disposición legal referida precisa, en lo que interesa que, antes de acudir a la instancia de amparo, el promovente debe agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, este procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades administrativas, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad, el cual establece que el juicio de amparo solo procede contra actos definitivos, entendidos estos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno o que procediendo se hayan hecho valer oportunamente, y el acto reclamado sea lo resuelto en estos. De otra manera, no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse solo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes; la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución; cuando el acto carece de fundamentación; y cuando la legislación que rige el recurso o medio de defensa ordinario impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado. En el caso, el quejoso reclama de las autoridades responsables (administrativas), la orden de inmovilización de su vehículo y, específicamente, el pago de la multa derivada de la referida orden; por lo que, a criterio de este órgano de control constitucional, respecto de dicho acto reclamado se debió agotar, previamente a acudir al amparo, el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por otra parte, el aquí quejoso señala la falta de fundamentación y motivación por parte de la autoridad, ya que fue omisa en firmar la boleta de infracción, así como de especificar concretamente el apartado o fracción violada, no obstante el acto se encuentra fundado y motivado en el artículo 14 del Reglamento de Parquímetros, que regula la ocupación del espacio del estacionamiento en la zona controlada con parquímetros, lo que obliga al conductor del vehículo al pago de la tarifa autorizada mediante el depósito del importe señalado en el parquímetro, mismo que no podrá ser mayor a tres horas, por lo que antes de acudir al juicio de amparo debía agotar el juicio contencioso correspondiente. Para demostrar lo anterior, resulta necesario traer a contexto lo previsto por el artículo 1, en relación con los diversos 260, 280, fracción II y 280 Bis, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que disponen: Artículo 1. Las disposiciones del presente Código tienen por objeto regular las bases generales de los actos y procedimientos de la Administración Pública; del recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente; así como la calificación y sanción a servidores públicos estatales y municipales respecto de faltas administrativas graves y a particulares vinculadas con éstas, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los procedimientos administrativos, así como los recursos y medios de impugnación a que se refiere el párrafo anterior, deberán estar regulados por leyes especiales y se regirán por éstas en lo que no se opongan al presente Código y, en lo no previsto en dichas leyes, se aplicarán las disposiciones de este ordenamiento. Los recursos y medios de impugnación no previstos en el presente Código o en las leyes especiales, se tendrán por inexistentes o insubsistentes. Quedan excluidos de la aplicación de este Código los actos administrativos y los procedimientos en materia laboral, electoral, de derechos humanos y de procuración de justicia, así como los actos de nombramiento y remoción de los servidores públicos estatales y municipales, excepto los relacionados con la remoción, cese o baja de integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado y municipales. [.] Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: (...) II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; (...) Artículo 280 Bis. Procede el juicio contencioso en vía sumaria exclusivamente en contra de: (.) II. Resoluciones que impongan multas o sanciones pecuniarias por infracción a las normas administrativas locales y municipales; (.) De lo anterior, se desprende que contra la orden de inmovilización del vehículo por la infracción cometida por el ahora quejoso y de lo cual derivó la obligación de pagar una multa por infracción a normas administrativas municipales en materia de tránsito y vialidad, procede el juicio contencioso administrativo, medio ordinario de defensa idóneo para modificarla, revocarla o nulificarla. Por tanto, es posible afirmar que previamente a la promoción de este juicio de amparo el promovente debió agotar ese medio ordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Sin que en el caso, se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, debido a que no se reclama alguna disposición general y abstracta; ni se proponen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución; ni el acto reclamado carece de fundamentación; ni la ley que rige el juicio contencioso prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Refuerza tal postura la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Décima Época Registro: 2020596 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 126/2019 (10a.) Página: 326 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada. Asimismo, por sus consideraciones los criterios de datos de identificación y rubro: Novena Época Registro: 170123 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008 Materia(s): Administrativa Tesis: XVI.1o.A.T. J/5 Página: 1494 BOLETAS DE INFRACCIÓN EMITIDAS POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL. SE CONSIDERAN RESOLUCIONES DEFINITIVAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2007). Décima Época Registro: 2014947 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV Materia(s): Común, Administrativa Tesis: (IV Región)2o.10 A (10a.) Página: 2932 MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN O SU REGLAMENTO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD, PREVIO AL AMPARO, AL NO ESTABLECER LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL UN PLAZO MAYOR PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN QUE EL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO. Por tanto, es claro que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debió agotar el juicio contencioso, previsto en los artículos invocados del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz; por lo que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia anunciada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del citado acto reclamado, atento a su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tienen como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cecilia Columba Arellano Hernández (7555275), ya que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda para tal efecto con sede en esta ciudad. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". En términos del artículo 28, último párrafo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", siempre que sea posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias. REQUERIMIENTO DE NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL (CELULAR) Y CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO. Se requiere a la parte promovente para que, de estimarlo pertinente, facilite un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para establecer comunicación (no procesal) con ella, de conformidad con el artículo 5, fracción I del invocado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo la Judicatura Federal. CONSULTA ELECTRÓNICA. Del mismo modo, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta electrónica a través del usuario que indica.
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