Carlos Antonio Cahuich López
Expediente 351/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Carlos Antonio Cahuich López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días hábiles para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los artículos 81 y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. El cuaderno principal del juicio de amparo es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, pues se decretó el sobreseimiento (Artículo 20, fracción I, del Acuerdo en mención). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, pues se negó la medida cautelar definitiva de todos los actos reclamados, no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental y las actuaciones del citado incidente no han sido determinadas como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información (Artículo 20, fracción III, del Acuerdo en mención). No se realiza pronunciamiento respecto al duplicado del incidente de suspensión, toda vez que no se ordenó formarlo. Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional el presente sumario carece de relevancia documental, pues no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quien actúa asistida de Irving Villegas Cruz, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio del Director General del Instituto Estatal del Transporte de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido formulado en proveído de diez de abril de este año, remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente administrativo ********************, que se tramita ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Con fundamento en el numeral 119 del referido ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad responsable. Ahora, una vez analizadas las documentales exhibidas por la autoridad responsable esta juzgadora, advierte la actualización de una causa de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" El precepto transcrito ampara la institución que la doctrina jurídica denomina litispendencia, conforme al cual, el Juicio de Amparo resulta improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por la parte quejosa, en este caso ante autoridad judicial, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Lo anterior, refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un idéntico acto, lo cual es acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. En ese sentido, la causa de improcedencia prevista en el precepto en estudio se actualiza una vez que concurran las siguientes circunstancias. Que sea la propia parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido a trámite al momento en que se presentó la demanda de garantías. Que el recurso o medio de defensa legal propuesto que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios, pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 144/2000, con registro digital 190665, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Ahora bien, como quedó precisado en párrafos precedentes, en el presente asunto la parte quejosa señaló como acto reclamado: "AL INSTITUTO DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE Se reclama la negativa de refrendo de concesión para servicio de transporte público en su modalidad de taxi, debido a que a su criterio se hizo uso indebido de documentos, aun y cuando se pagaron los derechos correspondientes por la expedición, refrendos, revalidación, certificación o servicios relacionados con las concesiones, licencia y demás actos jurídicos relacionados con el servicio público de transporte; de conformidad a la ley de transporte." En efecto la autoridad responsable negó el refrendo de la concesión que reclama el quejoso, toda vez que el ocho de junio de dos mil veintiuno el Instituto Estatal del Transporte, por conducto de su subdirector jurídico confirmó la diversa de veintidós de febrero de ese mismo año, emitida en los autos de procedimiento administrativo de extinción de concesión individual del Servicio Público de transporte de pasajeros, tipo alquiler o taxi, en la modalidad de taxi libre, marcado con el número económico ******************** y clave memotécnica ********************. En contra de dicha determinación, el hoy quejoso interpuso juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, mismo que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, registrándose con el número ********************, y a la fecha en que se resuelve, se encuentra pendiente de resolución, lo anterior, se desprende de las documentales de cuenta, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo. Por consiguiente, dicho medio de impugnación, en su caso tendría el efecto de modificar, revocar o nulificar, la negativa de refrendo de concesión, por lo que la determinación que se emita al respecto será la que rija sobre la legalidad de dicha determinación que aquí se reclama, y por tanto, de resultar contraria a sus intereses, la deberá impugnar con el medio legal respectivo. Por tales razones, al colmarse las hipótesis antes mencionadas, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Robustece lo expuesto la tesis 1a. XXII/98, con registro digital 196114, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61, Tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XIX, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y, por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del once de mayo del año en curso. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se ordena realizar la anotación correspondiente, en el libro de gobierno que se lleva para tal efecto. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADO A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, CUYA SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio del Director General del Instituto Estatal del Transporte de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido formulado en proveído de diez de abril de este año, remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente administrativo ********************, que se tramita ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Con fundamento en el numeral 119 del referido ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad responsable. Ahora, una vez analizadas las documentales exhibidas por la autoridad responsable esta juzgadora, advierte la actualización de una causa de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" El precepto transcrito ampara la institución que la doctrina jurídica denomina litispendencia, conforme al cual, el Juicio de Amparo resulta improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por la parte quejosa, en este caso ante autoridad judicial, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Lo anterior, refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un idéntico acto, lo cual es acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. En ese sentido, la causa de improcedencia prevista en el precepto en estudio se actualiza una vez que concurran las siguientes circunstancias. Que sea la propia parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido a trámite al momento en que se presentó la demanda de garantías. Que el recurso o medio de defensa legal propuesto que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios, pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 144/2000, con registro digital 190665, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Ahora bien, como quedó precisado en párrafos precedentes, en el presente asunto la parte quejosa señaló como acto reclamado: "AL INSTITUTO DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE Se reclama la negativa de refrendo de concesión para servicio de transporte público en su modalidad de taxi, debido a que a su criterio se hizo uso indebido de documentos, aun y cuando se pagaron los derechos correspondientes por la expedición, refrendos, revalidación, certificación o servicios relacionados con las concesiones, licencia y demás actos jurídicos relacionados con el servicio público de transporte; de conformidad a la ley de transporte." En efecto la autoridad responsable negó el refrendo de la concesión que reclama el quejoso, toda vez que el ocho de junio de dos mil veintiuno el Instituto Estatal del Transporte, por conducto de su subdirector jurídico confirmó la diversa de veintidós de febrero de ese mismo año, emitida en los autos de procedimiento administrativo de extinción de concesión individual del Servicio Público de transporte de pasajeros, tipo alquiler o taxi, en la modalidad de taxi libre, marcado con el número económico ******************** y clave memotécnica ********************. En contra de dicha determinación, el hoy quejoso interpuso juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, mismo que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, registrándose con el número ********************, y a la fecha en que se resuelve, se encuentra pendiente de resolución, lo anterior, se desprende de las documentales de cuenta, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo. Por consiguiente, dicho medio de impugnación, en su caso tendría el efecto de modificar, revocar o nulificar, la negativa de refrendo de concesión, por lo que la determinación que se emita al respecto será la que rija sobre la legalidad de dicha determinación que aquí se reclama, y por tanto, de resultar contraria a sus intereses, la deberá impugnar con el medio legal respectivo. Por tales razones, al colmarse las hipótesis antes mencionadas, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Robustece lo expuesto la tesis 1a. XXII/98, con registro digital 196114, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61, Tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XIX, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y, por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del once de mayo del año en curso. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se ordena realizar la anotación correspondiente, en el libro de gobierno que se lleva para tal efecto. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Incidental
S E R E S U E L V E ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA al quejoso ******************, respecto a los actos reclamados al Director del Instituto de Transporte del Estado de Campeche y Subdirección Jurídica, adscrita a dicho instituto, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente interlocutoria. Notifíquese.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · 16,452 expedientes
- Carlos Alonzo Ávila Árgaez1140/2020
- Carlos Alvaro Uco Sarabia989/2012
- Carlos Amado Uitz Cohuó1044/2014
- Carlos Andrés Henao Arango1330/2017
- Carlos Antonio Baños Domínguez1327/2014
- Carlos Antonio Barrera Rodríguez979/2015
- Carlos Antonio Candelario Carrasco Rodríguez1919/2016
- Carlos Antonio Cauich Mis286/2013
- Carlos Antonio Hernández Álvarez2177/2019
- Carlos Antonio Pech Cabrera462/2018
- Carlos Antonio Pech Cabrera1729/2017
- Carlos Antonio Rivero Brito1174/2016