Carlos Antonio Arellano Velázquez

Expediente 801/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
801/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Arellano Velázquez
  • Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Por tanto, una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el presente expediente deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada. Notifíquese, por lista de acuerdos al promovente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido a **********, para que desahogara la prevención formulada en el auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, sin que lo realizara en sus términos; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido acuerdo y se tiene promoviendo la demanda únicamente por propio derecho. En ese entendido, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee. C O N S I D E R A N D O. ÚNICO. En términos de lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley en cita, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe analizar el escrito de demanda y si advierte de oficio la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; y para los efectos del juicio de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no causa una afectación real y directa a la esfera jurídica del impetrante. A efecto de evidenciar lo anterior, resulta pertinente destacar que los artículos invocados disponen (...) De tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, la solicitud de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre acotado a que tal agravio sea real y actual. En el asunto que nos ocupa, se reitera, el peticionario de amparo acude a este juicio constitucional al estimar que el acto reclamado, consistente en el auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 615/2023 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, por el que se desechó el recurso de apelación que interpuso en dicho asunto, le causa un agravio real y actual en su esfera de derechos. Sin embargo, de las manifestaciones que formula, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el expediente 615/2023 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, de donde emana el acto reclamado, fue promovido por el aquí quejoso en su carácter de apoderado de Enrique Garnica Ramírez. Lo anterior evidencia que el acto reclamado no afecta de manera directa la esfera jurídica del promovente, en la medida que su intervención en el juicio de origen se limita a actuar en representación de los intereses del actor, por lo que es inconcuso que carece de legitimación para instar juicio de amparo por propio derecho, porque la resolución por la que se desechó el recurso de apelación no afecta en forma alguna su esfera personal de derechos. En lo conducente, se invoca como apoyo el criterio sustentado (...) Aunado a lo anterior, aun partiendo del supuesto de que el impetrante se encontrara legitimado para instar este juicio, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a acudir a esta vía constitucional, debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en los artículos 525, fracción III, y 527, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la revocación del acto que aquí reclama. En efecto, en el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo. De no observarse el referido principio, se actualizaría la improcedencia del juicio de amparo, ya que a esta vía debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no puede remediarse ante las propias autoridades de instancia. Ahora, en el artículo 525, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se encuentra previsto el recurso de queja, el cual procede, entre otros supuestos, contra la denegación de la apelación; y en el diverso 527 de dicho ordenamiento legal, se encuentra regulada la tramitación del mencionado recurso cuando se interpone en contra del juez y, tratándose del interpuesto contra la denegación de la apelación, establece que de ser procedente el medio de impugnación, se ordenará al tribunal de primera instancia que admita y tramite la apelación conforme a las reglas de dicho ordenamiento. Asimismo, de este último dispositivo se advierte que el recurso de queja deberá presentarse dentro del término de dos días que sigan al acto que se reclama, en cuyo caso: a) El juez, en el supuesto de que se trate de un juicio contencioso, deberá poner el recurso de queja a la vista de la contraparte para que, dentro del término de dos días, manifieste lo que a sus intereses convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia. b) Dentro del término de tres días de interpuesto el recurso, el juez deberá remitir los autos a su superior jerárquico, su informe con justificación, así como las constancias conducentes en copia legible; y c) Recibido lo anterior por el superior, deberá decidir lo que corresponda dentro del tercer día. En ese entendido, si en el caso se reclama el auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 615/2023 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, donde se desechó la apelación que interpuso en dicho asunto; luego, se debió interponer el recurso de queja previsto en el artículo 527, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la revocación de tal resolución; y al no agotarlo, dejó de observar el principio de definitividad previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que en el asunto que nos ocupa no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, ya que el acto que se combate no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste el acto en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Además, al tener el quejoso intervención en el expediente de origen, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva por persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso de queja aludido no está sujeta a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente al encontrarse regulado en los artículos 525 y 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Es pertinente precisar que no se desconoce la existencia de las siguientes jurisprudencia y tesis aislada(...) Tesis (...) Sin embargo, no son aplicables al caso concreto, toda vez que el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz (interpretado en la tesis aislada reproducida) fue reformado mediante Decreto publicado en el ocho de enero de dos mil dieciséis, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, para el único efecto de prever la intervención de la contraparte del recurrente en la substanciación del indicado recurso de queja. Por tanto, tomando en cuenta la regulación actual del procedimiento relativo al recurso de queja, no se surte la referida excepción al principio de definitividad, pues es evidente que, por lo que respecta a la legislación procesal civil del Estado, ha dejado de existir la causa en la que se fundó dicha excepción. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Carlos Antonio Arellano Velázquez, por propio derecho. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve. ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz. Notifíquese por lista de acuerdos al promovente.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por **********, autorizado en términos amplios del promovente Carlos Antonio Arellano Velázquez, mediante el cual pretende cumplir con la prevención formulada el siete de septiembre del año en curso, en la que se requirió para que, en el término de cinco días, realizara lo siguiente: "PRIMERO... Sin embargo, no ha lugar a tener por desahogado dicho requerimiento, toda vez que el promovente no cuenta con facultades para ello, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Amparo, únicamente está facultado para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la Litis constitucional, como lo relativo a quién es la persona agraviada por el acto reclamado. Lo anterior es así, dado que de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional exige que la demanda o ampliación de demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo; lo cual evidencia que debe contar con la firma autógrafa o electrónica del quejoso, o en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquéllos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". Máxime que la constancia que exhibe para acreditar que Carlos Antonio Arellano Velázquez es apoderado de Enrique Garnica Ramírez, únicamente consiste en copia simple del instrumento veinticuatro mil quinientos cuarenta y seis, la cual es insuficiente para acreditar dicha personalidad en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, al carecer de la certificación correspondiente que dé fe de su contenido. Si bien manifiesta que dicho instrumento se encuentra agregado a los autos del expediente ********/2023 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Orizaba, Veracruz, del cual indica que solicitó copia certificada y que una vez que le sea autorizada la exhibirá, y para acreditar su dicho adjunta el acuse del escrito presentando ante la autoridad responsable; sin embargo, no expone algún impedimento para gestionar su entrega y exhibir la referida documental dentro del plazo concedido para desahogar la prevención; además que la indicada copia la solicitó un día antes de la presentación del escrito que se provee. En ese entendido, no se tiene por cumplida la prevención realizada en proveído siete de septiembre de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de motivos la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, visible en la página 133, tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del código federal de procedimientos civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio, de no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Por otro lado, toda vez que el promovente exhibe la cédula profesional de Clara Kristell Cesareo Vasquez, la que de conformidad con la certificación de cuenta está registrada en el Registro Nacional de Profesionistas, se tiene a ésta como autorizada con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso, quien hizo dicha designación en la demanda de amparo. Notifíquese por lista de acuerdos al promovente

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, con cuatro copias, sin anexos, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 801/2023. Ahora, antes de acordar acerca de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 114, fracciones I y III, en relación con el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, por escrito, dé cumplimiento con lo siguiente: PRIMERO. Del proemio del escrito de cuenta se advierte que ************ promueve demanda de amparo por propio derecho, en contra del auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente **********/2023 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, donde se desechó un recurso de apelación que interpuso en dicho asunto. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes señalado con el numeral uno, refiere ".en mi carácter de apoderado legal del C. *********** demandé del C. *********** la terminación del contrato de arrendamiento. juicio que fue radicado bajo el Expediente No. ***********/2023 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la (sic) esa Ciudad". Por lo anterior, no se tiene la certeza si el presente juicio de amparo lo promueve por propio derecho o como apoderado de ************, parte actora en el expediente **********/2023, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; consecuentemente, deberá manifestar: -Si promueve este juicio constitucional por propio derecho o como apoderado de ************; de ser este último el supuesto, deberá exhibir el documento con el que acredite que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, tenía el carácter de apoderado que ostenta del actor en el juicio de donde deriva el acto reclamado; además de exhibir tres copias de dicho documento para correr traslado a las partes, de ser admitida. Resulta aplicable al caso, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia número 2a./J. 124/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1449, del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de la literalidad siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del término indicado para ello, se entenderá que la demanda de amparo únicamente la promueve por su propio derecho. SEGUNDO. Deberá exhibir tres copias de su escrito aclaratorio, toda vez que resultan necesarias una para la autoridad responsable, una para el tercero interesado, y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, párrafo último y 110, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia de P./J.36/2001, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Con el apercibimiento de que si el promovente no desahoga este punto de prevención dentro del plazo indicado para ello, la demanda de amparo se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la Ley de la Amparo DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita, practíquense las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se tiene como su autorizado con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mario Alberto Flores Amador, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana; y con facultades restringidas que establece el referido numeral, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Clara Kristell Cesareo Vasquez y Eva de los Ángeles Reyes Ramos, ya que no tiene cédula profesional registrada en el referido sistema, ni se proporcionaron el número de la mismas a efecto de realizar la búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Notifíquese por lista de acuerdos al promovente.

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