Carlos Antonio Alonzo Medina

Expediente 564/2013 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2013.

Datos del expediente

Expediente
564/2013
Año
2013
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2013

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Alonzo Medina
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    II. Se declara que ha causado estado el auto que desechó el presente juicio. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción en tres años.

  2. Principal

    II. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se considera necesario precisar que el presente juicio se tramitará de conformidad con las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual según su transitorio PRIMERO, entró en vigor al día siguiente de su publicación. Ahora bien, con la demanda de amparo de cuenta, regístrese la misma en el Libro de Gobierno con el número 564/2013-II-D y fórmese el expediente respectivo. Vista la demanda de amparo de referencia, que aparece a nombre de KATINA ALONZO MEDINA, promoviendo a nombre de CARLOS ANTONIO ALONZO MEDINA, se advierte que la misma fue exhibida en copias simples, por lo cual SE ACUERDA: Toda vez que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 6° de la nueva Ley de Amparo, lo que obliga al particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, A FIRMAR DEBIDAMENTE el escrito de demanda de amparo en su calidad de promovente, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampar su huella digital; debe decirse que en el caso se advierte que el líbelo de amparo carece de la firma autógrafa de la parte ocursante del juicio constitucional, siendo que en un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma autógrafa o huella digital original, es un mero papel en el que no se incorpora la voluntad del gobernado para presentarlo, pues esa rúbrica o huella dactilar, constituyen una formalidad esencial que denota el albedrío de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover este medio de defensa. En el caso, después de analizar en su integridad el escrito de demanda de que se trata, se llega a la conclusión de que carece de firma autógrafa de la supuesta suscriptora, lo que sucede igualmente con las cinco copias que se anexaron al mismo, la cual constituye el signo inequívoco de la voluntad de la parte agraviada en poner en movimiento al órgano de control constitucional a fin de que se avoque al estudio de la violación de derechos humanos alegados. De modo tal, que si no fue suscrita la demanda, es claro que no puede considerarse que exista instancia de parte agraviada, situación que conlleva a su desechamiento por notoriamente improcedente. En efecto, ello es así, porque cuando la demanda de amparo indirecto se presenta en las condiciones anotadas, procede que se deseche de plano, pues la falta de ese requisito esencial, no puede considerarse como una irregularidad de la misma, dado que un escrito así debe ser catalogado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna; por tanto, en la especie, es claro que no se cumplió el principio de instancia de parte agraviada, lo cual justifica su desechamiento de plano Asimismo, la deficiencia de la firma autógrafa de la parte promovente del amparo no puede ser corregida a instancia del Juez federal mediante una prevención, por no tratarse de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la nueva Ley de Amparo, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada; en consecuencia, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. Así los criterios antes citados resultan suficientes para establecer la improcedencia de este juicio de amparo en cuanto a los actos reclamados en esta vía. Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º del mismo ordenamiento, el juicio constitucional reclamado resulta improcedente y por tanto, en esas condiciones, al haberse actualizado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, con fundamento en los artículos 112 y 113 del invocado ordenamiento legal. Toda vez que la parte promovente no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ni autorizados para tales efectos, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de estrados de este Juzgado Federal. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la nueva Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. En un aspecto más, requiérase a todas las partes en el presente juicio de amparo para que realicen sus actuaciones y promociones con fundamento en las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, a fin de evitar atrasos o perjuicios innecesarios en la tramitación del mismo. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo general 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente juicio estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información, así como también, el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la misma, y el de manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o Legislaturas de los Estados, manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes de que se dicte el fallo; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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