Carlos Andronico Peralta Quevedo
Expediente 1582/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1582/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carlos Andronico Peralta Quevedo
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de once de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **************************, por su propio derecho, contra actos del Director de la Escuela Secundaria Antonio I. Delgado, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, improcedencia del juicio. En efecto los preceptos legales en comento prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción; y, en ese tenor, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Es ilustrativa la tesis LXXI/2002, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio de dos mil dos, página cuatrocientos cuarenta y ocho, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61, de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que el quejoso Carlos Andronico Peralta Quevedo, de manera destacada señala como acto reclamado la determinación del Director de la Escuela Secundaria Antonio I. Delgado, al ponerlo a disposición de la Supervisión General de la Zona Escolar 09, de Secundarias Generales, y no dejarlo firmar la lista de asistencia. Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; 103, fracción 1, y 107, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extingue dichas situaciones jurídicas." Asimismo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, en la parte que interesa: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la interpretación sistemática de los anteriores numerales, relacionados con la fracción I, del artículo 103, Constitucional se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano es parte; de la misma forma que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Para ello, se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de: * Las relaciones jurídicas de coordinación; * Las de supra a subordinación; y, * Las relaciones jurídicas de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por estas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Ahora, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que, tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Ahora bien, el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo expuesto, bien puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa y jurisdiccional, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se considera autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En efecto, el Estado ostenta una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados en un vínculo de supra a subordinación; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares, en una relación de coordinación. Es decir, en el primer supuesto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad en virtud de un contrato; y, de manera distinta, en el segundo supuesto, la relación del Estado con un particular se caracteriza por la unilateralidad en la toma de decisiones del ente del Estado, en la que éste se impondrá aún ante la falta de consentimiento del gobernado. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, con el registro 161133, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, si de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Director de la Escuela Secundaria Antonio I. Delgado, la determinación de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, que consiste en ponerlo a disposición de la Supervisión General de la Zona Escolar 09, de Secundarias Generales, y como consecuencia de ello, no dejarlo firmar la lista de asistencia; situación que a juicio del suscrito, el amparo resulta improcedente, al no provenir dichos actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, con independencia de que el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo prevea la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; pues lo cierto es, que tales elementos no se advierten en el acto atribuido a la autoridad responsable, dado que queda comprendido dentro de una relación de trabajo; es decir, contractual, en el que dicha autoridad actúa en un plano de igualdad y no como autoridad para efectos del juicio de amparo, de modo que sus actuaciones no implican actos de autoridad, porque se rigen por la voluntad de las partes, en la defensa de sus intereses dentro de la relación laboral. De lo anterior, se sigue que la relación jurídica entre la quejosa y la autoridad que señaló como responsable, no corresponde a una relación de supra a subordinación, sino a una relación de coordinación, con motivo de una relación de trabajo, donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos, lo cual no puede desnaturalizarse en función de que se trate de una entidad pública, porque las cuestiones suscitadas entre la citada institución educativa, con sus empleados dentro de esa relación no son actos unilaterales, coercitivos e imperativos (de supra a subordinación), sino actos en materia de trabajo sui generis, por encontrarse en una relación de coordinación derivada de un vínculo laboral entre el órgano educativo y un docente. Cabe precisar que los trabajadores al servicio del Estado tienen un doble carácter, esto es, en sus funciones son parte del organigrama estatal y sujetos de las leyes administrativas; empero, en esa situación subyace una diversa relación entre el Estado y sus empleados y, en la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, de ahí que tanto las disposiciones impugnadas como su aplicación, se enmarcan dentro de una relación de coordinación que en todo caso, deberán controvertirse en la vía ordinaria, mas no en el juicio de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior que el Director de la institución educativa actuó de manera unilateral; sin embargo, aun cuando para la emisión del oficio de puesta a disposición, no se requirió de la voluntad del quejoso, no debe perderse de vista que ello ocurrió en un contexto enmarcado por la relación de trabajo existente entre aquélla y el Estado-patrón, derivado de la prestación de un servicio personal subordinado, mediante el pago de un salario, ya que la emisión de que se trata se realizó con base en la Ley Reglamentaria de la fracción XII, Apartado B, de artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, la exigencia planteada no puede devenir en actos de autoridad simplemente porque se consideren unilaterales, por cuanto que tal circunstancia es connatural al vínculo laboral, y si el trabajador está en desacuerdo con ello, porque estima trasgrede la normatividad laboral o sus derechos laborales, está en aptitud de acudir a las instancias ordinarias del orden laboral para dirimir tales cuestiones. En tal medida, es de concluirse que la autoridad señalada como responsable, en el caso de sus conflictos y diferencias con su empleado quejoso Carlos Andronico Peralta Quevedo, no actúa con unilateralidad, imperio y coercitividad, características distintivas de los actos de autoridad, sino como patrón en una relación de coordinación, y que por ende, como acto de particular, excluye la procedencia del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que este órgano comparte, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, abril de 2016, tomo III, página 1956, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." De igual forma, es ilustrativa, en la parte conducente, la tesis aislada del otrora Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con la que este tribunal coincide, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VIII, octubre de 1991, materia común, página 164, que dice: "DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA. Las autoridades administrativas, representadas por sus funcionarios, al despedir a sus servidores públicos no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo; y por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero-patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado. Por ello, si el quejoso considera que el despido de que fue objeto es ilegal, debe acudir al tribunal de arbitraje y agotar el procedimiento laboral que establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta notoriamente improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón), debiendo desecharse de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo." En ese sentido, se insiste, si el quejoso reclamó la determinación de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se puso al quejoso a disposición de la Supervisión General de la Zona Escolar 09, de Secundarias Generales, y como consecuencia de ello, no dejarlo firmar la lista de asistencia, entonces el amparo es improcedente, ya que no se reclamó la inconstitucionalidad de alguna disposición del orden general, de ahí que los actos reclamados derivan de la relación laboral en un plano de coordinación y no de supra-subordinación Con la precisión que, el impetrante tiene expedito su derecho para instar en contra de las dependencias en cuestión, y ante el tribunal ordinario laboral, cualquier acción jurisdiccional laboral, y no acudir directamente al juicio de amparo, pues este último, constituye un medio extraordinario de control constitucional, a través del cual se dilucida violación a los derechos humanos de los gobernados, y no aspectos relacionados con los derechos laborales de los trabajadores, que estimen infringidos por sus patrones. Por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda planteada. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; asimismo, téngase señalando los medios alternativos de comunicación que precisa. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese lo anterior al Actuario Judicial con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Elías Fierro Rivera, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere, en virtud de no tener registrada su cédula profesional. Notifíquese personalmente.
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