CARLOS AMADOR MOCTEZUMA AÑORVE y Otros.
Expediente 1062/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 57 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 57
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Amador Moctezuma Añorve
- CARLOS AMADOR MOCTEZUMA AÑORVE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 57.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio signado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de jueza de Ejecución -recibido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)-, mediante el cual, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia con firmas electrónicas del acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en curso, emitido en la controversia judicial ***/2021, del que se advierte lo siguiente: Da cuenta con el estado de los autos en la citada controversia judicial, en el que determinó requerir nuevamente a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca" para que en el plazo improrrogable de cinco días hábiles, le informe lo conducente al cumplimiento a la referida determinación judicial. Así también, requirió al superior jerárquico del CEFERESO 13, Coordinador General de Centros Federales, para que, no sólo ordene su cumplimiento, sino que coadyuve en la gestión ante la autoridad administrativa correspondiente a efecto de que se generen las acciones correspondientes para proporcionar la atención médica requerida por el justiciable. También requirió a la Dirección General de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, genere de manera inmediata del presupuesto asignado por el Gobierno Federal la dotación de recursos económicos necesarios. Lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que por proveído de cinco de octubre del año en curso, se tuvo a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de jueza de Ejecución, remitiendo copia del acuerdo de tres de octubre de este año, emitido en la controversia judicial ********************, del que se advierte que requirió a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS Oaxaca", a fin de que diera cabal cumplimiento al fallo protector; asimismo, requirió al superior jerárquico del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", Coordinador General de Centros Federales, para que ordenara su cumplimiento; señalando que, una vez acontecido lo anterior, estaría en posibilidad de analizar el cumplimiento dado a la determinación tomada en la controversia judicial aludida, en términos de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin que a la fecha hubiere informado lo conducente. En consecuencia, de conformidad en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a María Antares Núñez Atrián, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Ejecución, -nombre obtenido de los oficios que obran en autos-, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es: (.) "Respecto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Ejecución: c) Dicte un acuerdo, en el que requiera nuevamente a las autoridades responsables, en la controversia judicial ********************, a fin de que se le proporcione atención médica al quejoso, debiendo puntualizar su requerimiento tomando como base la información que fue proporcionada en auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, en la aludida controversia; además, en caso de incumplir con dichos requerimientos por parte de las autoridades responsables, dentro del plazo ahí establecido, haga efectivo los apercibimientos correspondientes." La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Solicitud de informe sobre cambio de denominación Además, se requiere a la autoridad responsable que para el caso de que con posterioridad a este auto, cambie el titular del cargo que ostenta en la actualidad, lo informe mediante oficio a este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo que en derecho proceda. Apercibida que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, de conformidad con lo previsto en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II. MESA III B. PRAL. 1062/2021 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, glósense a los autos los oficios signados por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de jueza de Ejecución -recibido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)-, mediante los cuales, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia con firmas electrónicas del acuerdo de tres de octubre del año en curso, emitido en la controversia judicial ********************, del que se advierte lo siguiente: 1.- Requirió nuevamente a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS Oaxaca" para que en el término veinticuatro horas informe el cumplimiento dado a lo ordenado en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, esto es, dé cabal y completo cumplimiento a la determinación judicial de trece de febrero de dos mil veintitrés en los términos indicados. 2.- Asimismo, requirió al superior jerárquico del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", Coordinador General de Centros Federales, a fin de que ordene su cumplimiento. 3.- Indicó que subsiste el apercibimiento ordenado en determinación de trece de febrero de dos mil veintitrés, para el caso de que no se dé cumplimiento a lo ordenado; consistente en multa equivalente a quinientas unidades de medida y actualización, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria en relación con el numeral 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 4.- Asimismo, señaló que, acontecido lo anterior, estará en posibilidad de analizar el cumplimiento dado a la determinación tomada en la aludida controversia judicial, en términos de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II. MESA III-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que por proveído de siete de septiembre del año en curso, se tuvo a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de jueza de Ejecución, informando los diversos requerimientos a fin de dar celeridad al cumplimiento del fallo protector; sin que a la fecha hubiere informado lo relativo. Por tanto, de conformidad en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a María Antares Núñez Atrián, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Ejecución, -nombre obtenido de los oficios que obran en autos - para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es: "Respecto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Ejecución: c) Dicte un acuerdo, en el que requiera nuevamente a las autoridades responsables, en la controversia judicial ********************, a fin de que se le proporcione atención médica al quejoso, debiendo puntualizar su requerimiento tomando como base la información que fue proporcionada en auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, en la aludida controversia; además, en caso de incumplir con dichos requerimientos por parte de las autoridades responsables, dentro del plazo ahí establecido, haga efectivo los apercibimientos correspondientes." La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Solicitud de informe sobre cambio de denominación Además, se requiere a la autoridad responsable que para el caso de que con posterioridad a este auto, cambie el titular del cargo que ostenta en la actualidad, lo informe mediante oficio a este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo que en derecho proceda. Apercibida que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, de conformidad con lo previsto en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. Notifíquese.
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