Carlos Amador Lopez Sauceda
Expediente 476/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Amador Lopez Sauceda
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se aceptó la competencia planteada por este juzgado de distrito para conocer de la demanda de amparo interpuesta por Carlos Amador López Sauceda, a la que le correspondió el número 42/2021 de su índice; agréguese a los autos. Por lo tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde al artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo interpuesta por Carlos Amador López Sauceda, declinando tal competencia al Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en turno, para conocer de la misma, asunto del cual conoció Primer Tribunal Unitario de este Circuito Judicial, y por auto de once de agosto de dos mil veintiuno, admitió a trámite dicha demanda; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que en auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó su integración, con motivo de haberse declarado incompetente para conocer del asunto, además, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Vista la demanda de cuenta, promovida por Carlos Amador López Sauceda, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Ejecución, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14,16, 17, 18 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 476/2021-1B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Ejecución, con sede en Culiacán. Tercer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, Habilitado como Tribunal de Alzada, con competencia en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa. ACTOS RECLAMADOS: De la primera autoridad señalada se reclama la resolución pronunciada en audiencia de quince de abril de dos mil veintiuno, en la que declaró infundada la solicitud de libertad condicionada dentro de la controversia 587/2020. De la segunda autoridad señalada se reclama el haber confirmado la resolución de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Ejecución, con sede en Culiacán, en la que declaró infundada la solicitud de libertad condicionada, al resolver el toca penal 66/2021, en fecha nueve de junio de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, este juzgador estima que respecto del acto relativo a la resolución de quince de abril de dos mil veintiuno, en relación a la solicitud de libertad condicionada, en la controversia número 587/2020, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, en Funciones de Juez de Ejecución con residencia en Culiacán, Sinaloa, esta fue sustituida por la ejecutoria de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, Habilitado como Tribunal de Alzada, con competencia en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el Toca Penal 66/2021, siendo esta última la que puede ser materia de amparo. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Por su parte, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del distrito federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los estados o distrito federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.". Sobre tal circunstancia, los artículos 36 y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". A su vez, el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estatuye: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado...". Luego, en el caso el acto reclamado destacado consiste en la resolución de nueve de junio de dos mil veintiuno, en la que confirmó la diversa resolución pronunciada en audiencia de quince de abril de dos mil veintiuno, por el Juez Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, con sede en Culiacán, Sinaloa, en la que declaró infundada la solicitud de libertad condicionada en la controversia 587/2020, lo anterior en los autos del Toca Penal 66/2021. Por tanto, se estima que la competencia recae a un Tribunal Unitario de Circuito y no a un Juzgado de Distrito. Sobre el particular el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 4/97, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y otros, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, estableció que con motivo de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. En estos casos, el Tribunal Unitario competente será otro del mismo circuito si lo hubiera o el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado, pues resulta evidente que los efectos del acto que se tilda de inconstitucional se trasladan directamente al expediente de origen; máxime que, en la Ley de Amparo existe disposición expresa al respecto; en estas condiciones, resulta evidente que el órgano de control de la constitucionalidad competente para conocer de la demanda de cuenta, lo es cualquiera de los dos Tribunales Unitarios primero y segundo, que existen en este mismo circuito; por tanto, remítase el presente asunto al Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito en turno, con sede en Mazatlán, Sinaloa, a fin de que provea lo que en derecho corresponda, con relación al conocimiento del presente juicio de amparo; solicitándose al Tribunal de alzada, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 25/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 17, de registro 196514, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama.". Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia VIII.1o. J/5, consultable en la página 624, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1999, Novena Época, Materia Común, con número de registro 194815, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base de sustentación, lo que expresamente dispone la Constitución.". Asimismo, sirve de apoyo en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 14/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, Libro VI, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2012, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2000325, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador.". Por las relatadas consideraciones, se estima pertinente proceder conforme a lo anotado en el cuerpo de este proveído y remitir la demanda de amparo promovida por Carlos Amador López Sauceda, contra actos del Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, Habilitado como Tribunal de Alzada, con competencia en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que en atención al presente proveído, lo remita al órgano jurisdiccional que por turno corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda al Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el presente asunto. Por otra parte, se solicita al Tribunal Federal que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Por consiguiente, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
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