Carlos Álvarez Cabrera
Expediente 483/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Álvarez Cabrera
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, devolviendo diligenciado el despacho 341/2019 (número de orden 1356/2019), enviado a efecto de notificar al quejoso Carlos Álvarez Cabrera, el proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve; por tanto, dese de baja la comunicación oficial y hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente. De lo cual, toma conocimiento este órgano de control constitucional para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el secretario José Martín Narciso Pérez.
- Principal
Uruapan, Michoacán, tres de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Por recibido el oficio 5357 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que adjunta el juicio de amparo directo civil 744/2019, formado con motivo de la demanda de amparo que promovió Carlos Álvarez Cabrera, el cuaderno de amparo 4/2019, el original del juicio ejecutivo mercantil 118/2018, y el original del cuaderno de liquidación de sentencia del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, y fórmense por separado dos cuadernos de pruebas. 1.1 Ahora bien, de la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, que emitió el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en la capital del Estado, se advierte que dicho cuerpo colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, porque el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva que decidiera el juicio en lo principal, ni una resolución que sin resolver el fondo del mismo le haya puesto fin. 1.2 Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. 1.3 Regístrese la demanda de amparo bajo el número 483/2019-P. 2. PRECISIÓN DE ACTO RECLAMADO. El quejoso en su libelo constitucional reclama lo siguiente: a) Del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán. - La sentencia interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, que dictó en el incidente de liquidación de sentencia inherente al juicio mercantil oral 118/2018, en donde se condenó al demandado hoy quejoso a pagar al actor la cantidad de $697,375.81 (seiscientos noventa y siete mil trescientos setenta y cinco pesos 81/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios y honorarios profesionales. 3. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado enunciado en el inciso a) procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, porque la demanda se presentó en forma extemporánea. En efecto, de los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo debe instarse en el plazo de quince días, a partir del día siguiente al en que: Hubiere surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. El peticionario del amparo hubiere tenido conocimiento del acto reclamado, o bien, se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al quejoso el acto reclamado. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación del acto reclamado-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de aquél, el cual debe producir la convicción de que se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo "se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación combatida, conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Como característica adicional, debe decirse que las notificaciones practicadas se consideran legales, y por tanto, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no alegue su nulidad o ilegalidad. En ese contexto, en el caso se actualiza el primero de los supuestos indicados, lo anterior, es así pues de las constancias que integran el expediente relativo al incidente de liquidación el cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento de la interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Luego, los quince días que tenía para combatir dicha resolución vía juicio de amparo indirecto transcurrieron del veintitrés de mayo al doce de junio de dos mil diecinueve. En ese contexto, si la demanda de amparo se presentó vía directa ante la potestad común el treinta de agosto de dos mil diecinueve y a su vez fue remitida a este juzgado y recepcionada el dos del mes y año en curso, ésta resulta extemporánea. Es de resaltar, que el citado acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal; por tanto, la parte quejosa debió presentar su demanda dentro del plazo genérico de quince días. Bajo ese contexto, al resultar manifiesta la referida causa de improcedencia, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. Sirve de apoyo lo expresado, la tesis de Jurisprudencia P./J.27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Asimismo, por identidad jurídica, la jurisprudencia IV.2o.C.J/7 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Cuarto Circuito, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." 4. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Por otro lado, el quejoso en su libelo constitucional señaló que éste tiene su domicilio en calle Justo Sierra Poniente, número 115, colonia Centro, en Jiquilpan, Michoacán; domicilio que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Diego Alcaraz Curiel, virtud de que cuenta con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito, que los autoriza para ejercer la profesión de licenciado en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Christian Arturo Ceja Bernal, José Gabriel Oliveros García, Daniel Oliveros Valdovinos y Paulina Lizeth Farías Víctor, por así haberlo expresado. 5. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Ahora tomando en consideración que la parte quejosa, señaló como su domicilio particular en Jiquilpan, Michoacán, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía estafeta al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, para que en auxilio de este juzgado ordene a quien corresponda, notifique el presente proveído al quejoso Carlos Álvarez Cabrera, en el domicilio antes citado y le requiera para que en el acto de la diligencia de notificación o en el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que, de no hacerlo, se le practicarán por lista las siguientes notificaciones, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Diligenciado que sea el presente, sírvase devolverlo con las constancias que así lo acrediten. 6. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
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