Carlos Alonso Retana Martínez
Expediente 203/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 18/01/2023
Partes del expediente
- Carlos Alonso Retana Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que feneció el término de quince días previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la ley reglamentaria, para inconformarse contra el auto pronunciado por este juzgado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que declaró la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, sin que las partes hubiesen realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el citado arábigo, SE DECLARA CONSENTIDO. Dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables, y en virtud de que en el presente expediente no obran documentos importantes y/o relevantes, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Por otra parte, respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el apartado SÉPTIMO, del Acuerdo General Conjunto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de la misma superioridad; consecuentemente, una vez que transcurra el plazo de TRES AÑOS que se estipula, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectivas como se indica en el punto Vigésimo Primero referido. En la inteligencia que deberán conservarse los proveídos integrantes del incidente respectivo, ahora bien, se estima que, dado que se negaron tanto la suspensión provisional como la definitiva, se actualizan las hipótesis previstas en el inciso c) del artículo 21 (original del incidente de suspensión), e inciso a), fracción II del numeral 20 (duplicado del incidente) del referido Acuerdo, por lo que ambos son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años - para el cuaderno original- y seis meses -para el duplicado-, a partir de la fecha en que se emitió la resolución interlocutoria, procédase a su respectiva destrucción. Devuélvanse las constancias constantes en un tomo y cuatro discos de video digital enviados por la doctora **********, Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Número Uno, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues para este órgano de justicia federal es suficiente el sello de la autoridad en cita.
- Principal
ANTECEDENTES. Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se advierte que en sentencia terminada de engrosar el seis de octubre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia a **********. IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO A fin de proveer lo que en derecho corresponda, cabe recordar que los efectos de la protección constitucional e hicieron consistir en que la juez responsable: ********. En el entendido que a partir de la declaratoria que pronuncie la autoridad responsable en acatamiento a la presente determinación, comenzará a transcurrir el término legal para la promoción del recurso o juicio de amparo correspondiente. Lo anterior es así, puesto que la violación procesal no consiste en la ausencia comprobada de defensa en la audiencia, sino en la falta de verificación sobre el procedimiento de registro de las personas que se ostentaron como sus defensores, como requisito para brindar defensa técnica al imputado, lo que es jurídicamente conveniente, con el fin último de una real y efectiva defensa legal que permita estar en posibilidades de hacer frente a la imputación; lo que sin duda alguna, se incumple si la asistencia es proporcionada por persona que no reúna la citada característica. De manera que sería impráctico conceder el amparo para que al omitirse realizar el requerimiento mencionado, sin más, se repusiera el procedimiento; pues pudiera ser que realmente el imputado sí estuvo asistido de abogado, titulado como licenciado en derecho quien llevó a cabo el registro correspondiente, y no obstante quedara insubsistente esa diligencia en la que no existió violación alguna al derecho de defensa, vulnerándose con la reposición del procedimiento el derecho fundamental de justicia expedita, consagrada en el artículo 17 Constitucional." Ahora bien, como ya se indicó en líneas precedentes y en obvio de mayores repeticiones, del análisis de la audiencia celebrada el once de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que la juzgadora solicitó a la Auxiliar de Sala, respecto a la audiencia de tres de marzo de dos mil veintidós, celebrada por ese órgano jurisdiccional, le indicara quién fue el defensor; la Auxiliar indicó que fue **********. La juez pidió que se le indicara con qué se identificó dicho abogado, a lo que la Auxiliar de Sala contestó que con la cédula profesional **********. La juzgadora solicitó que se le indicara si se verificó la autenticidad de ese documento, a lo que la Auxiliar de Sala refirió que dicho documento se verificó ante la Secretaría de Educación Pública. La juez estableció que se encuentra satisfecho lo previsto en los artículos 20, Apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115, 116, 118 y 134 (del Código Nacional de Procedimientos Penales). Lo anterior, se aprecia que es un cumplimiento defectuoso, debido a que la Juez responsable no atendió los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, los cuales consistieron en que debía verificar si la persona que se ostentó como Defensor del aquí quejoso, llevó a cabo el proceso de registro en el área correspondiente del lugar de adscripción de la referida juzgadora, una vez que, de ser el caso, hubiera cumplido con la normatividad requerida y exhibido la documentación solicitada para esos fines. No obstante, se aprecia que la referida Juez de Control de la Unidad de Gestión Judicial Uno del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia, **********, a través de un diverso oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 14564, hizo del conocimiento de este juzgado que el quince de noviembre de dos mil veintidós, determinó autorizar la salida alterna consistente en un Acuerdo Reparatorio de Cumplimiento Inmediato, celebrado entre las partes ante instancia ministerial, por lo que se decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento total y firme de la causa, toda vez que las partes renunciaron a los plazos para inconformarse con dicha determinación. Establecido lo anterior el suscrito considera que la autoridad judicial responsable tiene una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente controvertido. Se afirma lo anterior, pues ya se ha hecho patente en el presente auto, se autorizó la salida alterna consistente en un Acuerdo Reparatorio de Cumplimiento Inmediato, celebrado entre las partes ante instancia ministerial, por lo que se decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento total y firme de la causa, lo que representa, en este momento, esa imposibilidad legal y material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Por las razones anteriormente expuestas y como ya se indicó en líneas precedentes, el suscrito advierte que en el caso que nos ocupa se actualiza la IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE MÉRITO
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "ANTECEDENTES. Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se advierte que en sentencia terminada de engrosar el seis de octubre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia a **********. IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO A fin de proveer lo que en derecho corresponda, cabe recordar que los efectos de la protección constitucional e hicieron consistir en que la juez responsable: ********. En el entendido que a partir de la declaratoria que pronuncie la autoridad responsable en acatamiento a la presente determinación, comenzará a transcurrir el término legal para la promoción del recurso o juicio de amparo correspondiente. Lo anterior es así, puesto que la violación procesal no consiste en la ausencia comprobada de defensa en la audiencia, sino en la falta de verificación sobre el procedimiento de registro de las personas que se ostentaron como sus defensores, como requisito para brindar defensa técnica al imputado, lo que es jurídicamente conveniente, con el fin último de una real y efectiva defensa legal que permita estar en posibilidades de hacer frente a la imputación; lo que sin duda alguna, se incumple si la asistencia es proporcionada por persona que no reúna la citada característica. De manera que sería impráctico conceder el amparo para que al omitirse realizar el requerimiento mencionado, sin más, se repusiera el procedimiento; pues pudiera ser que realmente el imputado sí estuvo asistido de abogado, titulado como licenciado en derecho quien llevó a cabo el registro correspondiente, y no obstante quedara insubsistente esa diligencia en la que no existió violación alguna al derecho de defensa, vulnerándose con la reposición del procedimiento el derecho fundamental de justicia expedita, consagrada en el artículo 17 Constitucional." Ahora bien, como ya se indicó en líneas precedentes y en obvio de mayores repeticiones, del análisis de la audiencia celebrada el once de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que la juzgadora solicitó a la Auxiliar de Sala, respecto a la audiencia de tres de marzo de dos mil veintidós, celebrada por ese órgano jurisdiccional, le indicara quién fue el defensor; la Auxiliar indicó que fue **********. La juez pidió que se le indicara con qué se identificó dicho abogado, a lo que la Auxiliar de Sala contestó que con la cédula profesional **********. La juzgadora solicitó que se le indicara si se verificó la autenticidad de ese documento, a lo que la Auxiliar de Sala refirió que dicho documento se verificó ante la Secretaría de Educación Pública. La juez estableció que se encuentra satisfecho lo previsto en los artículos 20, Apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115, 116, 118 y 134 (del Código Nacional de Procedimientos Penales). Lo anterior, se aprecia que es un cumplimiento defectuoso, debido a que la Juez responsable no atendió los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, los cuales consistieron en que debía verificar si la persona que se ostentó como Defensor del aquí quejoso, llevó a cabo el proceso de registro en el área correspondiente del lugar de adscripción de la referida juzgadora, una vez que, de ser el caso, hubiera cumplido con la normatividad requerida y exhibido la documentación solicitada para esos fines. No obstante, se aprecia que la referida Juez de Control de la Unidad de Gestión Judicial Uno del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia, **********, a través de un diverso oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 14564, hizo del conocimiento de este juzgado que el quince de noviembre de dos mil veintidós, determinó autorizar la salida alterna consistente en un Acuerdo Reparatorio de Cumplimiento Inmediato, celebrado entre las partes ante instancia ministerial, por lo que se decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento total y firme de la causa, toda vez que las partes renunciaron a los plazos para inconformarse con dicha determinación. Establecido lo anterior el suscrito considera que la autoridad judicial responsable tiene una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente controvertido. Se afirma lo anterior, pues ya se ha hecho patente en el presente auto, se autorizó la salida alterna consistente en un Acuerdo Reparatorio de Cumplimiento Inmediato, celebrado entre las partes ante instancia ministerial, por lo que se decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento total y firme de la causa, lo que representa, en este momento, esa imposibilidad legal y material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Por las razones anteriormente expuestas y como ya se indicó en líneas precedentes, el suscrito advierte que en el caso que nos ocupa se actualiza la IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE MÉRITO"
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "ANTECEDENTES. Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se advierte que en sentencia terminada de engrosar el seis de octubre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia a **********. IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO A fin de proveer lo que en derecho corresponda, cabe recordar que los efectos de la protección constitucional e hicieron consistir en que la juez responsable: ********. En el entendido que a partir de la declaratoria que pronuncie la autoridad responsable en acatamiento a la presente determinación, comenzará a transcurrir el término legal para la promoción del recurso o juicio de amparo correspondiente. Lo anterior es así, puesto que la violación procesal no consiste en la ausencia comprobada de defensa en la audiencia, sino en la falta de verificación sobre el procedimiento de registro de las personas que se ostentaron como sus defensores, como requisito para brindar defensa técnica al imputado, lo que es jurídicamente conveniente, con el fin último de una real y efectiva defensa legal que permita estar en posibilidades de hacer frente a la imputación; lo que sin duda alguna, se incumple si la asistencia es proporcionada por persona que no reúna la citada característica. De manera que sería impráctico conceder el amparo para que al omitirse realizar el requerimiento mencionado, sin más, se repusiera el procedimiento; pues pudiera ser que realmente el imputado sí estuvo asistido de abogado, titulado como licenciado en derecho quien llevó a cabo el registro correspondiente, y no obstante quedara insubsistente esa diligencia en la que no existió violación alguna al derecho de defensa, vulnerándose con la reposición del procedimiento el derecho fundamental de justicia expedita, consagrada en el artículo 17 Constitucional." Ahora bien, como ya se indicó en líneas precedentes y en obvio de mayores repeticiones, del análisis de la audiencia celebrada el once de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que la juzgadora solicitó a la Auxiliar de Sala, respecto a la audiencia de tres de marzo de dos mil veintidós, celebrada por ese órgano jurisdiccional, le indicara quién fue el defensor; la Auxiliar indicó que fue **********. La juez pidió que se le indicara con qué se identificó dicho abogado, a lo que la Auxiliar de Sala contestó que con la cédula profesional **********. La juzgadora solicitó que se le indicara si se verificó la autenticidad de ese documento, a lo que la Auxiliar de Sala refirió que dicho documento se verificó ante la Secretaría de Educación Pública. La juez estableció que se encuentra satisfecho lo previsto en los artículos 20, Apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115, 116, 118 y 134 (del Código Nacional de Procedimientos Penales). Lo anterior, se aprecia que es un cumplimiento defectuoso, debido a que la Juez responsable no atendió los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, los cuales consistieron en que debía verificar si la persona que se ostentó como Defensor del aquí quejoso, llevó a cabo el proceso de registro en el área correspondiente del lugar de adscripción de la referida juzgadora, una vez que, de ser el caso, hubiera cumplido con la normatividad requerida y exhibido la documentación solicitada para esos fines. No obstante, se aprecia que la referida Juez de Control de la Unidad de Gestión Judicial Uno del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia, **********, a través de un diverso oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 14564, hizo del conocimiento de este juzgado que el quince de noviembre de dos mil veintidós, determinó autorizar la salida alterna consistente en un Acuerdo Reparatorio de Cumplimiento Inmediato, celebrado entre las partes ante instancia ministerial, por lo que se decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento total y firme de la causa, toda vez que las partes renunciaron a los plazos para inconformarse con dicha determinación. Establecido lo anterior el suscrito considera que la autoridad judicial responsable tiene una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente controvertido. Se afirma lo anterior, pues ya se ha hecho patente en el presente auto, se autorizó la salida alterna consistente en un Acuerdo Reparatorio de Cumplimiento Inmediato, celebrado entre las partes ante instancia ministerial, por lo que se decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento total y firme de la causa, lo que representa, en este momento, esa imposibilidad legal y material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Por las razones anteriormente expuestas y como ya se indicó en líneas precedentes, el suscrito advierte que en el caso que nos ocupa se actualiza la IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE MÉRITO"
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