Carlos Alonso Pulido Ocampo y otros

Expediente 1181/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1181/2014
Año
2014
Actuaciones
6
Última actuación
07/02/2017

Partes del expediente

  • Carlos Alonso Pulido Ocampo y otros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE SIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a siete de febrero de dos mil diecisiete. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil catorce por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero (fojas 201 a 248), dicho órgano de control constitucional, por una parte sobreseyó, y por otra parte concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Carlos Alonso Pulido Ocampo, Maricela Palacios González, Francisco Rodríguez de la Rosa, Ricardo Arellano Núñez, Alma Liliana Vásquez Medrano, Alejandra Yamel Assad Meza, Joksana Estévez Beristain, María Josefina Salazar Álvarez, María Margarita de la Trinidad López del Moral, Juan Antonio Gamboa Alias, Anabel Nicolás Altamirano, Gloria Esther Ortiz Guzmán, Liliana Hermida Aguilar, Wendy Castillo López, María del Rocío Pérez Grijalva, María del Socorro Calderón Flores, América Tamborrell Benítez, Lucia León Ruiz, Erla María Palafox Valdés, Sugey Elos Castillo, Oscar Zarate Soto y María Angélica Arellano Domínguez, en los siguientes términos: ".la concesión del amparo esa para el efecto de que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz: a) Únicamente respecto a la citada parte quejosa, no aplique en el presente y futuro las disposiciones declaradas inconstitucionales, hasta en tanto no sean abrogadas o reformadas; b) En relación a los artículos 3°, fracción XIV y quinto transitorio de la ley impugnada, la concesión del amparo implica que la cuantía de las personas que eventualmente se concedan a la parte quejosa por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, se calcule considerando el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja (sueldo regulador); c) Por cuanto hace a los artículos 19 y tercero transitorio, implica que, en el eventual supuesto de que se otorgue a la parte quejosa una pensión por JUBILACIÓN, VEJEZ Y PENSIÓN ANTICIPADA, no deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse a la reserva técnica que dirige." En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la aprobación expedición y promulgación de la aludida ley, es decir, Congreso, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto de ejecución en cumplimiento al fallo protector. Inconforme con el fallo constitucional emitido, mediante escrito datado de dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión (fojas 316 a 319), el cual se tramitó el veintiséis de diciembre siguiente (foja 357), el Director General y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión mediante oficio datado el veintitrés de diciembre de dos mil catorce (fojas 322 a 351), el cual se tramitó el doce de enero de dos mil quince (fojas 371 y 372), mediante proveído de catorce de enero de dos mil quince, se remitieron los autos originales del juicio en que se actúa a la superioridad para la substanciación del medio defensivo hecho valer (foja 383). Mediante oficio 3109, signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el Amparo en Revisión de Trabajo número 30/2015 de su índice (fojas 532 a 607), de la que se desprende que la superioridad resolvió: ".PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, por lo que respecta a los artículos 6, fracción III, 22, segundo párrafo, 16, 19 y tercero transitorio, de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta ejecutoria. TERCERO. La justicia de la Unión no ampara, ni protege a 1. Carlos Alonso Pulido Ocampo, 2. Maricela Palacios González, 3. Francisco Rodríguez de la Rosa, 4. Ricardo Arellano Núñez, 5. Alma Liliana Vásquez Medrano, 6. Alejandra Yamel Assad Meza, 7. Joksana Estévez Beristain, 8. María Josefina Salazar Álvarez, 9. María Margarita de la Trinidad López del Moral, 10. Juan Antonio Gamboa Alias, 11. Anabel Nicolás Altamirano, 12. Gloria Esther Ortiz Guzmán, 13. Liliana Hermida Aguilar, 14. Wendy Castillo López, 15. María del Rocío Pérez Grijalva, 16. María del Socorro Calderón Flores, 17. América Tamborrell Benítez, 18. Lucia León Ruiz, 19. Erla María Palafox Valdés, 20. Sugey Elos Castillo, 21. Oscar Zarate Soto y 22. María Angélica Arellano Domínguez, respecto de los numerales 1, 3, fracciones IV y VIII, 4, 7, 12, 13, 18, 20, 75, fracción XI, 95, fracción III, 98, primer párrafo, 103, 105, 109, 110, 112, fracción I, y transitorios primero, segundo, sexto y décimo segundo, de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por las razones expuestas en el considerando décimo de esta ejecutoria, así como en relación con el artículo 36 de la referida ley impugnada, en términos del considerando noveno de la misma. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a 1. Carlos Alonso Pulido Ocampo, 2. Maricela Palacios González, 3. Francisco Rodríguez de la Rosa, 4. Ricardo Arellano Núñez, 5. Alma Liliana Vásquez Medrano, 6. Alejandra Yamel Assad Meza, 7. Joksana Estévez Beristain, 8. María Josefina Salazar Álvarez, 9. María Margarita de la Trinidad López del Moral, 10. Juan Antonio Gamboa Alias, 11. Anabel Nicolás Altamirano, 12. Gloria Esther Ortiz Guzmán, 13. Liliana Hermida Aguilar, 14. Wendy Castillo López, 15. María del Rocío Pérez Grijalva, 16. María del Socorro Calderón Flores, 17. América Tamborrell Benítez, 18. Lucia León Ruiz, 19. Erla María Palafox Valdés, 20. Sugey Elos Castillo, 21. Oscar Zarate Soto y 22. María Angélica Arellano Domínguez, por lo que hace a los artículos 3, fracción XIV y quinto transitorio de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el veintiuno de julio del dos mil catorce, y su aplicación, para los efectos indicados en el considerando décimo del fallo recurrido." Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el testimonio de la superioridad y, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado tal acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 608 a 610). Mediante oficio número SJ/064/2017 el Director General del Instituto señalado como responsable, informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector emitido (fojas 620 a 625); por lo anterior, mediante acuerdo de dieciséis de enero de la presente anualidad, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa por el término de tres días a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 627 y 628), quien fue debidamente notificada y dentro de dicho lapso no desahogó la vista de mérito (foja 631). Por otra parte, debe precisarse que el amparo concedido a Carlos Alonso Pulido Ocampo, Maricela Palacios González, Francisco Rodríguez de la Rosa, Ricardo Arellano Núñez, Alma Liliana Vásquez Medrano, Alejandra Yamel Assad Meza, Joksana Estévez Beristain, María Josefina Salazar Álvarez, María Margarita de la Trinidad López del Moral, Juan Antonio Gamboa Alias, Anabel Nicolás Altamirano, Gloria Esther Ortiz Guzmán, Liliana Hermida Aguilar, Wendy Castillo López, María del Rocío Pérez Grijalva, María del Socorro Calderón Flores, América Tamborrell Benítez, Lucia León Ruiz, Erla María Palafox Valdés, Sugey Elos Castillo, Oscar Zarate Soto y María Angélica Arellano Domínguez, fue para el efecto únicamente, de que no aplique en el presente y futuro las disposiciones declaradas inconstitucionales, hasta en tanto no sean abrogadas o reformadas; en relación a los artículos 3°, fracción XIV y quinto transitorio de la ley impugnada, y en consecuencia que la cuantía de las pensiones que eventualmente les sean concedidas se calcule considerando el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja en lugar del sueldo regulador. Ahora, de la lectura íntegra del oficio SJ/064/2017 de once de enero pasado, signado por el Director General y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad -autoridad encargada de operar la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave- y anexos que le acompañan, se advierte que giró las instrucciones correspondientes, mediante el Memorándum número SJ/063/2017 dirigido a la Subdirectora de Prestaciones Institucionales de dicha dependencia, a fin que tomara las medidas necesarias y se abstuviera de la aplicación presente y futura a los quejosos de los artículos 3, fracción XIV, así como Quinto transitorio de la Ley impugnada, particularmente al indicar: ". En relación a los artículos 3° fracción XIV y quinto transitorio de la ley impugnada, la concesión del amparo implica que la cuantía de las pensiones que eventualmente se concedan a la parte quejosa por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, se calcule considerando el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja (sueldo regulador). En ese orden de ideas, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: El suscrito ha girado el oficio SJ/063/2017, a la Subdirección de Prestaciones Institucionales, con la finalidad de garantizar que no les sea aplicado a los quejosos dichos numerales de la Ley, lo anterior se determinó así, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior de este Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Me permito anexar el oficio respectivo con sello de recibido."; es más, se advierte instruyó para que en el expediente personal de los quejosos se insertara copia del Memorándum de que se trata. En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable encargada del cumplimiento, acató en sus términos la sentencia; por lo que procede declarar que ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se restituyó a los impetrantes del amparo el goce de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto al original del incidente de suspensión toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención a lo ordenado en la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su destrucción. Así las cosas, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable encargada del cumplimiento. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; comunicado mediante oficio número CCJ/ST/8603/2016 de seis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Olga Palacios Monterrosa, secretaria quien autoriza y da fe

  2. Principal

    Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECISEIS DE ENERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite las constancias relativas al mismo. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el acto de la diligencia, o bien, en el término de tres días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, en el entendido que aun cuando la parte quejosa no desahogue dicho requerimiento, esta autoridad federal se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio con base en las constancias que obran en autos. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; comunicado mediante oficio número CCJ/ST/8603/2016 de seis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, secretaria quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ahora, tomando en cuenta que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 segundo párrafo de la Nueva Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días contando a partir de que le sea notificado el presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia amparadora, debiendo en tal caso, mantener informado a este Juzgado de Distrito de todos los acuerdos u oficios que emita o reciba tendentes al cumplimiento del fallo; apercibida que de no hacerlo y abstenerse de justificar ante este Juzgado tal circunstancia, se le impondrá a su titular una multa de CIEN Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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