Carlos Alonso Pérez Sosa
Expediente 1259/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Alonso Pérez Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este juicio; con fundamento en el artículo 2, de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee y niega el presente juicio de amparo, causó ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de las responsables no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse negado y sobreseído en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
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Agréguese a los autos el escrito de *****************, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico, para consulta, notificación y presentación de escritos dirigidos al mismo. A fin de proveer en cuanto a lo peticionado, conviene destacar que el artículo 3 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, con la utilización de firma electrónica, lo cual tiene como objetivo fundamental, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Ahora, de las actuaciones existentes en este contradictorio federal se aprecia que el ocursante es autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, de ninguna de ellas se aprecia que se le haya otorgado la facultad expresa para consultar el expediente electrónico, ni para solicitar que en esa misma vía se practiquen las notificaciones respectivas, tal como lo establecen los artículos 35, en su segundo párrafo y 40, del Acuerdo General 12/2020, invocados en párrafos precedentes. Por tanto, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de que, como autorizado en términos amplios del quejoso, carece de la facultad expresa para solicitar el trámite del presente asunto bajo el esquema de juicio en línea; dado que, de acuerdo a los numerales citados la petición debe realizarla la parte quejosa y, además, deberá proporcionar su "Nombre de Usuario", sin el cual no será factible realizar las notificaciones electrónicas.
- Principal
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. V I S T O, para resolver el juicio de amparo 1259/2020-V, promovido por CARLOS ALONSO PÉREZ SOSA, contra de actos de las autoridades Instituto Municipal de Pensiones y Presidencia Municipal de Chihuahua, ambos con sede en esta ciudad; los que estimó violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales tutelados en los ordinales 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16, 123 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Por demanda presentada en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el diez de septiembre de dos mil veinte, y turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el día diecisiete del mismo mes y año, CARLOS ALONSO PÉREZ SOSA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades precisadas con antelación y por los actos siguientes: "4. ACTOS RECLAMADOS. a). - La resolución administrativa contenida en el oficio UT/263/2020, que niega la expedición de copia por duplicado del expediente clínico de mi señora madre RAQUEL SOSA OLIVAS." (Ver foja 3). SEGUNDO. Admisión. Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, bajo el número estadístico 1259/2020-V, se requirió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular alegatos; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, tercer párrafo y 114, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto impugnado en la presente vía, lo constituye un acto de naturaleza omisiva atribuido a autoridades con sede en esta localidad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda y documentales anexadas a esta, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En el presente asunto, la parte quejosa reclama: > La resolución contenida en el oficio UT/263/2020 donde le informan cuales son los requisitos para tener acceso y/o portabilidad al expediente clínico y/o médico de Raquel Sosa Olivas, de conformidad con lo que dispone el artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. Así las cosas, este órgano de control constitucional procede al análisis de la certeza o inexistencia del acto reclamado. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidencia Municipal de Chihuahua con sede en esta ciudad, así lo manifestó categóricamente al rendir su informe justificado (Ver fojas 46 a 50). Luego, en atención a que dicha negativa no fue desvirtuada con prueba alguna por la parte quejosa, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Como apoyo a lo anterior y por así permitirlo el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, es dable invocar la jurisprudencia VI. 2°. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada a página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2 Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Seminario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Instituto Municipal de Pensiones, relativo a la emisión del oficio UT/263/2020 donde informa al aquí quejoso cuales son los requisitos para tener acceso y/o portabilidad al expediente clínico y/o médico de su madre Raquel Sosa Olivas, de conformidad con lo que dispone el artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, así lo manifestó al rendir su informe justificado. Aseveración que se ve corroborada con las documentales que a su demanda acompañó la parte quejosa (Ver fojas 18 a 21), a las que se concede valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 el Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°; en tal virtud, se tiene por acreditada fehacientemente la existencia del acto reclamado. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable Presidencia Municipal de Chihuahua, en su informe hace valer que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo; en razón de que aduce que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar el oficio UT/263/2020 donde informa al aquí quejoso cuales son los requisitos para tener acceso y/o portabilidad al expediente clínico y/o médico de su madre Raquel Sosa Olivas. Ahora bien, el referido precepto legal, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". Así, la figura del interés prevista en el numeral de que se trata se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, pues dicho precepto dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De la fracción transcrita, se advierte que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto de reclamo. En el caso que nos ocupa es evidente que la autoridad responsable da respuesta a un escrito petitorio que le presentó el aquí quejoso, lo que legitima a este último para acudir a impugnarla en el juicio de amparo. Analógicamente, por las razones que le informan resulta aplicable la tesis I.6o.P.23 K (10a.), visible a página 931, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, Décima Época, Materias(s): Común, Registro digital: 2022073, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA TIENE QUIEN OBTUVO RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DE SU DERECHO DE PETICIÓN, Y EN SU DEMANDA RECLAMA QUE ÉSTA VIOLA SU DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, AL NO ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. Cuando el acto reclamado derive de la respuesta al derecho de petición, si el quejoso manifiesta en su demanda que se viola su derecho a la seguridad jurídica reconocido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no estar debidamente fundada y motivada, tiene legitimación para promover el juicio de amparo indirecto, toda vez que la materia de la litis es la propia determinación como tal, la cual es susceptible de ser analizada a efecto de establecer si se cumplió con el mandato que prevé el precepto constitucional citado. De ahí que aun cuando la autoridad responsable, al dar contestación a la solicitud del quejoso, le niegue lo peticionado al argumentar que no tiene interés y sobresee en el juicio, dicha situación no le impide promover el juicio de amparo contra esa contestación, ya que lo contrario implicaría afirmar que no se violentó el derecho constitucionalmente garantizado y que el acto reclamado, por sí mismo, cumple con las exigencias de ley, sin haber realizado un estudio previo de ello, actualizando con su actuar una falacia denominada petición de principio, al tener por cierta una conclusión que parte de premisas falsas." Otra causa de improcedencia que hace valer la citada autoridad responsable es la prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues aduce que previamente a promover el juicio de amparo el quejoso estaba obligado a agotar los recursos ordinarios, en el caso lo dispuesto en el artículo 198 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que prevé la revisión y reconsideración mediante los cuales se puede revocar, anular o modificar el acto lesivo a sus intereses. Ahora bien, el referido precepto legal, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" En tal virtud, resultan incorrectos los argumentos que expone la autoridad responsable, pues precisamente el acto reclamado consiste en el oficio UT/263/2020, no fue emitido por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, sino por un organismo descentralizado como resulta ser el Instituto Municipal de Pensiones, máxime, que aun y cuando fuera el caso, es indiscutible que la parte quejosa no se encontraba obligada a agotar dichos recursos pues basta imponerse del contenido integral de la demanda para advertir que sólo alega violaciones directas a la Constitución. Resulta aplicable, por las razones que la informan, la tesis XXX.1o.3 K (10a.), visible a página 1984, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Registro digital: 2003011, Décima Época, Materias(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. COMO EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, ES INNECESARIO AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. Conforme al artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, y a la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", se advierte que no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de garantías, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. En ese sentido, y toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, al segundo párrafo del artículo 1o., y del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, se ha conformado un nuevo control de constitucionalidad y convencionalidad en el sistema jurídico mexicano, en el que se reconoce y se obliga a respetar los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, es válido admitir, como excepción al principio de definitividad, los casos en los que se plantee una violación directa a un derecho humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, dado que en el sistema jurídico actual no existe una jerarquización en materia de derechos humanos, sino su integración y reconocimiento, independientemente de la fuente que los contenga." Por tanto, resulta de igual forma infundada la causa de improcedencia que hace referencia la responsable. Al no advertir que las partes hicieren valer diversa causal de improcedencia a la analizada, ni de oficio se advierta la actualización, se procede al estudio de los actos reclamados y de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. El solicitante de la protección Federal expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado a que, la omisión de su trascripción no impide a esta Juzgadora cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que rigen toda sentencia. En apoyo a lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, con fundamento en el citado transitorio de la actual ley de la materia, cabe invocar la jurisprudencia 2a./J.58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En su único concepto de violación la parte quejosa aduce sustancialmente lo siguiente: Al negarle la expedición de una copia del expediente médico de su fallecida madre, la responsable viola los derechos humanos que tutelan el derecho a la información, a la petición, y a la salud contemplados en los artículos 4, 6 y 8 Constitucionales, ya que no le permiten tener pleno conocimiento de las causas de fallecimiento de su progenitora. Agrega que, la negativa no encuentra concordancia en los lineamientos contenidos en pactos internacionales suscritos por nuestro país, ni con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que no es necesario que se le imponga como condición el que se tenga que justificar el motivo por el que se pide el expediente, porque ello es innecesario en la medida que al tratarse de un derecho reconocido en favor de toda persona tener acceso a la información exacta de su estado de salud o las causa que provocaron su fallecimiento, por lo cual debe bastar la sola solicitud para que le sea expedido. Añade que, sostener lo contrario conduciría a avalar una practica que va en contra de la efectividad del derecho a la salud, lo que resulta adverso a lo establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su numeral 25, y es así que, la norma oficial mexicana 004-SSA3-2012 publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de octubre de 2012 deja de observar el derecho humano a la salud y por tanto se declara su inaplicabilidad para el presente caso. Como apoyo a sus aseveraciones invoca lo determinado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, residente en Xalapa, Veracruz, en el sentido de que toda persona tiene derecho a la expedición de una copia integra de su expediente clínico y que bastara la expresión de su deseo para hacer efectivo el ejercicio de ese derecho para que surja la obligación de otorgárselo. Determinación que refiere fue objeto de estudio por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 632/2014, la que modificó en los siguientes términos: "(.) si bien se ha determinado que la autoridad responsable debe entregar de manera íntegra el expediente clínico a la quejosa, conforme a lo previsto en la NOM.004-SSA3-2012 Del expediente clínico, lo cierto es que tal obligación se encuentra debidamente cumplimentada cuando dicho expediente se forma con la totalidad de la información que se encuentre en poder de la autoridad o institución en materia de salud a la que se eleva la solicitud correspondiente, de ahí, que contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, el alcance del referido derecho con el que cuenta el paciente no implica que la ahora recurrente se encuentre obligada a requerir a todas las instituciones del sector salud del Estado de Veracruz, sean públicas o privadas, la información relativa a la atención médica que se haya proporcionado a la quejosa para integrar su expediente clínico. Atento a lo anterior debe modificarse la sentencia recurrida para que los efectos de la concesión protectora se circunscriban a que el Director del Centro de Rehabilitación de Salud Mental, deje insubsistente el oficio. y en su lugar emita otro en el que siguiendo los lineamientos de la sentencia recurrida proporcione a la parte quejosa copia de su expediente integro, sin mayores requisitos que los establecidos en la propia Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 Del expediente clínico, facilitando en todo momento el acceso a la información de su salud." (Énfasis añadido). Con base en lo anterior aduce que, la Segunda Sala no hace más que reforzar su conclusión en torno al tema de que el acceso al expediente clínico en su integridad es una parte esencial del derecho a la salud que poseen todos los ciudadanos mexicanos en términos del artículo 4 de la Carta Magna, cuyo acceso se encuentra en su artículo 16, y que para acceder al expediente clínico se necesita únicamente la solicitud de la parte interesada. Derecho a la información que se encuentra garantizado en el artículo 6 Constitucional. En conclusión, para que haya una efectiva tutela a la garantía de ese derecho existe una obligación positiva a cargo del estado, a fin de eliminar todas aquellas practicas que impidan al paciente o al familiar del paciente fallecido de respetarse de forma absoluta el acceso al contenido de su expediente clínico. Como apoyo invoca la tesis I.3o.(I Región) 8 A (10a.), de Registro digital: 2001385, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, página 1838, con el rubro y texto siguiente: "NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-168-SSA1-1998, DEL EXPEDIENTE CLÍNICO. NO OBSTANTE LO ESTABLECIDO EN SU PUNTO 5.5., BASTA LA SOLICITUD DEL PACIENTE PARA QUE LE SEAN EXPEDIDAS LAS CONSTANCIAS DE LOS ESTUDIOS CLÍNICOS Y PATOLÓGICOS QUE LE FUERON PRACTICADOS. Del punto 5.5. de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 1999, se advierte la omisión en esa disposición de señalar los lineamientos respecto al préstamo del expediente clínico, pues sólo prevé que se otorgará un resumen al paciente, que deberá ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo del requerimiento, de lo cual se aprecia que no respeta el derecho humano a la salud, al no proporcionar los documentos gráficos e imagenológicos de cualquier índole en los que el personal médico registra sus intervenciones del estado psicosomático del gobernado y que contiene el citado expediente, lo que implica que no existe un juicio razonable ni un motivo lógico que impida al interesado allegarse de la información detallada atinente a su estado de salud. Además, la mencionada disposición tampoco es acorde con los lineamientos contenidos en los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al imponer como condición para la expedición del resumen clínico, que tenga que justificarse el motivo por el cual se solicita, la cual resulta innecesaria, al tratarse de un derecho elemental de acceso a la información exacta del estado de salud del interesado, en el que deben brindársele las facilidades necesarias para ello. Por tanto, basta la solicitud del paciente para que le sean expedidas las constancias de los estudios clínicos y patológicos que le fueron practicados, no obstante, lo establecido en el punto 5.5. de la indicada norma." (Énfasis añadido). Así como la tesis I.2o.C.46 C, de Registro digital: 164752, Novena Época, Materias(s): Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010, página 2755, con el rubro y texto siguiente: "NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-168-SSA1-1998, DEL EXPEDIENTE CLÍNICO, PUNTO 5.5. EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA SOLICITAR EL EXPEDIENTE CLÍNICO Y NO SE REQUIERE QUE EL PACIENTE PROMUEVA MEDIOS PREPARATORIOS PARA QUE SE LE OTORGUE LA INFORMACIÓN VERBAL, EL RESUMEN O EL EXPEDIENTE CLÍNICO. Conforme al punto 5.5. de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, el juzgador se encuentra legalmente facultado para solicitar el expediente clínico y las constancias de los estudios clínicos y patológicos que se practicaron al paciente, aunado a que del mismo punto no se advierte que para que los prestadores de servicios de atención médica otorguen la información verbal, el resumen clínico o el expediente clínico, el paciente deba promover medios preparatorios a juicio, pues si el legislador hubiese tenido esa intención así lo hubiera establecido expresamente en la norma y punto mencionados. Por consiguiente, no existe impedimento alguno para que el juzgador condene al demandado a que presente ante dicha autoridad tanto el expediente clínico del paciente como las constancias de los estudios clínicos y patológicos que le fueron practicados, a fin de que éste tenga acceso a ellos y le sean entregados si bien, no los originales, sí copias certificadas de éstos." (Énfasis añadido). Precisado lo anterior, para una mejor comprensión de la determinación a la que se arriba es menester tener presente: La parte que interesa del oficio reclamado, que es del tenor siguiente: "(.) En atención a su escrito de fecha 18 de agosto del año en curso, mediante el cual, manifiesta su carácter de hijo de quien tuviera el número de afiliación 1159702 (75030), y solicita se le expida por duplicado, copia fiel y exacta del expediente clínico y/o médico de la C. RAQUEL SOSA OLIVAS, respetuosamente informo: De conformidad con el artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición (ARCO), y de portabilidad, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto. En virtud de lo anterior, podrá presentar ante la Unidad de Transparencia del Instituto Municipal de Pensiones la documentación idónea para acreditar la voluntad expresa del titular de los datos personales o en su defecto, mandato judicial para dicho efecto. Siendo los medios de contacto de la Unidad de Transparencia del Instituto Municipal de Pensiones los siguientes: (.) Lo anterior con fundamento en los artículos 38 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, 27, 31, 32 y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua- (.)" (Ver foja 9). Lo que dispone el artículo 38 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 38.- Compete a la Unidad de Transparencia: (.) IV. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la misma." Lo que disponen los artículos 27, 31, 32 y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 27.- Cada responsable contará con una Unidad de Transparencia, se integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y demás normatividad aplicable, y tendrá las siguientes funciones: I. Auxiliar y orientar al titular para que ejerza el derecho a la protección de sus datos personales. II. Dar trámite a las solicitudes en las que se pretende ejercer los derechos ARCO y de portabilidad, hasta su conclusión. III. Establecer mecanismos que aseguren que los datos personales se entreguen a su titular o su representante legal, debidamente acreditados. IV. Informar al titular o su representante legal, el monto de los costos a cubrir por la reproducción y envío de los datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones aplicables. V. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan el trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad. VI. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre el trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad. VII. Otorgar asesorías a las áreas, en materia de protección de datos personales. Artículo 31.- El titular por sí o por medio de su representante, debidamente identificados, podrá ejercer los derechos- de acceso, rectificación, cancelación, oposición al tratamiento y de portabilidad de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados. Estos derechos son independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro. Artículo 32.- El ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad, por persona distinta a su titular o a su representante, será posible en los supuestos que disponga la ley o, en su caso, por mandato judicial. Artículo 38.- Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el presente Capítulo, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto." Precisado lo anterior, este juzgador considera que resultan infundados los resumidos motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa de acuerdo con las siguientes consideraciones: > El derecho sustantivo a la protección de datos personales tutelado en los artículos 6o. y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal, en aras de preservar la vida privada de las personas. Lo anterior, con la finalidad de proteger al titular de la información para que pueda manifestar su oposición a la divulgación, no sólo de sus propios datos personales, sino también de los concernientes a su persona, esto es, los que ponen en riesgo su vida, seguridad o salud, los secretos industriales, fiscales, bancarios, fiduciarios o cualquier otro considerado como tal por una disposición jurídica. En relación con este derecho, la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012, establece la obligación del personal de los establecimientos para la atención médica de manejar con discreción y confidencialidad la información contenida en los expedientes clínicos, pudiendo ser únicamente proporcionada a terceros cuando medie la solicitud escrita del paciente, el tutor, representante legal o de un médico debidamente autorizado por alguno de éstos. > De conformidad con el trascrito artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, tratándose de datos concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere ese Capítulo, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto. > De la lectura del oficio reclamado, no se advierte que la responsable le hubiere negado la copia del expediente clínico de su señora madre fallecida, sino que únicamente en apego a lo establecido por el trascrito artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua hizo de su conocimiento que para la expedición de una copia de dicho expediente clínico debía presentar ante la Unidad de Transparencia del Instituto Municipal de Pensiones la documentación idónea para acreditar la voluntad expresa del titular de los datos personales o en su defecto, mandato judicial para dicho efecto. En ese contexto, es inobjetable, que la determinación contenida en el oficio reclamado en forma alguna violenta los derechos humanos que tutelan el derecho a la información, a la petición, y a la salud contemplados en los artículos 4, 6 y 8 Constitucionales, ya que de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 (cuyo campo de aplicación es de observancia general en el territorio nacional, y sus disposiciones obligan a los prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012, es obligación de dicha Unidad de Transparencia del Instituto Municipal de Pensiones manejar con discreción y confidencialidad la información contenida en los expedientes clínicos. De igual manera, contrario a lo aseverado por el quejoso, basta imponerse de la trascripción de lo determinado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, residente en Xalapa, Veracruz, y lo resuelto al respecto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 632/2014, para advertir que, son coincidentes en señalar que debe proporcionarse a la parte quejosa copia de su expediente clínico, sin mayores requisitos que los establecidos en la propia Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 facilitando en todo momento el acceso a la información de su salud, sin que se advierta que hagan alusión a que esa copia también debía proporcionarse a un familiar en caso de fallecimiento del paciente, ni tampoco se advierte que emitan algún pronunciamiento en relación que resulta inconstitucional la referida Norma Oficial Mexicana. Misma situación se presenta con el contenido de las tesis que invoca la parte quejosa, pues ambas son coincidentes en señalar que basta la solicitud del paciente para que le sean expedidas las constancias de los estudios clínicos y patológicos que le fueron practicados, pero en ninguna de estas se menciona que esa solicitud también pudiera ser procedente cuando fuera presentada por alguno de sus familiares en caso de fallecimiento del paciente. Asimismo, no se aprecia que se haya violentado en perjuicio del aquí quejoso lo dispuesto en el artículo 8 Constitucional, ya que a la petición formulada por el aquí quejoso el dieciocho de agosto de dos mil veinte, recayó el oficio el oficio UT/263/2020 (por escrito) de fecha veinte del mismo mes y año (breve término), que en ese día le fue notificado personalmente al aquí quejoso en su domicilio (calle Coronado 907 de la Colonia Centro) el que resulta congruente con la petición, ya que resolvió de conformidad con los ordenamientos que resultaban aplicables al caso. Finalmente, es importante destacar, que en el caso no se está dejando de observar el derecho humano a la salud del aquí quejoso, ya que de lo que se duele este último en su demanda, es de la negativa por parte de la responsable de expedirle una copia del expediente médico de su madre fallecida. De ahí, que en forma alguna se pueda considerar que la resolución administrativa contenida en el oficio UT/263/020 sea adversa a lo establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 (Derecho a la Salud). En las relatadas consideraciones, al ser infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Finalmente debe señalarse que, si bien los criterios contenidos en algunas de las tesis transcritas con antelación aluden a la anterior Ley de Amparo; sin embargo, sirven de sustento al contener los mismos principios de la Ley de la Materia vigente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Presidencia Municipal de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en los términos decretados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso CARLOS ALONSO PÉREZ SOSA, contra los actos reclamados del Instituto Municipal de Pensiones, con sede en esta ciudad, por los motivos y fundamentos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Así lo resolvió y firma el licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de juez, con apoyo n el artículo 45, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el secretario César Javier Ortegón Mendoza, quien autoriza y da fe de sus actos, hoy veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, con lo que concluye la audiencia constitucional; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ****, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, y del estado procesal del juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, téngasele proporcionado correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
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