Carlos Alfredo Villalva Abarca

Expediente 1855/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1855/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
24/01/2017

Partes del expediente

  • Carlos Alfredo Villalva Abarca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    III. Toluca, Estado de México; veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil diecisiete, por la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo, inciso III). 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1855/2016-III, promovido por Carlos Alfredo Villalva Abarca, contra actos del Fiscal de la Fiscalía Especializada en delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Carlos Alfredo Villalva Abarca, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "A) ORDENADORA: C. Agente del ministerio público adscrito a la Subprocuraduría de Atención Especializada, Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría general de Justicia del Estado de México. B) EJECUTORAS: 1. C. Agente del ministerio público adscrito a la Subprocuraduría de Atención Especializada, Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 2. Fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 3. C. Subprocurador de Atención Especializada, Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México." ACTOS RECLAMADOS 1. De la autoridad señalada como ordenadora reclamo la ilegal instrucción y/o acuerdo consistente en la negativa de permitir a mi defendido el acceso a la totalidad de las actuaciones de la carpeta de investigación y/o el ilegal acuerdo de fecha 18 de noviembre de 2016, notificado a través del correo electrónico alcibarv@abogadosmm.com.mx, el día 23 de dicho mes y año, que determina negar expedir a favor del quejoso CARLOS ALFREDO VILLALBA ABARCA, copias simples de las constancias que integran la carpeta de investigación número 463300360006615, tramitada ante la autoridad ordenadora. 2. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo la restricción a la totalidad de las constancias la carpeta de investigación y el acuerdo respectivo que determina expedir a favor del quejoso copias simples de la investigación y anexos que la conforman." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del amparo. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, se registró con el número 1855/2016-III, por auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis se admitió a trámite el escrito inicial; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Cumplido lo anterior, se celebró la audiencia constitucional respectiva en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclama una actuación de autoridades ubicadas dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control de la constitucionalidad. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se obtiene que Carlos Alfredo Villalva Abarca reclama: Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Atención Especializada, Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México: el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis dictado en la carpeta de investigación 463300360006615, donde al quejoso se le niega la expedición de copias simples de la citada carpeta. De las autoridades responsables Subprocurador de Atención Especializada y el Fiscal, ambos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México: la restricción a la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación 463300360006615, así como el acuerdo donde se niega la expedición de las copias solicitadas de dicha carpeta y sus anexos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Subprocurador de Atención Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y el Fiscal Especializado en el Delito de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al haber señalado dicha autoridad que no existen los actos reclamados referidos, al no haber aportado el propio quejoso ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto a las autoridades antes señaladas, por el acto que el quejoso le reclama. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Atención Especializada, Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría general de Justicia del Estado de México, fue omiso en rendir su informe respectivo, fue omiso en rendir su informe justificado dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, no obstante de estar debidamente notificado del oficio 48759/2016, mediante el cual se le hizo tal requerimiento (foja 27), pues éste lo recibió el siete de diciembre de dos mil dieciséis, y en términos del artículo 31, fracción I, de la legislación antes citada, surtió sus efectos en ese mismo día, por lo tanto, el plazo aludido transcurrió del ocho al veintiocho de ese mismo mes y año; sin computar los días sábados y domingos por ser días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de la materia. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado. QUINTO. Estudio y resolución del asunto. Las partes no hicieron valer causa de sobreseimiento o improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte alguna otra de oficio, en relación al acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Atención Especializada, Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; razón por la cual se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. En lo conducente, se cita la jurisprudencia 231, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Octava Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, del contenido siguiente: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, de acuerdo con la jurisprudencia 58/2010, con número de registro 164618, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, que establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, toda vez que se presumió cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Atención Especializada, Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría general de Justicia del Estado de México; en términos del artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, queda a cargo del quejoso acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que no es en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En efecto, el quejoso no acreditó con medio probatorio alguno la inconstitucionalidad del acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis dictado en la carpeta de investigación 463300360006615, donde se le niega la expedición de copias simples de la citada carpeta, el cual no es inconstitucional en sí mismo, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la fracción VII, apartado A, del artículo 20 constitucional no exige que los datos solicitados por el inculpado, su defensor y la víctima y ofendido y/o su representante legal, para preparar su defensa y que consten en la averiguación o en el proceso, sean pedidos precisamente por escrito y ministrados en forma de copias simples o certificadas, basta que el expediente respectivo sea puesto a la vista de las partes para que puedan consultarlo. Lo anterior, como se determinó en la jurisprudencia 1a./J. 52/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época, del registro 178055, cuyo contenido dispone: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La fracción VII del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en beneficio de todo inculpado sujeto a un proceso penal el derecho a una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en aquél y que requiera para su defensa. Ahora bien, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de julio de 1996, mediante la cual se adicionó un párrafo cuarto a la fracción X del citado precepto constitucional, las garantías previstas en sus fracciones VII y IX, que en un principio sólo eran aplicables durante la tramitación del proceso penal, también fueron incorporadas a la averiguación previa, aunque limitándose a lo establecido en las leyes secundarias. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que las únicas personas que tendrán acceso a las actuaciones de la averiguación previa serán el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, en caso de que los hubiera, y establece que el funcionario que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación incurrirá en responsabilidad; de donde se advierte que el Ministerio Público está impedido para otorgar dichas copias, lo cual es acorde con la garantía de defensa contenida en las fracciones VII y IX del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, en tanto que ésta dispone que tratándose de la averiguación previa, dicha garantía se otorgará con las limitantes, términos y requisitos que las leyes secundarias determinen, es decir, si bien es cierto que las partes tienen derecho a que se les proporcione toda la información que requieran para su defensa, también lo es que el hecho de que el Ministerio Público no pueda proporcionar copias -en aras de proteger la reserva de las actuaciones-, en nada restringe el aludido derecho, pues aun cuando no se les proporcionen copias, el referido artículo 16 prevé que podrán tener acceso a las actuaciones de las que se podrán tomar todos los datos que estimen indispensables. De manera que si la fracción VII, apartado A, del artículo 20 constitucional no exige que los datos solicitados por el inculpado, su defensor y la víctima y ofendido y/o su representante legal, para preparar su defensa y que consten en la averiguación o en el proceso, sean pedidos precisamente por escrito y ministrados en forma de copias simples o certificadas, basta que el expediente respectivo sea puesto a la vista de las partes para que puedan consultarlo." En esas condiciones, al no quedar demostrado en autos la inconstitucionalidad de la determinación reclamada, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Alfredo Villalva Abarca, contra las autoridades y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Alfredo Villalva Abarca contra la autoridad mencionada en el considerando cuarto, en los términos expuestos en la última parte de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; quien actúa con el Secretario de Juzgado Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    III. Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Fiscal Especializado en Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, rinde informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    III. Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Agente del Ministerio Público Habilitada adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Subprocurador de Atención Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, rinde informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, téngase por designados como delegados de la autoridad responsable a las personas mencionadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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