Carlos Alfredo Vela López
Expediente 667/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Carlos Alfredo Vela López
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la ley de la materia.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda promovida por Carlos Alfredo Vela López, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese con el número 667/2016-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo generadora del presente asunto, debe precisarse que del análisis de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, se desprende que es facultad del Juez de Distrito, desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Analizada en su integridad la demanda, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente, en términos del dispuesto por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" En términos de esta fracción se dispone la improcedencia del Juicio de amparo al considerar que no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa que pueden tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación del acto respectivo, con el juicio de garantías, debiendo agotarse aquél recurso primero y, una vez resuelto, promover el juicio de amparo indirecto. La razón de esta fracción es en el sentido de no permitir la tramitación de juicios de amparo que pueden implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan del juicio de amparo. En cuanto a dicha causal de improcedencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 38/2008, entre otras cosas, estableció: "(.) Así es, en razón de que dicho auto de procesamiento, independientemente de que afecta o restringe la libertad de la persona en contra de quien se decreta, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, por disposición expresa, se requiere que sea el propio quejoso quien haya interpuesto el recurso ordinario en mención y no el Ministerio Público adscrito al juzgado de la causa, puesto que esta última hipótesis no se prevé. Sin soslayar que el precepto de referencia prohíbe la existencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual se combata el mismo acto y se puedan producir los mismos efectos, o más grave aún, efectos contradictorios (en el entendido de que ambas situaciones son precisamente las que pretende evitar el principio de definitividad), la causa de improcedencia de mérito es de estricto derecho, por lo que su interpretación también es estricta, consecuentemente, no admite interpretaciones extensivas, analógicas o las sustentadas en la mayoría de razón, ya que con ello se vulneraría y postergaría el derecho constitucional del quejoso para acudir al juicio de amparo, lo cual lo dejaría en completo estado de indefensión, cuando su pretensión es reclamar inmediatamente una determinación de esa naturaleza." De lo apuntado, se observa que la Primera Sala del Máximo Tribunal de la República, definió que la causa de improcedencia es de estricto derecho, esto es, no admite interpretación extensivas o analógicas, ni excepciones; asimismo, destacó que su objetivo es evitar la tramitación de un recurso ordinario o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, conjuntamente con el juicio de amparo, con el que se pueda obtener el mismo resultado que se busca con la interposición del juicio de amparo, o en el peor de los escenarios, resoluciones contradictorias. Ahora, en el particular, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, el quejoso, en lo que interesa, refiere: ".los hago consistir en el párrafo cuarto del Considerando Octavo, y en el Cuarto punto conclusivo, de la resolución dictada el 1 de agosto en curso, en la causa penal 41/2016-1, mediante la cual se resolvió la situación jurídica del suscrito; actos que respectivamente en lo conducente dicen: "Por conducto de uno de los actuarios de la adscripción, requiérase al procesado CARLOS ALFREDO VELA LÓPEZ para que dentro del término de tres días, contados a partir de que sea debidamente notificado de esta resolución, se constituya en el referido centro penitenciario (Centro de Ejecución de Sanciones), para el efecto de que le sea toma (sic) la media filiación, ficha signáletica y dactiloscópica, así como para que le sea practicado el estudio socioeconómico." Asimismo, en sus conceptos de violación endereza argumentos contra la orden de identificación administrativa dictada dentro del auto de formal prisión de uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 41/2016, sin que de la demanda, se observe que señale como acto reclamado el auto de formal prisión, sino que únicamente señala como tal la orden de que el quejoso comparezca ante el Centro de Ejecución de Sanciones para realizarle la identificación administrativo. Sobre esa base, analizada en su integridad la demanda de amparo, es inconcuso que el acto que por esta vía se reclama es: La orden dada al quejoso a fin de que comparezca ante el Centro de Ejecución de Sanciones para que se le recabe su identificación administrativa, dictada dentro del auto de formal prisión de uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 41/2016. Sobre ese tópico, el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, en lo conducente, dice: ARTÍCULO 165. Dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso se identificará al procesado por el sistema adoptado administrativamente. En todo caso se comunicarán a las oficinas de identificación las resoluciones que pongan fin al proceso y que hayan causado ejecutoria, para que se hagan las anotaciones correspondientes. [.]" Del numeral citado, se observa que la identificación administrativa (ficha signalética) del procesado es una consecuencia legal del auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, la cual si bien no restringe la libertad del agraviado, lo cierto es que depende necesariamente del auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, de tal suerte que no puede existir por sí misma, sino que está supeditada a la emisión del auto de formal prisión. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 60/2006, definió que la identificación administrativa constituye una consecuencia legal del auto de término constitucional, la cual es de naturaleza administrativa, resolución en la cual, entre otras cosas, estableció: "En efecto, como se advierte de las consideraciones transcritas, la identificación administrativa constituye una consecuencia legal del auto de término constitucional, en virtud de que la propia ley ordinaria la ordena; sin embargo, el hecho de que derive de éste, no significa que la identificación administrativa constituya una pena o un acto que pudiera coartar la libertad personal, sino que constituye una prevención o disposición de índole administrativa-procesal que permite y tiene por objeto la identificación y conocimiento de los antecedentes del procesado que aporten al Juez del proceso y de futuros procesos los elementos para personalizar o individualizar la pena. (.)" Precisado lo anterior, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia invocada, esto, pues del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó: ".inconformes, interpusimos por escrito, el recurso de apelación, que por acuerdo del pasado día 5, el Juez de la Causa, lo admite en el efecto devolutivo, ordenándose remitir el disco de respaldo del auto de plazo constitucional recurrido y el testimonio certificado de las constancias relativas al sumario penal 41/2016-1, al Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, en esta ciudad para la substanciación del recurso." (foja 4) Asimismo, en los conceptos de violación, afirmó: ".encontrarse en trámite el mencionado recurso de apelación en contra del auto de formal prisión." (foja 5) Manifestaciones que constituyen una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En ese sentido, al manifestar el quejoso bajo protesta de decir verdad que interpuso el recurso de apelación contra el auto de formal prisión de uno de agosto de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 41/2016, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, en el que se ordenó realizarle la identificación administrativa (acto reclamado), medio de impugnación que, como afirmó, se admitió en efecto devolutivo. De ahí que, al estarse tramitando el recurso de apelación contra el auto de formal prisión del cual deriva la orden de administración que se reclama, es inconcuso que el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia en estudio. Se afirma lo anterior, pues el medio de impugnación interpuesto resulta ser el idóneo, ello, pues en el supuesto de que el auto de formal prisión impugnado sea revocado, traería como consecuencia legal, entre otras, que quedaría nulificada la orden de identificación administrativa que se reclama, con lo cual, a la postre, se lograría el mismo resultado que se obtendría ante una eventual concesión de amparo y protección de la justicia Federal. Lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, se funda legalmente en la jurisprudencia número 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 31/96, publicada en la página 15, del Tomo XII, de diciembre de dos mil, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". No pasa desapercibida, la jurisprudencia 1a./J.58/2003, que invoca el quejoso con el ánimo de sustentar la procedencia de su demanda de amparo; sin embargo, el citado criterio jurisprudencial en nada le beneficia jurídicamente, esto, en principio, pues en ella se establece que en aquellos supuestos que sólo se reclame la identificación y no el auto de formal prisión del que deriva, no significa que constituya un acto consentido, sin embargo, en el particular, la causa de improcedencia que se actualiza no versa sobre un acto consentido, sino porque, como se vio, simultáneamente con el juicio de amparo se está tramitando un recurso ordinario, que podría tener como consecuencia nulificar la identificación administrativa, objetivo que pretende con el juicio de amparo; aunado a que, como se destacó, en el quejoso si impugnó el auto de formal prisión del cual deriva el acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, se DESECHA la demanda de amparo que promueve Carlos Alfredo Vela López, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia número I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, consultable en la página 1631 del tomo XX, de fecha Septiembre de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.
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