Carlos Alfredo Salazar Moo

Expediente 999/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
999/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alfredo Salazar Moo

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a los promoventes.

  2. Principal

    III.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de 09 de noviembre del año en curso, que en lo conducente dice: "Agréguese el escrito de demanda de amparo promovido por Carlos Alfredo Salazar Moo y otros, mediante el cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico. En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo2 , se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 999/2023-III-A. Desechamiento El artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el órgano jurisdiccional de amparo examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al dispositivo legal transcrito, este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Así, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación, se analiza la que se actualiza en el caso, esto es, la prevista en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6, del propio ordenamiento legal en cita. Al respecto, el contenido de dichos artículos a continuación se citan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. Ahora, en el artículo 6° de la Ley de Amparo, prevé que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso, por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de éste del derecho que en su concepto ha sido afectado por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, del análisis de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que no contiene firma autógrafa; y tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 de la citada legislación. En este sentido, si la parte quejosa no plasmó su firma en el escrito inicial de demanda, no puede inferirse que haya expresado su voluntad para promover el presente asunto, ya que la firma representa la manifestación y consentimiento del contenido del documento y hace patente el requisito de instancia de parte, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitucional y 6, de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene destacar que de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales3 , las Oficinas de Correspondencia Común son unidades administrativas encargadas de la recepción, registro y turno de los asuntos y promociones de la competencia de los órganos jurisdiccionales, que dependen administrativamente de la Dirección General de Gestión Judicial. En tanto, los buzones judiciales que se instalen en las oficinas de correspondencia común, tendrán como función recibir asuntos nuevos y promociones, y de conformidad con el artículo 52 del citado Acuerdo, es responsabilidad exclusiva del promovente, verificar que los documentos depositados en el buzón judicial estén debidamente firmados, integrados y dirigidos al órgano jurisdiccional que corresponda, ya que es quien incluso deberá generar su propio acuse; así, la función del personal que acuda en apoyo a la Oficina de Correspondencia Común, se limita a la apertura de paquetes depositados para su digitalización y registro. El mencionado artículo 52, prevé lo siguiente: "Artículo 52. Es responsabilidad exclusiva de los usuarios verificar que los asuntos y promociones que depositen en los buzones judiciales estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los tribunales de Circuito o juzgados de Distrito a los que presta servicio la oficina de correspondencia común de que se trate". Es decir, se establece que es responsabilidad exclusiva de los usuarios verificar que los asuntos y promociones que se depositen se encuentren debidamente firmados. Por ende, la demanda de amparo se presentó en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, como se consta en la boleta de recepción y turno relativa, en la que incluso, se destacó como observación que el escrito inicial de demanda, no obra firma autógrafa de los quejosos; entonces, es legal el desechamiento de la demanda de amparo, al ser presentada sin la firma de los promoventes, pues de dicho ocurso no se demuestra la autenticidad ni voluntad de la parte interesada. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de rubro: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. Asimismo, por el tema que se aborda, es aplicable a las consideraciones precedentes, el criterio definido en la jurisprudencia P./J. 12/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Primera Parte, Julio Diciembre de 1990, Página 87, que dice: REVISIÓN. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO ES AUTOGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA. En efecto, la firma constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento se expresan para realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, ya que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. En esas condiciones, la demanda resulta improcedente, ya que como se dijo, tal deficiencia no se puede corregir mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis VI.1o.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, consultable en la página 303 del Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. De igual manera, robustece lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 213 del Tomo VII, Enero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. Así también, es aplicable al presente asunto, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos quince, Tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. En ese orden, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de amparo presuntamente promovida por Carlos Alfredo Salazar Moo y otros, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, 6 de la misma legislación. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en el escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el proemio, en virtud de que versa en materia laboral y es promovida por la parte trabajadora. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en Avenida Morelos, número 348, esquina Laguna Encantada David Gustavo Gutiérrez, Othón P. Blanco, Código Postal 77013, en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: En todo momento, queda a cargo de la Secretaria -como fedataria- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a los promoventes."

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