Carlos Alfredo Gómez Pérez y Otros.

Expediente 147/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
147/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alfredo Gómez Pérez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 146/2022-2-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ? La resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, en el juicio ejecutivo mercantil ***, en el que desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso. Ello es así, pues se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe señalar, que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a) Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado (vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera); y, b) De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior (por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros). Corrobora lo anterior, la tesis P. LVII/2004, cuyo rubro se transcriben a continuación: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Como puede apreciarse de la nota comparativa, a diferencia de la vigente disposición normativa, la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, no solamente consideró como actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, los que implicaran afectación de derechos sustantivos, sino también las llamadas violaciones de carácter adjetivo, cuyas consecuencias repercutieran de manera exorbitante en el proceso. En ese sentido, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. Así, destaca la Jurisprudencia P./J. 4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Empero, esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que por una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva Por tanto, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, en el juicio ejecutivo mercantil ***, en el que desechó el incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, la referida actuación no irroga a las partes un perjuicio de imposible reparación, en razón que dicha determinación sólo produce efectos intraprocesales que pueden repararse sí se obtiene resolución definitiva favorable. En efecto, dicho acto no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo, si se atiende a que su única consecuencia es que se continúe con el procedimiento, lo cual no genera a las partes una afectación material; habida cuenta que sus efectos lesivos habrán de concretarse con la emisión de una resolución definitiva desfavorable. Además, tales cuestiones serán valoradas al dictarse el fallo definitivo, incluso pudiera no tener ninguna repercusión en caso de que, como se dijo, la parte promovente obtenga sentencia favorable. Aunado a ello, de ser procedente, en su momento la parte quejosa podría hacer valer tal cuestión al promover su demanda de amparo directo, en términos de lo establecido por el artículo 172, fracción IV, con relación a la diversa XII del propio numeral, que dispone que se consideraran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a la esfera jurídica del quejoso. De este modo, se insiste, se trata de actos procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Resulta aplicable al caso por identidad jurídica substancial, por el espíritu que la rige y únicamente en lo conducente, la tesis 3a. 43, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Asimismo, corrobora lo anterior, la tesis I.1º.A.7 K pronunciada por Tribunales Colegiados de Circuito del rubro siguiente: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y por autorizados en términos del artículo 24 segundo párrafo de la ley de la materia a los profesionistas que indica, por así haberlo solicitado expresamente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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