Carlos Alfredo Gallegos Zitlalpopoca

Expediente 421/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
421/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alfredo Gallegos Zitlalpopoca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el alegato de cuenta; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar; y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, expídase a su costa copia certificada de la ejecutoria que se dicte en el presente asunto, previa identificación y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, seis de octubre de dos mil veintitrés. De las constancias que integran el presente asunto, se advierte la diligencia de cuatro de octubre del año en curso, de la que se aprecia que la Actuaria adscrita a este tribunal colegiado corrió traslado a Sergio Alfonso Macías Escalante, en su carácter de asesor jurídico del tercero interesado de identidad reservada de iniciales ----, con copia de la demanda promovida por ----, por propio derecho; lo anterior en cumplimiento al proveído de veintiocho de septiembre anterior. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 170, fracción I, y 181, ambos de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo directo promovida por ----, por propio derecho, contra la sentencia emitida por la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el toca penal ---- de su índice y su ejecución. En términos de lo dispuesto en el numeral 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados a las personas de identidades reservadas de iniciales ----, ---- y ----. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese, personalmente las personas de identidades reservadas de iniciales ---- y ---- y por conducto de su asesor jurídico a la persona de identidad reservada de iniciales ----, terceros interesados en el presente asunto.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. De las actuaciones que integran el expediente en que se actúa se advierte que ******************** promueve demanda de amparo en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala en el toca penal 3/2023, en la que se revocó la resolución absolutoria emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, ya que consideró que se acreditó el delito de secuestro, cometido en victimización de la persona del sexo femenino de identidad reservada de iniciales M.S.T.T., determinando que existe convicción suficiente respecto de la responsabilidad de ********************, en la comisión del delito de secuestro. Atendido a ello, la víctima de sexo femenino de identidad reservada de iniciales M.S.T.T., hasta el momento continúa desaparecida. Lo cual se evidencia de las actuaciones que integran la causa judicial 32/2017 y el toca penal 3/2023: 1. Sentencia de juicio oral de cinco de diciembre de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa en cita, de la que se lee: En los alegatos de clausura del Ministerio Público se advierte lo siguiente: "Asimismo, los testigos de iniciales F.T.V. y ******************** refieren que a partir del día cuatro al quince de abril del año dos mil diecisiete, comenzaron a recibir llamadas telefónicas del número telefónico de la víctima directa en donde les exigía la cantidad de diez millones de pesos a cambio de su liberación. Siguió diciendo: de igual forma nos narraron de las continuas y reiteradas exigencias del pago a las cuales recibían a través de sus teléfonos móviles, en las cuales como escuchamos en jornadas procesales la víctima indirecta de iniciales F.T.V. concluyó finalmente para realizar un pago de ciento cincuenta mil pesos en el Estado de México con lo cual sin que en este momento se conozca el paradero de la víctima M.S.T.T. estos hechos fueron robustecidos con el testimonio de iniciales de identidad protegida N.T.S." (foja 499 frente). En los alegatos de clausura del Ministerio Público se lee: ".pues el presente acusado en acompañado de (sic) por otras personas realizaron el hecho atroz como lo es el de secuestro intimidando a los familiares de la manera pues si no recibían el pago del rescate ya no volverían a ver a su familiar con vida, logrando su objetivo esto es cobrando el rescate y no volviendo a ver a la víctima pues durante el presente juicio la defensa no aportó prueba alguna para desvirtuar el hecho." (foja 499 vuelta). 2. Acta de imposibilidad de notificación a la persona de identidad reservada de iniciales M.S.T.T. en su carácter de víctima, emitida de once de abril de dos mil veintitrés dentro del toca penal referido, en la que la Diligenciaria adscrita a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala manifestó que de los datos en reserva derivados de la causa judicial 37/2017 no existe información de la persona aludida, y que dicha víctima se encuentra en calidad de desaparecida (foja 25). 3. Acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el toca penal aludido, en el que la Magistrada quien fungió como Ponente de la Tercera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, determinó: "Por otra parte, también de autos, se obtiene específicamente de la razón de notificación de la persona de identidad reservada de iniciales M.S.T.T., en su carácter de víctima, realizada por la Diligenciaria adscrita a esta Sala, que le fue imposible dar cumplimiento al acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, es decir, notificar a la víctima directa pues dicha persona hasta el momento continúa desaparecida. .sin que sea necesario notificar a la víctima directa M.S.T.T., considerando la razón de notificación que asentó la Diligenciaria adscrita a la Sala" (fojas 30 a 32). Ahora de las constancias que integran el expediente en que se actúa se advierte lo siguiente: 1. Notificación de cinco de septiembre anterior, realizada a la persona de identidad reservada con iniciales ******************** por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que dicha persona manifestó lo siguiente: ".que la víctima de sexo femenino de identidad reservada de iniciales M.S.T.T. se encuentra en calidad de desaparecida desde hace muchos años por lo que hay un asesor jurídico que la representa, pero no sabe cómo se llama, y que la persona de identidad reservada de iniciales ******************** lleva varios años radicando fuera del país." (foja 41). Atento a lo anterior, se tienen como terceras interesadas en términos del artículo 5°, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, a las personas de identidad reservada de iniciales F.T.V., ******************** y ********************, quienes son madre, tía e hijo de la víctima directa M.S.T.T., respectivamente, y fueron llamados a juicio, así como que les se asignó a Carlos César Pérez Atecpanecatl, como asesor jurídico, en primera instancia únicamente de las dos primeramente mencionadas, y a ********************, por las tres personas aludidas, en segunda instancia, asesores que sí protestaron y aceptaron el cargo conferido. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 59, volumen XLIII, Segunda Parte, Materia Penal, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación; cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "OFENDIDO Y VÍCTIMA DEL DELITO. Es conveniente precisar que dentro de la técnica del derecho penal no puede identificarse el concepto de la víctima del delito con el del ofendido, pues aunque bien es cierto que en la mayoría de los casos víctima y ofendido se reúnen en una sola persona, no sucede así en otros, sirviendo de ejemplo el homicidio, delito en el cual la víctima se identifica con el sujeto privado de la vida y el ofendido con sus familiares o aquellas personas que se encuentran en relación de dependencia económica con él. También resulta interesante, para los efectos de la sentencia, el precisar que no debe de ninguna manera confundirse el resultado en el delito con el daño causado con el delito y menos aún con los efectos de éste. En sentido amplio, el resultado se refiere a la realización de un estado de hecho en relación al principio de la causalidad, mientras que, en sentido restringido, se le pone en relación necesaria con la acción humana. Mientras por efecto del delito se entiende toda consecuencia, aun el más indirecto o remoto de la actividad humana, el resultado es sólo aquel efecto que tiene relevancia para el derecho penal o sea el que el derecho toma en consideración y a cuya verificación conecta consecuencias de carácter jurídico (consumación del delito o agravación de la pena). En cuanto al daño, se le identifica como un efecto del delito, pero no como un efecto natural sino de naturaleza esencialmente jurídica; así, por ejemplo, Antolisei estima que aunque en realidad el daño está incluido en el concepto del delito y se identifica con él, según nuestro modo de ver, no hay dificultad ninguna, ni lógica ni práctica en ver las relaciones entre el delito y el daño desde el punto de vista causal y, consiguientemente, en considerar el daño como un efecto del delito, con tal de que quede bien claro que no se trata de un efecto natural, sino de un efecto jurídico del delito mismo. La lesión del interés, aun suponiendo siempre la existencia de un suceso natural, es sin duda un hecho jurídico; por tanto, ninguna crítica puede dirigirse a los autores que consideran el daño precisamente como un efecto jurídico del delito y en general del acto ilícito (La acción y el resultado en el delito, página 126, México, 1959). Tomando como base las ideas apuntadas, con relación al concepto de daño como efecto jurídico del delito y su identidad con el de interés, resulta fácil deducir que tal daño constituye un derecho patrimonial que pertenece tanto a la víctima como al ofendido. Aceptando que la reparación del daño exigible a terceros constituye un derecho patrimonial, por cuanto es apreciable en dinero, se debe recordar que patrimonio es, según la opinión clásica, el conjunto de derechos y obligaciones de una persona apreciables en dinero y formando una universalidad. De tal concepto se infiere que todo patrimonio consta de un activo y de un pasivo, el primero representado por los derechos o bienes y el segundo por las obligaciones o deudas; que el patrimonio es inalienable e imprescriptible y sólo se transmite con la muerte de la persona titular, por lo que el acontecimiento de muerte resulta el instante en que la persona deja de tener posibilidad de acrecentar su patrimonio por ser éste insuperable de la persona misma" Por lo que hace a las personas de identidad reservada de iniciales F.T.V. y ******************** , ya fueron emplazadas al juicio de amparo que nos ocupa (fojas 26 y 27). En relación a la persona de identidad reservada de iniciales ********************, en el expediente en que se actúa, obra la razón actuarial de seis de septiembre del año en curso, de la que se advierte que la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional asentó lo siguiente: ".de las constancias que envió la autoridad responsable como documentos de las víctimas, se advierte que dicha persona no radica en los Estados Unidos Mexicanos. Lo que corroboro con lo manifestado por la diversa persona de identidad reservada identidad con las iniciales ********************, en la diligencia de notificación personal que realicé el día cinco anterior, en la que manifestó que dicho tercero lleva varios años viviendo fuera del país" (foja 42). En consecuencia, y toda vez que para poder entablar la litis constitucional es necesario que se corra traslado a los terceros interesados con copia simple de la demanda de amparo, a efecto de que la presidencia de este tribunal colegiado se encuentre en condiciones de determinar lo procedente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, instrúyase al actuario adscrito a este tribunal que corresponde para que como lo determina el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, corra traslado a la persona de identidad reservada de iniciales ********************, con copia de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, debidamente sellada y cotejada con su original, por conducto de ******************** en su carácter de asesor jurídico público, en las oficinas de la Asesoría Jurídica Pública ubicadas en la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense para los efectos legales procedentes, las diligencias signadas por la Actuaria Judicial adscrita a este tribunal colegiado, de cinco y seis de septiembre del año en curso, de las que se advierte la imposibilidad de localizar a la tercera interesada víctima de sexo femenino de identidad reservada de iniciales ----. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

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