Carlos Alfredo Fernández Osorio
Expediente 1235/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1235/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Alfredo Fernández Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta en la que se hace constar que por acuerdo de diecisiete de noviembre del año actual, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión por la autoridad responsable Claudia Reynoso Lagunas, Directora de la Escuela Secundaria "María del Carmen Pineda Jesús"; asimismo, que ya obran las constancias de notificación efectuadas a las partes respecto de la resolución recurrida y del recurso de revisión interpuesto, por lo que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado. Por tanto, en acatamiento a lo ordenado en el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, el escrito original del escrito por el que se interpuso el recurso de que se trata y una copia para el agente del ministerio público de su adscripción, solicitando se sirva acusar el recibo correspondiente. Por otra parte, atento al estado procesal que guardan estos autos, en específico al informe rendido por la autoridad responsable Claudia Reynoso Lagunas, Directora de la Escuela Secundaria "María del Carmen Pineda Jesús", rindiendo el informe que le fue requerido en acuerdo de ocho del mes y año en curso, en términos de lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Amparo; en atención a lo anterior, se provee lo siguiente: Con fundamento en los numerales 158, 192, 193 y 197, de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento de la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1235/2023, al Titular del Departamento de Control Escolar dependiente de la Subdirección de Acreditación, Incorporación, Revalidación y Evaluación de la Dirección de Planeación Educativa; Titular de la Sub Dirección de Acreditación, Incorporación, Revalidación y Evaluación, de la Dirección de Planeación Educativa; Titular de la Dirección de Planeación Educativa; Titular de la Dirección de Planeación Educativa, todos del Instituto de la Educación Básica y Titular de la Secretaría de Educación Pública, todos del Estado de Morelos; por tanto, requiérase a las citadas autoridades, para que, dentro del término de tres días remitan copia certificada del cumplimiento a la suspensión definitiva emitida el diez de octubre del presente año; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá a la omisa, como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la ley de la materia. Para que las autoridades citadas estén en aptitud de dar cumplimiento con la suspensión definitiva dictada en este cuaderno, remítase la impresión de dicha determinación de diez de octubre de dos mil veintitrés, que se encuentra inserta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del 1235/2023. De igual forma se precisa que al dar contestación a este requerimiento, se deberá precisar el nombre completo de cada uno de los titulares de los Departamentos y Secretaría de estado aquí requeridos. Se apercibe al Titular del Departamento de Control Escolar dependiente de la Subdirección de Acreditación, Incorporación, Revalidación y Evaluación de la Dirección de Planeación Educativa; Titular de la Sub Dirección de Acreditación, Incorporación, Revalidación y Evaluación, de la Dirección de Planeación Educativa; Titular de la Dirección de Planeación Educativa; Titular de la Dirección de Planeación Educativa, todos del Instituto de la Educación Básica y Titular de la Secretaría de Educación Pública, todos del Estado de Morelos; Secretario de Educación Pública y Titular de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, estas dos autoridades federales, con residencia en la Ciudad de México, que en caso de no cumplir con cada uno de los requerimientos aquí precisados o manifestar y justificar su imposibilidad para ello, se les impondrá, a cada uno de ellos, como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la ley de la materia en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese.
- Incidental
RESUELVE: ÚNICO.- Es infundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva concedida, promovida por la parte quejosa, por las razones jurídicas expuestas en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por Carlos Alfredo Fernández Osorio, en su carácter de padre del menor de iniciales E.F.C., a través del cual amplía la demanda de que se trata por lo que hace a nuevas autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación. Ahora bien, es pertinente señalar que de conformidad con los artículos 111 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, tal figura jurídica procede cuando se presentan las siguientes hipótesis: a) Que no hayan transcurrido los plazos para su presentación; b) Que los actos de autoridad señalados en la ampliación guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. c) Que no se haya celebrado la audiencia constitucional. d) Que de los informes rendidos se fundamente o motive el acto reclamado (tratándose de actos materialmente administrativos) o aparezca una autoridad distinta a la que lo emitió, ejecutó u omitió el acto. Así las cosas, toda vez que no se encuentra celebrada la audiencia constitucional en este juicio, con base a lo establecido en el numeral 111 de la Ley de la Materia, es dable concluir que se surten las hipótesis contenidas en el ordinal anteriormente citado, en virtud de que señala nuevos actos reclamados, autoridades responsables, así como conceptos de violación, sin que haya transcurrido el plazo para tal efecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada su demanda de amparo respecto de las autoridades y actos reclamados siguientes: I. Del Titular de la Secretaría de Educación Pública; lo siguiente: - La expedición del artículo 12, fracción III, incisos a), c) y e), en relación con lo dispuesto en los artículos 5, fracción I, y 11, fracción III, inciso a), del Acuerdo de 29 de marzo de dos mil diecinueve, por el que se establecen las Normas Generales para la Evaluación del Aprendizaje, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de los Educandos de la Educación Básica. II. Del Titular de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, lo siguiente: - El condicionamiento al acceso a los servicios de educación básica, previo pago de la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). La orden de pagar una cantidad de dinero para poder tener derecho a presentar examen extraordinario en relación con los resultados de evaluación obtenidos en lo individual en el proceso del ciclo escolar 2022-2023. La expedición de las normas contenidas en los numerales 4.6.3 inciso a), 4.7.3 incisos c), d), e) y 5.5.10, de las Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de la Educación Básica. Del incidente de suspensión. Se ordena formar el incidente de suspensión de conformidad con los artículos 110 y 128 de la ley de la materia. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente referido, pues de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno se encuentra conformado por las constancias digitalizadas que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de informes justificados. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Pruebas. Ahora bien, en relación con las pruebas que ofrece consistentes en el informe de autoridad y testimoniales, se impone desecharlas. Si bien en el juicio de amparo son admisibles, entre otras, la testimonial, su admisión no es ilimitada, pues debe tenerse presente el contenido del numeral 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto es, debe tenerse en cuenta si las pruebas que se ofrecen son aptas (principio de idoneidad), lo que atiende a si tiene relación inmediata con los hechos controvertidos y son un medio que efectivamente sirve para demostrar lo que pretende (principio de pertinencia). Luego, si las pruebas testimoniales que ofrece la parte quejosa no son pertinentes para acreditar el condicionamiento al acceso a los servicios de educación básica, previo pago de la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), la expedición de las normas contenidas en los numerales 4.6.3 inciso a), 4.7.3 incisos c), d), e) y 5.5.10, de las Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de la Educación Básica ni la expedición del artículo 12, fracción III, incisos a), c) y e), en relación con lo dispuesto en los artículos 5, fracción I, y 11, fracción III, inciso a), del Acuerdo de 29 de marzo de dos mil diecinueve, por el que se establecen las Normas Generales para la Evaluación del Aprendizaje, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de los Educandos de la Educación Básica, es incuestionable de dichos medios de prueba no son pertinentes; máxime si la demostración de ello es materia de las pruebas documentales requeridas a la autoridad responsable. En tanto que la diversa prueba consistente en el informe de autoridad no es idónea, ya que lo que pretende conocerse con su desahogo no tiene relación directa con el objeto de este juicio de amparo; entonces, es innegable que su admisión y desahogo no es apta para justificar los extremos que pretende demostrar la parte quejosa; de ahí el desechamiento de las pruebas ofrecidas. Audiencia constitucional. Hágase del conocimiento a las partes, que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Transparencia y acceso a la información pública. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la ampliación de demanda de amparo, dese trámite el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1235/2023-II-ML, promovido por ********************, en su carácter de padre de su menor hijo de iniciales ********************, en contra de las autoridades y actos siguientes: I. Del Titular de la Secretaría de Educación Pública; lo siguiente: - La expedición del artículo 12, fracción III, incisos a), c) y e), en relación con lo dispuesto en los artículos 5, fracción I, y 11, fracción III, inciso a), del Acuerdo de 29 de marzo de dos mil diecinueve, por el que se establecen las Normas Generales para la Evaluación del Aprendizaje, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de los Educandos de la Educación Básica. II. Del Titular de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, lo siguiente: - El condicionamiento al acceso a los servicios de educación básica, previo pago de la cantidad de $******************** (cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). La orden de pagar una cantidad de dinero para poder tener derecho a presentar examen extraordinario en relación con los resultados de evaluación obtenidos en lo individual en el proceso del ciclo escolar 2022-2023. La expedición de las normas contenidas en los numerales 4.6.3 inciso a), 4.7.3 incisos c), d), e) y 5.5.10, de las Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de la Educación Básica. Requerimiento de informe previo Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el cual deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en el que se deberá concretar a expresar si es cierto o no el acto reclamado que se le atribuye, podrá manifestar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Deberá proporcionar las constancias relativas al acto reclamado, con la finalidad de que este órgano jurisdiccional cuente con mayores elementos para estar en posibilidad de pronunciarse respecto a la suspensión definitiva. Apercibiéndosele que, de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa, por el importe de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. De la audiencia incidental Se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Precisión del acto reclamado Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado, se hace consistir en: I. Del Titular de la Secretaría de Educación Pública; lo siguiente: - La expedición del artículo 12, fracción III, incisos a), c) y e), en relación con lo dispuesto en los artículos 5, fracción I, y 11, fracción III, inciso a), del Acuerdo de 29 de marzo de dos mil diecinueve, por el que se establecen las Normas Generales para la Evaluación del Aprendizaje, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de los Educandos de la Educación Básica. II. Del Titular de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, lo siguiente: - El condicionamiento al acceso a los servicios de educación básica, previo pago de la cantidad de $******************** (cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). La orden de pagar una cantidad de dinero para poder tener derecho a presentar examen extraordinario en relación con los resultados de evaluación obtenidos en lo individual en el proceso del ciclo escolar 2022-2023. La expedición de las normas contenidas en los numerales 4.6.3 inciso a), 4.7.3 incisos c), d), e) y 5.5.10, de las Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de la Educación Básica. Concesión de la suspensión provisional Interés suspensional Ahora bien, en relación a los efectos y consecuencias del acto reclamado precisado en el inciso a), de conformidad con el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa acreditó su interés suspensional para solicitar la concesión de la medida cautelar, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que el menor de edad de iniciales ******************** concluyó el segundo año de secundaria, lo que además se corrobora con la boleta de evaluación a nombre del menor de edad. Prueba y manifestación que adminiculadas entre sí, crean convicción en este Juzgador para demostrar el interés suspensional de la parte quejosa, en el sentido de que el menor de edad citado concluyó el segundo grado de secundaria y reprobó cuatro materias, de las cuales se manifiesta que se le solicitó el pago de cuatrocientos pesos para poder hacer examen extraordinario y, posteriormente, inscribirse al ciclo escolar 2023-2024. Orden Público e Interés social. Por otra parte, respecto a la solicitud de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público e interés social ya que de concederse la suspensión no se continuará el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ni se continuará la producción o el comercio de narcóticos; ni se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ni se permitirá el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; ni se impedirá la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni se impedirá la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; ni se permitirá el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, ni se afectarán intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ni se impedirá el pago de alimentos; ni se permitirá el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, ni se afectará la producción nacional; ni se impedirán o interrumpirán los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; ni se impedirá la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, finalmente, no se impedirá u obstaculizará al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concesión de la suspensión provisional En ese sentido este juzgado de Distrito señala que los extremos a cubrir para obtener la medida cautelar solicitada era la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, precepto del que se desprende que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Con base en lo anterior, se impone citar el artículo 3, párrafos primero y segundo, fracciones IV y X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que toda persona tiene derecho a la educación, la cual se comprende por los rubros: inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, cuya rectoría es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Por tanto, se debe tener actualizada la apariencia del derecho que la parte quejosa aduce violada, únicamente para efectos del otorgamiento de la medida cautelar solicitada; esto es, que el menor de edad de iniciales ********************, en apariencia, tiene derecho a recibir la educación secundaria de forma gratuita; en consecuencia, la misma no se puede condicionar al pago de la cantidad de $******************** (********************), para la presentación de cuatro exámenes extraordinarios de las materias reprobadas, para permitirle la inscripción al ciclo escolar 2023-2024. Concesión de la medida cautelar que se impone conceder debido a que se está ante el peligro en la demora, ya que de negarse la suspensión provisional, se causarían al menor de edad quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, pues se le tendría renunciando a su derecho a continuar con su formación escolar, lo cual generaría que no se le permitiría el acceso a las clases de manera normal, elaborar y entregar trabajos y presentar exámenes, circunstancia que lo retrasaría a nivel académico al no poder cursar las materias en tiempo, impidiéndosele que se gradué o que continué cursando los siguientes niveles. En ese orden de ideas, reunidos los requisitos legales, a efecto de asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución de los derechos humanos que estima violados la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131 y 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a favor del menor de edad de iniciales ********************, para el efecto siguiente: La autoridad responsable le permita al menor de edad de iniciales ********************, asistir a clases, participar en ellas, elaborar y entregar trabajos y presentar exámenes para que, en caso de que se cumpla con los requisitos académicos aplicables, pueda acceder a grados o cursos ulteriores. Se precisa que la concesión de la medida cautelar no implica otorgar a la suspensión el carácter de constitutiva de derechos, pues es la materia de fondo del juicio de amparo el determinar si la solicitud de pago para realizar exámenes extraordinarios y que pueda inscribirse al nuevo ciclo escolar es o no válida. Lo anterior, hasta en tanto reciba la notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente. Requisitos de efectividad de la suspensión Se precisa que la suspensión concedida surte efectos de inmediato y que en el caso no se impone establecer requisitos de efectividad, pues no existe parte tercero interesada que pudiera resentir alguna afectación con motivo de la concesión de esta medida cautelar. Esta sede constitucional hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito, según dispone el precepto legal 262 de la Ley de Amparo, antisocial que si se llegare a consumar, de inmediato serán consignadas para el ejercicio de la acción penal en su contra. Notifíquese.
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