Carlos Alfredo Arrevillaga Rivera

Expediente 272/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
272/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alfredo Arrevillaga Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, once de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra de la resolución dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo en Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 términos de su numeral 2, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 12, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 ??????????????? El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DESTRUIBLE Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 213, inciso c) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2 sub punto 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, 3 Artículo 21. expedientes destruibles en un plazo de tres años. cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 4 previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 5 ??????????????? DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Héctor Pérez Fonseca, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales 272/2022, promovido por Carlos Alfredo Arrevillaga Rivera, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región 02, con jurisdicción en los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. El Secretario hace constar que de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en el módulo "Agenda visita a OJ", opción "Consulta General" no se advierte que alguna de las partes solicitara cita para comparecer a esta audiencia. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaría hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO 3-15 2 AUTO ADMISORIO 16-21 3 EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 33 4 EMPLAZAMIENTO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE JUZGADO. 33 5 INFORME JUSTIFICADO DEL FISCAL DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD 25 6 INFORME JUSTIFICADO DE LA JUEZ DE CONTROL REGIÓN 02 CERO DOS TAPACHULA 26 7 INFORME JUSTIFICADO DEL COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA FRONTERA COSTA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 34 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de sus informes: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 INFORME JUSTIFICADO DEL FISCAL DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD NEGATIVO 2 INFORME JUSTIFICADO DE LA JUEZ DE CONTROL REGIÓN 02 CERO DOS TAPACHULA JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA, EN HUIXTLA, CHIAPAS. NEGATIVO 3 INFORME JUSTIFICADO DEL COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA FRONTERA COSTA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD NEGATIVO Y certifica: Que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciocho de marzo del año en curso, sin que haya desahogado la prevención decretada en esa pieza. La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar, y respecto al contenido de la certificación que antecede, hágase efectivo el apercibimiento ahí contenido, y ténganse por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables con las denominaciones: Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar del CEJUM (Centro de Justicia para las Mujeres), Tapachula, Investigadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, presuntamente residentes en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar, y suspéndase toda comunicación subsecuente con ellas. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que ninguna de las partes las ofreció; luego, al no existir medios de convicción pendientes por desahogar, se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló. La Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 272/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el once de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Carlos Alfredo Arrevillaga Rivera, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente 272/2022, se ordenó la apertura de los incidente de suspensión, la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 publicados el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de ejecución en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados consiste en: La orden de aprehensión. La orden de búsqueda, orden de localización, orden de detención, orden de presentación. El cumplimiento o ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables, Juez de Control Región 02, el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa y el Comandante Regional de la Policía especializada Zona Frontera Costa, todos residentes en esta ciudad, negaron categóricamente el acto que se les reclama. Atento lo anterior, debe decirse que uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, pues no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existen. La ley de la materia, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. En el asunto concreto, no existe en autos dato objetivo alguno que confirme la participación que se imputa a las autoridades antes mencionadas en los actos reclamados, puesto que estas negaron categóricamente haber emitido alguna orden de aprehensión, búsqueda, localización, presentación, detención y su ejecución en contra del quejoso; de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de garantías. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por lo expuesto y fundado; se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por Carlos Alfredo Arrevillaga Rivera, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Carlos Alfredo Arrevillaga Rivera la suspensión definitiva de los actos atribuidos a las autoridades apuntadas en el considerando segundo de esta resolución, en términos de lo ahí apuntado. Notifíquese. Así lo

  4. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que está transcurriendo el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciocho de marzo del año en curso, para que desahogue la prevención ahí decretada. En consecuencia, a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia incidental que está señalada para hoy, y se agendan las nueve horas con treinta y cinco minutos del seis de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo ese acto procesal. Sin que sea necesario a notificar a través de oficio el presente acuerdo, a las autoridades responsables cuya constancia de recepción o informe previo obran agregados en autos, ya que esa circunstancia permite a esta juzgadora colegir que se encuentran debidamente Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 emplazadas a juicio, y por ende, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese.

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