Carlos Alfonso Velázquez Barocio
Expediente 1209/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 34 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1209/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 07/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Diego Horus Barocio Benítez
- CARLOS ALFONSO VELÁZQUEZ BAROCIO y Otros.
- Carlos Alfonso Velázquez Barocio
- DIEGO HORUS BAROCIO BENÍTEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1209/2015-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del dieciocho de agosto de dos mil quince, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, se ordena agregar los cuadernos incidentales previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción; asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual remite copia del acuerdo dictado el doce de agosto de dos mil quince, concluyendo que al no existir prueba pendiente que desahogar, hizo la certificación correspondiente, de que no quedaba prueba pendiente por desahogar, ni que requiera diligencia especial alguna y con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, procedió a declarar cerrada la instrucción y ordena turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo. Así, la Ley Federal del Trabajo, establece en el artículo 885, que los plazos en el dictado del laudo son los siguientes: "Artículo 885.- Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo que deberá contener." De dicho artículo se aprecia que la Junta responsable goza del plazo de diez días para emitir el proyecto de resolución de laudo respectivo, contado a partir del momento en que se declare cerrada la instrucción en el juicio respectivo. Ahora bien, la resolución por la que se ordenó turnar los autos del juicio laboral de origen a proyecto en forma de laudo, fue emitida el doce de agosto de dos mil quince; por ello, el plazo de diez días con que cuenta la junta responsable para emitir el proyecto de laudo respectivo, se cuenta del trece al veintiséis de agosto de dos mil quince. A mayor abundamiento, el artículo 886 del mismo ordenamiento legal establece que: ".Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitada.". Del precepto anterior se aprecia que, una vez entregado el proyecto de resolución en forma de laudo, los miembros de la Junta aún dispondrán de un plazo de cinco días en el que podrán solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que se juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad; por lo que dicho plazo, contado a partir del día siguiente a aquel en que concluyó el plazo para la elaboración del proyecto del laudo, transcurrirá del veintisiete de agosto al dos de septiembre de dos mil quince. Asimismo, en términos del artículo 887 de la ley laboral, una vez transcurrido el plazo de cinco días o bien, llevadas a cabo las diligencias que se hubieran ordenado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación del proyecto, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días siguientes; por este motivo, en términos de los artículos 888 y 889 de la ley en comento, una vez llevada a cabo la discusión, si el proyecto fuera aprobado, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta responsable, de ahí que este último plazo transcurrirá, del tres al dieciocho de septiembre de dos mil quince, descontando todos los días inhábiles que mediaron en esas fechas. Atento a lo anterior y toda vez que la Junta responsable se encuentra en vías de cumplimiento, requiérasele nuevamente, para que una vez que fenezca el término a que se refieren los artículos 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del término de CINCO DÍAS, cumpla con la ejecutoria de amparo y remita el laudo correspondiente en el expediente laboral 01/3384/12-JE1 y sus respectivas notificaciones a las partes. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario JORGE MANUEL DÍAZ CARRANZA, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de agosto de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito con las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos, por el término de tres días para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el diez de noviembre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a OSCAR ANTONIO PÉREZ HERRERA, respecto del sistema normativo que regula el impuesto adicional municipal previsto en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y 8 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca del ejercicio fiscal de dos mil catorce, que se le reclamó al Congreso y Gobernador Constitucional, y, así como respecto al cobro de la cantidad de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 50/100 M.N.); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó al Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos; asimismo, contra el contenido del artículo 77, fracción II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que se le reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, y, así como respecto al cobro de la cantidad de $21,000.00 (VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N), en aplicación de la norma legales citada, que se reclamó al Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Por auto dictado el ocho de diciembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Por otra parte, mediante oficio recibido el dieciséis de junio de dos mil quince, el Notario Público Número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, remitió copia certificada de los recibos que amparan la retención realizada a la parte quejosa respecto de los pagos por derechos del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, relativos a las escrituras públicas 271,911, 271,912 y 271,913, de los que se advierte que el Ayuntamiento exactor lo es el de Tlayacapan, Morelos, por lo que el diecisiete de junio de dos mil quince, se requirió el cumplimiento a dicha autoridad. Ahora, en acatamiento a lo anterior, la Tesorera Municipal de Talayacan, Morelos, por oficio acordado el diez de agosto de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del acuse de recibo correspondiente al título de crédito 0000019, por la cantidad que hace un total de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por acuerdo de treina de junio de dos mil quince, se tuvo por cumplida la sentencia respecto a las autoridades Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA en su totalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el 201 de la Ley de Amparo. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, del Subadministrador de la Administración Local de Recaudación de Cuernavaca, por ausencia del Administrador local de Recaudación de Cuernavaca, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito que el cobro de la multa impuesta a la autoridad responsable Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos, (DOMINGO CORIA DELGADO), controlado en esa dependencia con el número de crédito H-420816, ha quedado cancelado por lo que procedió a dar de baja el citado crédito; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario JORGE MANUEL DÍAZ CARRANZA, que autoriza y da fe.
- Incidental
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de doce de mayo del dos mil quince, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito de NICASIO VELÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le requiera a las autoridades responsables a efecto de que den cumplimiento a la sentencia de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Atento a su contenido, indíquese al promoverte que se esté a lo acordado en los siguientes párrafos. Ahora bien, visto el estado de los autos de los que se advierte que la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, el trece de febrero de dos mil quince, exhibió copia certificada del cheque 0043705, fechado el veintinueve de enero de dos mil quince, por la cantidad de $32,422.94 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 94/100 M.N.). Con el contenido del oficio de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y constancias anexas, dése vista a la parte quejosa para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de TRES DÍAS, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Asimismo, se requiere la parte quejosa para que, dentro del término señalado en párrafos precedentes, informe si ya compareció ante las autoridades responsables de Hacienda del Estado de Morelos, a efecto de cobrar el cheque de mérito; con el apercibimiento que, en caso de ser omisa al respecto, este órgano jurisdiccional procederá en los términos antes mencionados. Se apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Igualmente, visto el estado de los autos de los que se advierte que la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, no ha dado cumplimiento a la sentencia ejecutoria, se acuerda lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. III. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al FÉLIX URBANO GALICIA, quien funge como Tesorero Municipal de Atlatlahucan, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: ". En ese orden de ideas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a María Magdalena Noriega Castañeda, para los efectos siguientes: a) No se le apliquen los artículos 59 a 64 y 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. b) Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que amparan los recibos de pago folios 1742710 y 1742708, expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de esa entidad federativa, en que se le aplicó el precepto correspondiente al pago de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como el impuesto adicional, en el caso de este último recibo, únicamente será materia de devolución el impuesto adicional. c) No se le apliquen los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. d) Se le devuelva, con su actualización, la cantidad que ampara el recibo notarial 65,268, expedido por el Notario Dos con ejercicio y residencia en Cuernavaca, Morelos, correspondiente al pago por concepto de cobro del Impuesto Adicional al diverso Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, con motivo de la aplicación de los artículos aludidos. Respecto a la actualización de la devolución de las contribuciones pagadas, conviene citar al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 13/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 592, tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)." Devolución que correrá a cargo de las autoridades exactoras." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. IV. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al se requiere al Presidente Municipal de Atlatlahucan, Morelos (BENIGNO ARENALES JAHÉN,) y al Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, SERGIO VIRGILIO VILLANUEVA ARENALES y Regidores JASSIE LAGUNAS SÁNCHEZ, FELICIA NO BARRIOS RODRÍGUEZ, DAN ANZURES GONZÁLES, NARCISO NORIEGA DE JESÚS, ), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Atlatlahucan, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, que da fe.
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