Carlos Alfonso Prot Ramírez

Expediente 1635/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1635/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alfonso Prot Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto en el que se desechó la demanda de amparo... se ordena el archivo definitivo... Sumario susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de 03 de octubre de 2019, que en lo conducente refiere: .ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de Justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al analizar la demanda de amparo presentada por el quejoso, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, se aprecia que destaca como acto reclamado el siguiente: La omisión de la Junta Especial 3 de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción, de notificar y emplazar a juicio a la parte demandada en el expediente laboral ***, de su índice. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Quien esto resuelve, de oficio advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, sostuvo que si bien a través de la jurisprudencia de rubro AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, estableció que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra dilaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, a excepción que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso el juicio será procedente. Sin embargo, dicha Sala también expuso que dada la complejidad para fijar un lapso genérico de duración de la demora reclamada a la autoridad responsable, para determinar si ha incurrido en una dilación abierta del procedimiento o la paralización total del mismo y, con el fin de establecer un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes; determinó que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntivamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de derechos fundamentales procederá cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la conclusión del plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, por ser ese el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el controvertido laboral permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Contradicción de tesis citada en párrafos que anteceden, que dio origen a la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la publicación semanal del viernes 01 de marzo de 2019 10:04 h, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019400, cuyo rubro y texto rezan: . Ahora bien, es necesario establecer en el presente juicio la ley aplicable al acto reclamado, ello, tomando en consideración el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva de uno de mayo de dos mil diecinueve; pues, en lo que aquí interesa, los artículos 8° y 10° transitorios de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: .Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto. Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo conservará la facultad para citar a los patrones o sindicatos a juntas de avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas diligencias, se les impondrá la medida de apremio a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que si el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa justificada para no comparecer. Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente Decreto. Para tales efectos se les dotará de los recursos presupuestales necesarios. Décimo. Trámite de Procedimientos y Juicios. Una vez que entren en operación los Centros de Conciliación y Tribunales, los procedimientos y los juicios se ventilarán ante ellos de conformidad con el presente Decreto, según corresponda. De lo anterior, se colige que los asuntos iniciados con posterioridad al decreto de uno de mayo de dos mil diecinueve, las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se iniciaron con posterioridad a la entrada en vigor del citado Decreto, hasta que entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del precitado Decreto. De igual forma, estipulan que una vez que entren en operación los Centros de Conciliación y Tribunales, los procedimientos y los juicios se ventilarán ante ellos, de conformidad con la actual reforma de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que, atendiendo a la anterior consideración es de precisarse que el expediente laboral que hoy nos ocupa se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los citados artículos transitorios del decreto de uno de mayo de dos mil diecinueve, puesto que el mismo se presentó con posterioridad a la citada reforma -doce de agosto del presente año-, por lo que, el juicio laboral será conocido por la Junta responsable conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del decreto en mención, es decir, conforme a la reforma del año 2012. Establecido el marco jurídico aplicable, este Juzgado Federal estima que el acto omisivo en esta vía reclamado, no constituye una abierta dilación del procedimiento laboral de origen o paralización del mismo, que haga procedente el juicio de derechos humanos por la afectación material a derechos sustantivos, pues atento a la narrativa de la parte quejosa en su demanda, se asevera que el doce de agosto de dos mil diecinueve, presentó su demanda laboral ante la Junta Especial 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, asignándole el índice ****, sin que hasta la presente fecha el actuario de su adscripción haya notificado y emplazado a las partes en el expediente laboral de origen. Así es, el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, en su parte conducente establece que las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. En ese sentido, el plazo legal previsto en el numeral antes citado transcurrió del trece al diecinueve de agosto del año en curso, tomando en consideración que la demanda de origen fue presentada ante la responsable el doce de agosto anterior, ante la Junta Especial 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, asignándole el índice ***. Motivo por el cual, el plazo de cuarenta y cinco días naturales que establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) transcrita en retro líneas, transcurre del veinte de agosto al día de hoy; por tanto, si la parte quejosa acude al amparo el uno de octubre de dos mil diecinueve (según la constancia de registro que emite la Oficina de Correspondencia Común), es válido jurídicamente establecer que la autoridad responsable no ha incurrido en una dilación abierta del procedimiento o paralización total del mismo. En consecuencia, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Se deja copia autorizada de la referida determinación, a su disposición, en la secretaria de este juzgado...

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