Carlos Alfonso Hoyos Figueroa

Expediente 783/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
783/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alfonso Hoyos Figueroa
  • Saralina Ramírez Ramírez
  • Carlos Alfonso Hoyos Figueroa y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de siete de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, por lo que al no existir documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Alonso Hoyos Figueroa y Saralina Ramírez Ramírez, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, y otra autoridad, exhibida con cuatro copias y sin anexos. Se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 783/2019-V. Ahora bien, es de señalarse que de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que en el caso lo que procede es desechar la demanda al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrarlo en principio se destaca que en el caso el quejoso señala como acto reclamado en esencia la omisión genérica de las autoridades responsables para hacer cumplir el laudo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 413/2010. Sobre esta premisa en el caso se tiene que si bien el Tribunal responsable tiene la obligación de ejecutar los laudos que pronuncie, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen a su vez la obligación de manifestar su voluntad para que continúe la acción ejercida; por tanto, si en el presente asunto se reclama la omisión genérica de las autoridades responsables para hacer cumplir lo ordenado en el laudo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 413/2010, tal reclamo produce la improcedencia del juicio de amparo. En efecto, al reclamarse en la demanda de amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de las autoridades responsables para hacer cumplir el laudo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 413/2010, el juicio de amparo resulta improcedente, en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, si como en el caso de la lectura de la demanda se advierte que en fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se emitió el laudo, y se requirió en diversas ocasiones al Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán, para que dé cumplimiento al mismo. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Esa ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de rubor y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, en la ejecución de laudo, es necesario no solo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por esas razones no puede constreñirse al Tribunal responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. En ese contexto, como en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado de forma genérica la omisión de las autoridades responsables de hacer cumplir lo ordenado en el laudo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 413/2010, en el caso se actualiza de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa o el cumplimiento sustituto depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por demostrada la omisión genérica que se atribuyera a las autoridades responsables. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual manera resulta aplicable al caso la jurisprudencia que sustentó el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa le atribuya como acto reclamado la abstención de cumplir con la ejecución del laudo en el juicio de origen al Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán, sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que dicho ayuntamiento es parte demandada en el juicio de origen, por ende, el acto reclamado al Ayuntamiento referido no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto de igual manera, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Estos preceptos transcritos disponen que no es posible realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando este no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, el que resuelve estima que en este caso se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que en el caso el Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán -parte patronal en el juicio laboral de origen-, señalado como responsable en el presente juicio de amparo, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior, ya que la abstención reclamada a la autoridad demandada, de pagar la cantidad decretada en el laudo dictado por parte del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en el expediente número 413/2010, en materia del estudio de fondo en el juicio de amparo, se constreñiría a determinar si existe o no contumacia o negativa a cumplir este laudo o si amerita o no el pago de la sanción o multa con motivo del incumplimiento del laudo y si ésta contraviene o no los derechos fundamentales de pronto y expedita impartición de justicia consagradas en el artículo 17 Constitucional, sin que esto tenga el alcance de analizar cuestiones propias del procedimiento de ejecución en sí mismo, que es lo que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo; de ahí que en el presente caso se afirme que no existe vinculación entre los actos propios de la ejecución del laudo y el acto omisivo atribuible a los funcionarios del Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán. Esto es así porque en el procedimiento de ejecución de los laudos establecido en el Título Noveno, capítulo único de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, que es el ordenamiento legal aplicable, el Ayuntamiento demandado en el juicio natural mantiene una relación de coordinación con los ahí actores, esto es, un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues en ese caso el Estado se encuentra en su calidad de patrón, con los hoy quejosos -parte actora-; no de supra subordinación, ya que tal como si fuese un ente privado, en contra de ese Municipio puede y debe substanciarse hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor de los impetrantes -en su carácter de trabajadores-, lo que evidencia que en tal procedimiento, los funcionarios del Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán, no actúan con el carácter de autoridad, sino que por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó diverso laudo que debe cumplir obligatoriamente, a través de la vía ordinaria y forzosa instituida en la ley aplicable para este fin. En el referido Título Noveno, capítulo único titulado "DE LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS", pertenece a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, los artículos 161 y 162 establecen: "TÍTULO NOVENO DE LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 161. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. ARTÍCULO 162. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se emplearán los medios de apremio establecidos en esta propia ley." En dichos preceptos legales se establece la función trascendental y las herramientas vinculatorias, así como una amplia gama de instrumentos legales que el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, tiene para hacer cumplir el laudo, pues para tal propósito: El Tribunal está constreñido a dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita. En caso de incumplimiento del laudo, el Tribunal dictará el auto de ejecución y comisionará al actuario para que asociado del actor requiera de pago, así como ordenará los medios de apremio que procedan para su ejecución. Las diligencias de requerimiento de pago, con la prevención o aplicación de medios de apremio señalados, se harán por conducto del Actuario en el domicilio de la demandada. De lo expuesto, se advierte que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en favor de la parte quejosa, quienes tienen el carácter de trabajadores en el juicio laboral de origen. Así, en ese procedimiento de ejecución destaca que el referido Tribunal está en aptitud de requerir el pago del adeudo, a los integrantes demandados del Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán, en su calidad de patrón obligado, en términos de lo previsto en el artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, así como de hacer cumplir también lo decidido en el laudo a través de los medios de apremio establecidos en la propia Ley. Esto es así, ya que como ha quedado precisado, de acuerdo con lo dispuesto en los ya citados artículos 161 y 162, el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios está legalmente facultado para aplicar los medios de apremio necesarios para el cumplimiento del laudo dictado. Apoya a lo antes considerado la tesis número J/11XVII. 2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Alonso Hoyos Figueroa y Saralina Ramírez Ramírez, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, y otra autoridad, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo para lo acotado, la tesis de jurisprudencia 79/2014 (10a.), aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Registro: 2007066, página: 699, que dice lo siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Por consecuencia de lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Alonso Hoyos Figueroa y Saralina Ramírez Ramírez, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, y otra autoridad. Lo antes sustentado no contraviene el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, consagrados en artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sin embargo, el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, si bien deben ser aplicados por todos los juzgadores en el ámbito de su competencia, no implica que se deba ejercer aún en contra de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas, en este caso del juicio de amparo; en consecuencia, se reitera que el principio pro homine y el control de convencionalidad no generan una desatención de la jurisprudencia de observancia obligatoria. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 530, del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de cuenta y como autorizados en términos amplios a los señalados en la demanda de amparo, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio de origen. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO: Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por la Jefa de la Unidad Jurídica Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, con el que cumple con los requerimientos que este Juzgado Federal le formuló en proveídos de veintiséis de abril y cuatro de junio del año en curso, informando que en su base de datos no se encontró domicilio en el que pueda ser emplazado Juan Carlos Cámara Díaz, como albacea de la sucesión de Elsy Aisa Cámara Ríos, parte tercera interesada al presente asunto, el cual se ordena agregar a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda. Por otra parte, se advierte que obran en autos las constancias actuariales de veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en las que el fedatario de este Juzgado expone los motivos por los cuales no le fue posible emplazar al presente juicio de amparo al tercero interesado Juan Carlos Cámara Díaz, como albacea de la sucesión de Elsy Aisa Cámara Ríos. Ahora bien, toda vez que de los presentes autos se advierte que hasta la presente fecha no se ha emplazado a este juicio de amparo al tercero interesado Juan Carlos Cámara Díaz, como albacea de la sucesión de Elsy Aisa Cámara Ríos, a pesar de haberse realizado las indagaciones pertinentes con las autoridades competentes y no obstante que este Órgano Jurisdiccional ha dictado las medidas tendientes para localizar el domicilio de la nombrada sucesión, y que se ordenó al actuario de esta adscripción constituirse a los diversos domicilios que se proporcionaron en este asunto, con resultados negativos; en tal virtud, de conformidad en el artículo 27, fracción III, inciso b) párrafo segundo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado a la Ley de la materia, se ordena notificar y emplazar a juicio al tercero interesado Juan Carlos Cámara Díaz, como albacea de la sucesión de Elsy Aisa Cámara Ríos, por medio de edictos a costa de la parte quejosa. En consecuencia, procédase a realizar una síntesis de la determinación que ha de notificarse, a fin de que sea publicada por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación; por lo que se deberá fijar en la puerta de este juzgado federal una copia íntegra de la referida síntesis por todo el tiempo del emplazamiento. Para tal efecto expídanse los edictos correspondientes, los cuales se dejan a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este órgano judicial; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este Juzgado Federal a recoger los edictos y acredite haberlos entregado para su publicación, con el apercibimiento que de no realizar lo anterior dentro del plazo señalado, se sobreseerá el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo.

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