Carlos Alfonso Bazzoni Mora
Expediente 2024/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2024/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/09/2023
Partes del expediente
- Carlos Alfonso Bazzoni Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en los autos del juicio de amparo 2024/2023-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que radicó bajo el número 149/2023 de su estadística. Lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el escrito que antecede, téngase interponiendo recurso de revisión a la autoridad responsable Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en contra de la sentencia definitiva dictada por este órgano jurisdiccional el diecisiete de agosto del año en curso; por lo que formula agravios; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81 fracción I, inciso e), 86, 88 y 91 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito; por tanto, distribúyase entre las partes copia del presente escrito y en su momento, fórmese cuaderno de antecedentes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 y 89 de la ley de la materia, una vez que el presente expediente 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.21.dc JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ esté debidamente integrado, es decir, en cuanto obre en autos constancia de notificación a las partes de este proveído, remítase el original del escrito de agravios de cuenta, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, en turno, para la substanciación del recurso de mérito. En el entendido que, una vez que el Tribunal de Alzada al que corresponda conocer del citado recurso, acuse recibo del oficio donde se le remitan los agravios, se autorizará el acceso al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y la vinculación del presente juicio al diverso que se forme por virtud de la radicación del recurso de mérito del registro del Tribunal Colegiado respectivo, por conducto del Analista Jurídico SISE. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las diversas autoridades responsables; así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Julio César Sarmiento Hernández, Secretario que autoriza y da fe. GLR Número de oficio (s): 39440, 39441, 39442 y 3944
- Principal
En diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la promoción registrada en la oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 21411. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa Norma Soriano Partida, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento con que se conminó a las autoridades responsables por el incumplimiento a la suspensión definitiva otorgada; asimismo, se les requiera de nueva cuenta para lograr el cabal cumplimiento de la medida suspensional decretada en autos. En ese sentido, tomando en cuenta que la ejecución de las resoluciones constituye un derecho fundamental que tienen las personas en todo proceso jurisdiccional, por esa razón, atendiendo a la dimensión objetiva y subjetiva de los derechos humanos, se deben implementar las acciones correspondientes, idóneas y necesarias para poder garantizar el cumplimiento de las determinaciones. En consecuencia, previo a hacer efectivo el apercibimiento conminado, con fundamento en el artículo 209 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término tres días a partir que sean debidamente notificadas del presente proveído, en acatamiento a los efectos de la suspensión concedida, procedan a dar total cumplimiento, lo cual deberán de realizar de manera oportuna; debiendo informar lo conducente a este juzgado en ese mismo término, anexando las constancias que así lo acrediten. 28/03/26 11:49:45 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.30.39.35.39.39.35 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA En la inteligencia de que la violación a la misma entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme al numeral 262 de la propia ley, por lo que de consumarse éste, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Apoya lo anterior la tesis 1a. CDXI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 731, con registro digital2007991, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SON EL ELEMENTO IDÓNEO PARA LEGITIMAR LA LABOR DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. La propia Ley de Amparo señala, en su artículo 73, que las sentencias que se emitan solamente se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que hubieren solicitado el amparo, es decir, las sentencias se encuentran dirigidas directa e inmediatamente a las partes que intervinieron en el juicio respectivo. Sin embargo, debido a la dinámica en la cual se encuentra inmerso el Poder Judicial de la Federación y la naturaleza del juicio de amparo, lo cierto es que las sentencias de amparo tienen efectos en la vida cotidiana de la sociedad en general. La relación entre los tribunales de amparo y la sociedad, surgida por el impacto que en la misma tienen las sentencias que se emiten, es precisamente la que dota de legitimidad a los impartidores de justicia. Tal legitimidad no se construye a partir de que solamente cuando las partes se encuentren presentes, como en una sesión pública, los juzgadores expongan sus ideas, debatan y discutan los asuntos, pues en última instancia, la decisión del expediente, es decir, la postura oficial del órgano de amparo deberá constar en una sentencia. En consecuencia, a consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias de amparo, como actos procesales que consignan la decisión de un órgano jurisdiccional, consisten en el mecanismo idóneo para generar la legitimidad social antes referida, así como propiciar una impartición de justicia abierta y transparente. Sin restar importancia a las sesiones públicas que son celebradas, lo cierto es que si las sentencias no se encuentran fundamentadas y motivadas de manera adecuada, y en las mismas no se expresan los argumentos necesarios para sostener una decisión, no importará el número y extensión de los argumentos que se hayan expuesto en la sesión correspondiente, pues dicho acto será violatorio de derechos fundamentales. Es cierto que la sociedad en general requiere involucrarse en mayor medida en las labores que lleva a cabo el Poder Judicial de la Federación, pero de igual manera, los tribunales de amparo requieren generar las condiciones para que tal relación se lleve a cabo en un contexto de apertura y transparencia. Dichas 28/03/26 11:49:45 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.30.39.35.39.39.35 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Incidente de suspensión 776/2023-V ??????????????? condiciones no parten solamente de exponer argumentos y debatir en público, sino que su intención se encuentra dirigida a que a partir de las sentencias, como elemento procesal indispensable en la impartición de justicia, se genere la legitimidad antes indicada. Es un hecho que las decisiones que toman los órganos del Poder Judicial de la Federación afectan la vida diaria de las personas en general, y no solamente de las partes que acuden en cada uno de los casos. Mediante la resolución de los juicios de amparo, los tribunales interpretan la Constitución, de tal modo que sea un documento que cobre plena vigencia y operatividad en nuestros días. Así, día con día, los tribunales de amparo interpretan la Constitución y dotan de contenido a los derechos fundamentales de las personas; las sentencias se adoptan para un caso en particular pero los argumentos pueden ser aplicados a futuros asuntos. Por tanto, resulta claro que la dinámica social cotidiana se ve afectada por las decisiones que se adoptan en tales juicios. En gran medida, el sistema jurídico nacional se va moldeando a partir de los criterios que emiten los tribunales de amparo, propiciando así que dicho sistema no sea una realidad ajena a la sociedad, sino -tal y como lo es- una parte esencial de la vida diaria de las personas. Dicha encomienda, debido a su enorme trascendencia, requiere ser ejercida con la mayor responsabilidad. No sólo durante el proceso respectivo se deberán seguir las formalidades correspondientes, sino que en última instancia, la sentencia deberá atender a las exigencias de justicia antes indicadas. Ello no significa que las sentencias de amparo deban ser compartidas por todas las personas que comparecen a juicio, pues éste responde casi siempre a una relación de intereses jurídicos antagónicos. Sin embargo, una debida argumentación tiene un impacto directo en el nivel de aceptación que las partes tienen en relación con la sentencia, no obstante ésta haya sido contraria a la pretensión de alguna de ellas. En suma, la sentencia de amparo cumple un rol central en las labores que realizan los órganos del Poder Judicial de la Federación: las razones que en ella se plasmen tienen una relación directa con la legitimidad de los impartidores de justicia, y con los estándares de apertura y transparencia que son exigibles para las autoridades del Estado mexicano. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En veinte de julio de dos mil veintitrés, el secretario CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniere respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizadas en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente SISE; que obran documentos exhibidos en copia certificada en el presente juicio y que no se aperturó incidente de suspensión; igual forma, para fines del informe de visita, se asientan los datos siguientes:......................................... En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veinte de julio de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violentados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Recaudador de Rentas y Director Jurídico Contencioso, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, se cumple con dicha sentencia protectora, resulta necesario precisar los efectos para los que se concedió el amparo a la parte quejosa y cotejarlos con las gestiones realizadas por las autoridades responsables para dar cumplimiento a la sentencia protectora. Así, se tiene que, mediante sentencia de catorce de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, por una parte determinó sobreseer y por otra, conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa José Luis Jiménez Ledezma para los siguientes efectos: 7.1. Efectos respecto al artículo 20, fracción II, de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit. 1. El artículo 20, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que prevé el costo por inscripción de documento público, sea desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. 2. El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa el remanente del pago por la cantidad de $8,178.70 (ocho mil ciento setenta y ocho pesos 70/100 moneda nacional), sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional) (fracción II) por el pago del concepto de inscripción de documento público con sustento el artículo 20, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, que ampara el recibo de pago que exhibió, lo que hará en los términos siguientes:................. 8.2 Efectos respecto de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, para el ejercicio dos mil veintidós. 1. Los artículos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. 2. De igual manera, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida y, por ende, devuelva las cantidades que enteró por dichos conceptos, al tenor del recibo que acompañó, conforme a lo siguiente:.............................. 7.3 Devolución con su debida actualización. 1. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas. Lo anterior, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al Fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darle su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)". Inconforme con dicha resolución la autoridad responsable Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit interpuso recurso de revisión por lo que, mediante auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, se le tuvo por interpuesto dicho recurso. Luego, mediante auto de treinta y uno de mayo dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, informó que en autos del amparo en revisión 1466/2022, confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, desecho el recurso interpuesto; por lo que causó ejecutoria la sentencia de amparo. Por tanto, al haber adquirido firmeza la sentencia de amparo, se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, para que, en el término de tres días, informara sobre su cumplimiento. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Recaudador de rentas y el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, se cumple con dicha sentencia, se cuenta en autos con las siguientes constancias: Por medio del oficio registrado con el folio 17920, el Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, haciendo del conocimiento que el tres de julio de dos mil veintitrés, realizó la transferencia bancaria a nombre de la parte quejosa José Luis Jiménez Ledezma y para demostrarlo, remitió copia de la referida transferencia bancaria que obra en autos del expediente en que se actúa, del que se advierte que realizó lo siguiente: Adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de los quejosos José Luis Jiménez Ledezma y de la que se advierte que le devolvió la cantidad de $12,804.98 (doce mil ochocientos cuatro pesos 9/100 moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días a partir de su debida notificación, manifestara lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento del fallo protector y se le apercibió que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, este juzgado se pronunciaría en relación con el cumplimiento al fallo protector; en ese sentido la parte quejosa, fue omisa en pronunciarse al respecto. Por tanto, se procede a corroborar si la cantidad devuelta al justiciable, se encuentra debidamente actualizada, en ese sentido, se destaca que el monto de la cantidad erogada por la parte quejosa, por Inscripción de documento público, más los impuestos, previstos en los artículos 11, 12 y 13, de la citada ley, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, que debía ser devuelta con su correspondiente actualización es:....................... Lo anterior, arroja la cantidad $12,376.97 (doce mil trescientos setenta y seis pesos 9/100 moneda nacional) como numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit.1 Al respecto, y dado lo establecido por dicho ordinal, para calcular la actualización del pago efectuado por la parte quejosa a la que se concedió el amparo, debe atenderse a los meses inmediatos anteriores al del pago realizado por el quejoso (septiembre de dos mil veintidós), y el de la devolución de dicho pago con su actualización realizado por la autoridad responsable (julio de dos mil veintitrés); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. En ese sentido, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil veintitrés, entre el índice para el mes de agosto de dos mil veintidós (al ser los meses inmediatos anteriores a los de la devolución del pago con su actualización realizado por la autoridad ...... En consecuencia, al multiplicar dicho factor de actualización por la cantidad a devolver ordenada en la sentencia $12,376.97 (doce mil ochocientos diecisiete pesos 9/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, debió ser, $12,817.95 (doce mil ochocientos diecisiete pesos 9/100 moneda nacional). Así, de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsables, desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales. No pasa inadvertido que la autoridad responsable recaudadora, debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $12,817.95 (doce mil ochocientos diecisiete pesos 9/100 moneda nacional); sin embargo, reintegró la cantidad de $12,804.98 (doce mil ochocientos cuatro pesos 9/100 moneda nacional), es decir, se omitió el pago de $12.97 (doce pesos 9/100 moneda nacional). No obstante, la parte quejosa no se inconformó con el cumplimiento dado por la responsable al momento de otorgársele la vista relativa al artículo 196 de la Ley de Amparo; además, de que se considera que dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectúe la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por otra parte, dado que la sentencia de amparo fue debidamente cumplida, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de expedientes conservables, artículo 17, fracción III, inciso a), se establece que este expediente ES CONSERVABLE, toda vez que se concedió el amparo. En consecuencia, una vez transcurridos tres años, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Finalmente, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa, al momento de presentar su demanda de amparo, exhibió diversas copias certificadas; en consecuencia, se le requiere para que acuda dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, para la devolución de los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, dichos documentos tendrán el mismo destino que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y al Ministerio Público Federal. Así lo proveyó y firma Roberto Díaz Villarreal, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/3322/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe. XHAA
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