Carlos Alfonso Barajas Ramírez
Expediente 462/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/05/2017
Partes del expediente
- Carlos Alfonso Barajas Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, en la que se señala que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles, sin que el promovente haya recurrido el proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo generadora del asunto en que se actúa; se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes; se establece que el presente asunto, carece de relevancia documental.
- Principal
Se declara que la sentencia en que se sobreseyó el presente juicio ha causado ejecutoria; se establece que el presente asunto carece de relevancia documental; archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
visto el contenido de la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha los Magistrados de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Mexicali, Baja California, no han desahogado el requerimiento formulado mediante proveído de veintisiete de febrero del año en curso, a efecto que remitan copia certificada de las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo que nos ocupa, ni se tiene noticia que a la fecha hayan recibido el oficio 13582, mediante el cual se les requirió para tal efecto. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Mexicali, Baja California, mediante oficio telegráfico, para que informen a este órgano de control constitucional, el cumplimiento que se sirvan dar a la ejecutoria de amparo de que se trata.
- Principal
En cumplimiento a lo que se ordenó en autos del juicio de amparo al rubro indicado, se notifica personalmente a la promovente Mónica Concepción Ortiz Aguilar, el proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. ---Vista la demanda de amparo presentada por Mónica Concepción Ortiz Aguilar, quien promueve a favor de Carlos Alfonso Barajas Ramírez, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 462/2017. Como preámbulo, previo acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que nos ocupa, se impone precisar lo que se prevé en los artículos 114, fracción III y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. Así pues, de la interpretación armónica de los citados ordinales, se colige que es obligación de este Juzgado examinar ante todo el escrito de demanda y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, se mandará prevenir a la promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Luego, tras haber efectuado una minuciosa lectura del escrito generador de la presente instancia constitucional, se desprende que la parte quejosa incumplió con uno de los extremos contemplados en los numerales antes transcritos, por consiguiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, en relación con el diverso 108, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, de cumplimiento a las siguientes prevenciones: Único.- Acredite el carácter de apoderado legal, representante o defensor para actuar a nombre del directamente agraviado Carlos Alfonso Barajas Ramírez, toda vez que no adjuntó documento alguno que revele ninguna de las calidades previstas en los artículos 11, 12, 14 y 15 de la Ley de la Materia, ni manifestó bajo protesta de decir verdad tener la tercera calidad. Esto es, no acredita que tenga reconocida personalidad ante la autoridad responsable para actuar a nombre del quejoso (artículo 11), no refiere bajo protesta de decir verdad, ser defensor particular de éste dentro de un juicio del orden penal (artículo 14), o bien, que se estén ejecutando en contra de éste, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional (artículo 15); hipótesis previstas por la Ley de Amparo, para interponer el juicio de amparo a favor del directamente agraviado. En el entendido de que el artículo 12 de la Ley de Amparo, refiere que, en lo que aquí interesa, el quejoso podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quienes tendrán la de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, más no para promover el amparo en su nombre, dado que se trata del ejercicio de la acción, lo cual solo le corresponde a quien le agravia la norma reclamada. En virtud de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho proceda, dado que la personalidad es un presupuesto procesal indispensable para accionar el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, en relación con el citado precepto 108, fracción I, de la ley de la materia. Lo anterior, a fin de fijar integrar de manera efectiva la litis constitucional, brindando certeza jurídica a las actuaciones y a las partes en el juicio. Sin embargo, no ha lugar a decretar la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, dado que del análisis integral de la demanda de amparo, armonizando los elementos que la conforman, con la finalidad de obtener la verdadera intención del promovente, se desprende que se reclama en perjuicio de Carlos Alfonso Barajas Ramírez, en lo medular, el traslado a una celda diferente a la habitual, con lo que se le negaría el derecho a visitas, llamadas telefónicas, así como actividades recreativas y deportivas, y se teme que pueda ser segregado del resto de la población penitenciaria.De ahí que se desprende la manifestación de que la autoridad responsable pretende privarlo de los derechos que le corresponden si lo trasladan a una celda diferente a la habitual; por tanto, es inconcuso que en el caso que se atiende no encuadra en alguna de las hipótesis a que se refieren los numerales citados, pues refiere acto que están sujetos a una posibilidad de suceder, de realización incierta, más no que se estén ejecutando en este momento o que sea inminente que se efectuarán. No obstante lo anterior, tomando en consideración lo expuesto en la referida demanda de amparo, en observancia al derecho fundamental consagrado en el artículo 4, de la Carta Magna, requiérase al Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, con sede en esta ciudad, para que comisione un médico adscrito a dicho reclusorio, a fin de que realice una inspección médica y valoración al quejoso de referencia, determine el estado de salud del mismo y proporcione la atención correspondiente, ordenando en caso de ser necesario, la realización de los estudios médicos y de laboratorio que se necesiten, para el padecimiento que presente; asimismo, deberá proporcionarle el tratamiento y medicamento necesario que le sea prescrito y resulte suficiente para tal efecto, conforme a las instrucciones del experto médico. Lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional, dentro del término de veinticuatro horas, y remitir las constancias conducentes; con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin justa causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos numerales 238 y 259, de la ley de la materia, se le impondrá, multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; medida que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Ahora, advirtiéndose que la referida promovente no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en consecuencia, túrnense los autos al Fedatario Judicial de este órgano de control constitucional, para que proceda a notificar a dicha parte procesal, el presente proveído y subsecuentes que sean de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, de la Ley de Amparo; lo anterior hasta en tanto proporcione domicilio para tal efecto.---
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